En  vísperas del 1-O: Orden del gobierno central a los bancos a denunciar cualquier operación vinculada al referéndum Imrani Idrissi hamid

0

 

La instrucción de la Fiscalía  para interrogar a los más de 700 alcaldes catalanes dispuestos a colaborar con el 1-O –y la amenaza de detenerlos si no compareciesen voluntariamente-.

Imrani Idrissi Hamid
“Ya no podemos confiar en el ejecutivo catalán” declara el Ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro. Con el objetivo de dejar a la Generalitat Catalana sin autonomía financiera, se exige a su presidente la firma de un acuerdo de no disponibilidad en 48 horas, que supone la prohibición de nuevos gastos excepto aquellos destinados a servicios públicos básicos y remuneración de los funcionarios.  (Podría ser el inicio de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, con la posible suspensión de la asignación en los Presupuestos Generales del Estado a la comunidad rebelde y la asunción de la hacienda de la comunidad) 
Orden del gobierno central a los bancos a denunciar cualquier operación vinculada al referéndum. 
La magistrada  del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercedes Armas, ha resuelto este martes las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía en su querella contra el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los consellers por el referéndum.
El alto tribunal catalán rechaza imponer una fianza a Puigdemont y a los consellers para impedir el 1-O, tal y como reclamaba la Fiscalía. La jueza solo acuerda dos de las seis medidas cautelares reclamadas por el fiscal: cerrar dos webs del 1-O y ordenar la lista de medios para advertirles que retiren la publicidad del 1-O.
La jueza  ha ordenado este jueves a la Guardia Civil que le sea entregado el listado de medios de comunicación que han insertado publicidad de la Generalitat del 1-O. Se trata en su mayoría de medios digitales catalanes y solo un diario en papel, El Punt Avui.
La dirección de Correos, siguiendo instrucciones, ha emitido una circular dirigida a los directores de sus oficinas en Cataluña en la que recuerda que el referéndum del 1 de octubre está suspendido por el Tribunal Constitucional  y en consecuencia, pide a sus empleados “abstenerse de realizar la admisión de envíos, o llevar a cabo cualquier acto que pudiera estar relacionado con dicha consulta”. 
La fiscalía general ha advertido a los ciudadanos de Cataluña que pueden delinquir si forman las mesas del referéndum.
La guardia civil notifica publicaciones privadas cuyo contenido es la prohibición de insertar anuncios de la consulta del 1 de octubre.
Ayer viernes, el Presidente del gobierno Mariano Rajoy  en un encuentro con los dirigentes de su partido en Cataluña lanzó una amenaza insinuando que las medidas se pueden endurecer aún más: “Nos van a obligar a dónde no queremos llegar”.  Todo indica que los pasos siguientes serán lo declarado en una entrevista del ex vicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra en el mes de febrero de este año, en un artículo publicado en la revista “Tiempo” « no es fácil entender que Gobierno y partidos constitucionalistas no exploren » la posibilidad, tras lo que cita textualmente el artículo 155 de la Constitución Española: si « una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuase de forma que atente gravemente al interés general de España (…), el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas ».
Ante tan “explosivo artículo” de la Constitución, y la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas, el ex abogado del Estado y experto constitucional, García Torres escribía en su manual de 1984: “El artículo 155 no sirve como fundamento constitucional válido para el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir una insurrección o un movimiento violento secesionista o unas vías de hecho inconstitucionales acaudilladas por los órganos de la Comunidad Autónoma”, pero sí recordando que uno de los supuestos para declarar el estado de sitio está contemplado en el art. 116.4 de la Constitución. Esta declaración solo la puede proponer el Gobierno y requiere, en todo caso, la autorización del Congreso de los Diputados.
Hemos enunciado sólo una parte del bloque de medidas judiciales que ha tomado el gobierno de Rajoy para frenar la consulta“¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”. El Gobierno español no tolera ni la posibilidad de que libremente el pueblo catalán pueda acercarse a expresar su opinión con un SI o un NO, pues la respuesta sería vinculante, en caso de que ganase el SI se iniciarían los trámites de separación de Cataluña.
Opiniones cercanas a los independentistas, reiteran que el gobierno central está resolviendo cualquier conflicto con el “arma de la legalidad”, con el Tribunal Constitucional de su lado, donde su mismo presidente hasta el 14 de marzo pasado, Francisco de Asís Pérez de los Cobos, no ha podido negar que pagaba sus cuotas de militante al Partido Popular, al menos durante parte del 2010 y durante el 2011, lo que obviaría la prohibición a cualquier  afiliación política  exigible por la misma Constitución Española (art. 127), y que pone en claro manifiesto una parcialidad y una causa de incompatibilidad clarísimas. El Presidente del TC desde junio es Juan José González Rivas: “un ultraconservador cuyos valores y creencias, casualmente, están recogidos en los Programas Electorales del PP” (elplural.com, 16/9/17)
Mariano Rajoy no está dando la cara con ningún proyecto político o planteamiento dialogante que pudiera favorecer el entendimiento de posturas y los independentistas catalanes, con Puigdemont a la cabeza con su intención de realizar el referéndum del 1 de Octubre,  han dicho NO a esta embestida preparada para que sea impensable la independencia de Cataluña, por lo que  para ellos el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial independiente al que obedecer, sino un apéndice del gobierno a quien obviar.
Y todos sabemos que la suma de dos monólogos nunca da un diálogo. El himno de España después de casi 40 años tras la transición sigue sin tener letra, porque ¿en qué idioma se escribe? ¿en castellano, euskera, catalán, gallego? ¿Es capaz de unir las “nacionalidades” que la componen  y de las que habla su Constitución?
El planteamiento del PP en usar “la metralleta judicial” no es la solución. Rescatamos unas declaraciones del que fuera Secretario de Izquierda Unida, Julio Anguita, quien ya  en noviembre del 2015 auguraba la llegada de lo que ahora acontece.  Habla de “un choque de trenes conducidos por la corrupción, que se viene preparando desde que no se ha querido atender la plurinacionalidad del estado español”. Anguita apostaba por el político con inteligencia y valor cívico, que desde la legalidad (recuerda que el derecho a la autodeterminación está publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 4 de abril de 1977 y firmado por el Rey de España) favoreciera la consulta al pueblo catalán, pero sabiendo que de las decisiones se derivan consecuencias y que éstas tendrían que asumirse. Con ese planteamiento, Anguita, de nuevo imaginando lo que acontecería en ese caso, opinaba que la gente votaría NO a la independencia propuesta y lamenta que el propio gobierno con su forma de actuar haya favorecido “la creación de más independentistas”.
España está siendo observada por Europa y el resto del mundo. Los países democráticos no entienden la reacción del gobierno y expresan su preocupación por el camino que están tomando los sucesos, tal es la carta de un grupo de miembros electos del Parlamento danés, Folketinget, que instan al diálogo de las partes. Estados Unidos, a través de su la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, ha expresado que no interferirán en problemáticas nacionales, pero que trabajarían con el gobierno que saliera.
En cualquier caso, esta cortina de humo está evitando que en estos momentos se estén  tratando un tema candente también en España: la corrupción que está dinamitando la credibilidad política. Cuando al PP no le gusta la sentencia, cambia de juez, no de abogado.  Como ejemplo, los protagonistas de la trama Gürtel de corrupción del PP, acusada como “mafia organizada”, con 37 imputados entre cargos y empresarios relacionados con el partido. De ellos, el juez que abrió el caso, Baltasar Garzón, es el único que ha sido el único condenado por el momento. 10 años de inhabilitación. El resto, todos están en la calle. Como anécdota, Mariano Rajoy tuvo que declarar como testigo en este caso, siendo el primer Presidente Español que declara en un juicio por corrupción en la historia de España.
En estos momentos se están tomando decisiones decisivas sobre casos de corrupción muy importantes en España, y donde se están tomando resoluciones y decisiones judiciales que “de puntillas” salen en prensa: Ayer la información “La Audiencia Nacional rechaza juzgar a la cúpula del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el caso Bankia”, y que arruinó a centenares de familias españolas con la venta de acciones y preferentes. 33 han sido los imputados (o investigados como le gusta nominar al PP) destaca la imputación de Rodrigo Rato, Vicepresidente de Gobierno y Ministro de Economía y vicepresidente  del gobierno en la época de Aznar, y que posteriormente fue Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Fue detenido y puesto en libertad, tras varias horas de registro de su domicilio por la Agencia Tributaria (AEAT), por los supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años de cárcel, por un delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012, en el caso de las tarjetas black, que los directivos disponían sin tener que dar explicaciones sobre su uso. En estos momentos está en libertad. También ayer mismo la noticia “Ignacio González gana la primera batalla en el caso Lezo”, una trama donde responsables de la Comunidad Madrileña obtenían comisiones a cambio de adjudicaciones a empresas. Este es uno de los últimos casos de corrupción en los que se han visto envueltos varios dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid, entre ellos su expresidente,  Ignacio González, y donde ayer se notificaba que el juez ha anulado el auto en que se requisaban sus propiedades y las de su mujer, Lourdes Cavero..
Se realice o no el referéndum, se vote SI o NO a la Independencia Catalana, todo es futuro. Y el presente es que el “choque de trenes” es inevitable, y que en medio de la vía para recibir el impacto estará  el de siempre, el ciudadano.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here