Bolivia y el agua, una relación complica Eva Arze Lehmann

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Los habitantes de La Paz hacen una cola con recipientes a la espera de un tanque que suministre agua. Aizar Raldes/AFP/Getty Images

Hay quienes dicen que el agua es el petróleo del siglo XXI y que en el futuro las guerras serán por el este líquido. Para países como Bolivia este no es un escenario futuro, sino la triste realidad.

El país atraviesa la peor sequía en 25 años, llegando incluso a ser emergencia nacional. Miles de campesinos han perdido cosechas enteras y han tenido que migrar o están endeudados. Miles de animales han muerto. Bolivia, cuna de la papa (patata), ahora la tiene que importar de fuera. Lo mismo con el maíz y otros alimentos. Según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en Santa Cruz, las pérdidas agrarias en 2016 llegan a alrededor 500 millones de euros.
La escasez de lluvia y agua potable afectan en mayor o menor grado a dos tercios de Bolivia, si no al país entero, reporta la prensa nacional. No sólo en el campo, sino también en las ciudades. Regiones como Cochabamba y el Chaco sufren de falta de agua de manera endémica. Alrededor de 100 barrios de La Paz, sede del Gobierno, viven hace meses sin agua o con estricto racionamiento. Y aunque es cierto que la crisis se debe en gran medida al cambio climático (efectos del Niño/a), también es cierto que esto se venía venir desde hace tiempo y que no se hizo nada al respecto. El Ejecutivo ignoró una plétora de estudios que advierten desde hace años sobre el rápido derretimiento de los glaciares del altiplano, el crecimiento demográfico de las ciudades y el efecto que tiene la deforestación en el país sobre los ciclos de lluvia.

Mujeres bolivianas lavan la ropa durante la emergencia de sequía declarada por el Gobierno.

Ni la desaparición del lago Poopó 2015, el segundo más grande de Bolivia con una extensión de 2.337 kilómetros cuadrados, desató un estado de alarma a tiempo en las autoridades. Más de 300 familias fueron desplazadas con destino incierto.
Una de las muchas ironías de esta historia es que en 2010 la delegación boliviana ante Naciones Unidas sugirió convertir el acceso al agua y saneamiento en un derecho humano. La resolución fue aceptada por la gran mayoría de la Asamblea general e “insta a todos los países y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y tecnología para lograr un acceso universal poco costoso al agua potable y el saneamiento”. Hace siete años de esa resolución. Según datos del Estado, el 82% de la población boliviana goza de acceso a agua potable. Pero si uno viaja a sólo dos horas de La Paz al campo, se encontrará con comunidades que aún tienen que caminar kilómetros hasta alguna vertiente.
La constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia dedica un capítulo entero al agua, en el que dice, entre otras cosas, que “es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes”. Datos de la OMS (Organización Mundial para la Salud) muestran que sólo el 50% tiene agua limpia en Bolivia. De hecho hay distritos incluso en la ciudad de El Alto, urbe directamente adyacente a La Paz y de casi 900.000 habitantes, que no tienen agua potable. Aquí los vecinos están, por ejemplo, excavando pozos en busca de agua en sus patios o cerca de sus casas.
Bolivia tiene una larga historia de problemas con el agua. Es famosa y ya casi legendaria la guerra del agua de 2000 en Cochabamba. Convertida en ícono del movimiento antiglobalización y plasmada en la película También la lluvia de Icíar Bollaín, ese conflicto marcó un antes y un después en este país. Se trataba de la privatización del agua y de un incremento del precio. Pero también se trataba de algo mucho más fundamental: de la idea de que un recurso natural tan vital como el agua no puede tener precio, no puede pertenecerle a alguien. Los cochabambinos no hicieron esperar sus reclamos. Hubo casi 200 heridos, un muerto y finalmente se nacionalizó la empresa del agua.
También en La Paz se nacionalizó el suministro del agua en 2005. De hecho el plan para 2025 del gobierno de Evo Morales prevé que en el futuro “todos los recursos naturales” sean “nacionalizados” y estén “administrados por el Estado Plurinacional”. Lamentablemente, las nacionalizaciones en Bolivia en este sector han resultado ser desastrosas.
Por ejemplo, la compañía a cargo del suministro de agua en La Paz, EPSAS. Una vez nacionalizada, no hizo las inversiones pertinentes. Se puso a cargo a sindicalistas en vez de expertos y se les dio jugosos salarios. Además, ahora se sabe que casi el 50% del suministro de agua en La Paz se pierde por cañerías defectuosas, que no fueron renovadas en décadas. Además de la mala gestión de la empresa y la falta de inversiones y mantenimiento, no hubo tampoco búsqueda de nuevas fuentes de agua, ni planificación. Mientras las ciudades bolivianas crecen rápidamente, los suministros de agua no se adaptan al nuevo número de población. Faltó también educación ciudadana y concientización del valor del preciado líquido.

Habitantes de El Alto protestan camino a La Paz por la falta de agua. Aizar Raldes/AFP/Getty Images

El gobierno de Evo Morales es conocido dentro y fuera del país por su discurso de la Pachamana, la madre tierra, y el “Vivir bien”. El cuidado de la naturaleza y el respeto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas son su prerrogativa, dicen. La realidad es otra. Este Gobierno es abiertamente extractivo. Los glaciares de los Andes, importantísimos para el suministro de agua, están en retroceso o incluso ya desaparecidos (como el del Chacaltaya, antes la pista de esquí más alta del mundo) por la contaminación de las ciudades y la minería ilegal.  El consumo y la contaminación del agua por la minería están fuera de control. A nivel nacional no ayuda tampoco la terrible deforestación que sufre el país por los sembradíos de coca y de soja. El ministerio de Desarrollo rural y tierras calcula que un 51% del territorio está afectado por la desertificación a causa de quemas para sembradíos, urbanización y el cambio climático.
La actual situación saca a la luz la falta de ideas, solución y visión a futuro, como también la total desconexión con la sociedad boliviana, que está cansada de esta situación. Evo Morales y su Gobierno son como el cuento de El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Rodeados de peones, escuchan sólo lo que quieren oír y no lo que deberían. Por mucho tiempo el Ejecutivo boliviano ignoró la idea del cambio climático, pero ahora le sirve como chivo expiatorio para salir de apuros y no tener que admitir que en 11 años de gobierno no se tomó las previsiones necesarias y que las nacionalizaciones fracasaron.
Siendo el agua tan esencial para la vida y con el historial de guerras del agua en el país, fue una sorpresa que aunque la ciudadanía en La Paz estaba furiosa y frustrada, se adaptó de manera increíblemente rápida a la nueva situación. Durante meses vivieron cargando baldes, comprando tanques de agua, aprendiendo a ducharse con tres litros de agua desde una botella de plástico y todo tipo de otros malabarismos creativos aprendidos en las redes sociales. Sí hubo protestas pacíficas, pero en ningún momento se llegó a organizar un grupo de lobby realmente fuerte que se dedique al tema de manera constante y permanente. Así, quedó enterrado el asunto y una vez más el Gobierno se libró de lo que podría haber sido su ruina definitiva después de un 2016 lleno de escándalos de corrupción de todo tipo.