Esglobal ¿Cuánto les cuesta a los palestinos la ocupación israelí? Julio de la Guardia

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Agricultor palestino de Aqraba, al sur de Nablus, en Cisjordania, junto a los tanques de soldados israelíes. (Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images)

Agricultor palestino de Aqraba, al sur de Nablus, en Cisjordania, junto a los tanques de soldados israelíes. (Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images)

Las cifras son ambivalentes, pero la ocupación de Israel a los Territorios palestinos, el bloqueo de la Franja de Gaza y las últimas guerras suponen un precio muy alto.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró no hace mucho que no está dispuesto a aceptar la creación de un Estado palestino, haciendo caso omiso de las resoluciones de la ONU y de las recomendaciones de la comunidad internacional para la solución del conflicto de Oriente Medio. Aunque tras ganar holgadamente las elecciones Netanyahu haya matizado esta treta electoralista, diciendo ahora que lo permitirá siempre que dicho Estado cumpla ciertas condiciones –desmilitarización, cesión temporal del Valle del Jordán, control del espacio aéreo y marítimo– no está nada clara cuál va a ser su estrategia en relación con la ocupación durante esta crucial legislatura.

Cuantificar los costes de la ocupación israelí de los Territorios palestinos no es una tarea nada fácil. En primer lugar, porque se trata de un fenómeno ambivalente. En algunos ámbitos sectoriales presenta un carácter totalmente depredador y parasitario, mientras que en otros resulta simbiótico e incluso beneficioso para los palestinos. Así, mientras que pone a disposición de la potencia ocupante todos los recursos naturales y materias primas ubicadas en los Territorios, también es cierto que el contacto con Israel ha hecho que los palestinos disfruten de unos estándares educativos y de emancipación política y tecnológica bastante superiores a los de sus vecinos jordanos, egipcios y sirios.

En segundo lugar, el cálculo de los costes de la ocupación es complejo debido a la fragmentación territorial y política a la que se encuentran sometidos los Territorios. No tiene nada que ver el régimen de autonomía administrativa con el que cuentan los palestinos de las áreas A y B (que constituyen aproximadamente el 40% de Cisjordania y concentran al 90% de su población); con el de ocupación militar y colonización de las Áreas C (que constituyen el 60% restante de Cisjordania mientras alojan apenas al 10%, en las que se siguen construyendo asentamientos ilegales, los colonos se apropian por la fuerza de los terrenos de cultivo, y el Ejército israelí instala polígonos de tiro); con el del estatus de cuasi ciudadanía del que disfrutan los palestinos de Jerusalén Oriental (con derecho a todos los servicios públicos –educación, sanidad, pensiones– y sociales que les presta el Estado de Israel); con el durísimo bloqueo comercial y las restricciones de movimientos impuestos sobre la Franja de Gaza.

Un tercer problema añadido a la hora de calcular es la falta de estadísticas actualizadas y fiables a partir de las cuales presentar una imagen holística del problema. Pues salvo los estudios de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las estadísticas de las fuentes palestinas tienden a magnificar el problema y a realzar su carácter depredador, mientras que las instituciones israelíes tienden a relativizarlo y a presentar sus aspectos más benignos.

Ministerio de Economía Nacional de la Autoridad Nacional Palestina

El único estudio específico hasta el momento, llevado a cabo por el Ministerio de Economía Nacional de la ANP a finales del año 2011 con el nombre de “Los costes económicos de la ocupación israelí”, presenta datos que son extrapolables a los tres últimos ejercicios (2012-2014), dado que ninguna de las variables estructurales ha cambiado. Y si lo ha hecho ha sido para peor durante el primer trimestre de 2015, debido a la represalia tomada por el Gobierno israelí contra la ANP después de que ésta rubricara el Estatuto de Roma y solicitara su ingreso en la Corte Penal Internacional, una vez que vio rechazada su solicitud de ingreso como miembro de pleno derecho de la ONU por el Consejo de Seguridad.

Según el informe, elaborado conjuntamente con el Instituto de Investigación Aplicada de Jerusalén (ARIJ), gran parte de los indicadores de desarrollo han entrado en una fase regresiva a consecuencia de la prórroga indefinida de la ocupación y del subsiguiente deterioro económico (concepto conocido como de-development). De acuerdo a sus estimaciones, la ocupación presenta un coste de unos 7.000 millones de dólares anuales (unos 6.000 millones de euros) para la economía palestina, lo que equivale al 85% de su PIB (que viene a superar los 8.000 millones de dólares al año). Debido, principalmente, a la desconexión territorial de ciudades y pueblos, al bloqueo comercial de la Franja de Gaza, a las dificultades para acceder a los terrenos de cultivo que han quedado tras la barrera de separación de Cisjordania, al control israelí del Valle del Jordán y del Mar Muerto, y de la apropiación de gran parte de los recursos naturales –sobre todo del agua, pero también de la tierra, el espacio aéreo, el espacio electromagnético, las fronteras terrestres y las aguas territoriales– lo que impide la existencia de una economía próspera y sostenible.

Este estudio cuantifica las pérdidas provocadas por algunas políticas concretas. Por ejemplo, la gestión israelí del río Jordán, del mar Muerto y de los principales acuíferos de Cisjordania cuesta a los palestinos unos 1.900 millones de dólares anuales en el sector de la agricultura, más 1.200 millones de dólares en el ámbito de los recursos minerales y otros 143 millones de dólares anuales en el sector turístico. Asimismo, Israel ingresa aproximadamente 900 millones de dólares anuales a través del control del sector minero en Cisjordania, además de otros 150 millones a través de la comercialización de productos del Mar Muerto (donde la empresa Ahava disfruta de una posición dominante en el mercado).

Bloqueo de la Franja de Gaza

Entre las mayores pérdidas para las finanzas palestinas se encuentra también el férreo bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza a partir de junio de 2007 –en que Hamás tomó el poder y se hizo con el monopolio institucional tras ganar previamente las elecciones legislativas en enero de 2006– que cuesta otros 1.900 millones de dólares anuales. Esta política de bloqueo impide el comercio internacional, dificulta el suministro eléctrico y limita el acceso al mar, en el que los pescadores apenas pueden penetrar seis millas marítimas para faenar.

A esto habría que sumarle los cuantiosos daños materiales sufridos durante las tres grandes operaciones militares efectuadas en 2009, 2012 y 2014, y el correspondiente incumplimiento de los compromisos adquiridos en la Conferencia de Donantes celebrada en El Cairo el pasado 12 de octubre, en la que se prometieron 5.400 millones de dólares, de los que a día de hoy los donantes apenas han desembolsado el 10%. Entre los sectores más afectados por la última guerra destacó el sanitario, que a sus déficits crónicos de infraestructuras, tecnologías de última generación, personal especializado y medicamentos, se unió el verse convertido en objetivo colateral de la operación. Según asegura la red de ONG internacionales en Jerusalén AIDA en su recién lanzada campaña para la reconstrucción y el subsiguiente levantamiento del bloqueo a la Franja de Gaza, los daños causados a hospitales, clínicas y ambulancias ascendieron a 50 millones de dólares. Mientras, el Plan Nacional de Recuperación Rápida y Reconstrucción 2014-2017 del Ministerio de Planificación de la ANP eleva su estimación de necesidades en el sector sanitario para los próximos tres años hasta los 218 millones de dólares.

Por su parte, el arriba mencionado informe del Ministerio de Economía Nacional distingue además entre los costes directos –precios más altos por los servicios básicos y el transporte derivados de las prácticas de la ocupación– y los indirectos, entre los que cuenta los beneficios de producción que se pierden debido a las restricciones. Entre ellas, la limitación de las importaciones y exportaciones se traduce en un precio más alto de los costes de producción y en la imposibilidad de adquirir algunos bienes de capital. Asimismo, cifra los daños fiscales directos en 406 millones de dólares anuales y los indirectos en 1.389, lo que supone casi un coste fiscal total de 1.800 millones de dólares anuales, sin el cual la ANP presentaría una hacienda pública saneada y un superávit fiscal de 438 millones de dólares.

El informe en cuestión advierte de que el coste económico total es, probablemente, mayor a lo cifrado, pues sólo toma en cuenta los costes que se han podido cuantificar con certeza. Entre los no cuantificados, menciona los asociados con los impedimentos al movimiento interno e internacional de personas y bienes y servicios, la pérdida de inversiones por las restricciones a la construcción, las pérdidas indirectas de la industria por la falta de importaciones y las pérdidas por las restricciones a las telecomunicaciones. Sin embargo, muchos economistas israelíes –como por ejemplo Gil Feiler, de la Universidad de Bar Ilán– niegan que el cálculo sea correcto, al haber empresas palestinas que importan y exportan desde Cisjordania pero que luego lo esconden dentro de su contabilidad.

Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

Los estudios de organizaciones internacionales como el BM y el FMI tienden a corroborar los datos expuestos por el Ministerio de Economía Nacional. En un estudio propio de finales de 2014 el BM estimaba que la ANP podría percibir al menos 2.000 millones de dólares anuales si tuviese libre acceso para cultivar en las Áreas C de Cisjordania, que todavía se encuentran bajo total control israelí. En esas zonas nada puede construirse sin los correspondientes permisos israelíes, ni siquiera pozos para recolectar el agua de lluvia, la cual termina siendo canalizada por la empresa estatal de aguas Mekorot para el beneficio de los asentamientos.

El estudio del BM subraya que si Israel aplicara en su totalidad los Acuerdos de Oslo –especialmente el Protocolo de París de 1995 que regula las relaciones económicas y financieras bilaterales– la economía palestina crecería en torno a un 35% y reduciría en un 50% su déficit fiscal, haciéndola menos dependiente de la ayuda internacional. El acceso a más tierras y a su irrigación dentro de las Áreas C podría suponer 704 millones de dólares anuales más para la economía palestina, así como la gestión de los minerales del tercio norte del Mar Muerto les aportaría un incremento de 918 millones de dólares al año.

Si las empresas palestinas pudieran tener acceso a las Áreas C, podrían doblar su tamaño y añadir 241 millones de dólares a la economía nacional, asegura el BM en documento audiovisual acuñado con el nombre de “Las Áreas C y el futuro de la economía palestina”. Además, si la ANP asumiera competencias sobre la planificación urbanística en estas zonas, el precio de la vivienda y los locales comerciales disminuiría en un 20%, lo que sumaría 239 millones más a la economía palestina. También permitiría la liberación de sectores como el turismo y las telecomunicaciones, fundamentales en el crecimiento. Asimismo, si las Áreas C fueran accesibles, la industria hotelera del Mar Muerto podría contribuir con 126 millones de dólares a la economía palestina. En total, el levantamiento de las restricciones israelíes en las Áreas C liberaría unos 2.200 millones de dólares para la economía palestina. Además, el BM cree que los beneficios generados por estos sectores estratégicos se multiplicarían a modo de efecto dominó beneficioso para el crecimiento.

Plan Kerry en stand by

En su empeño por reactivar el proceso de paz entre Israel y la ANP, el Secretario de Estado de EE UU, John Kerry, presentó ante una reunión del Foro Económico Mundial celebrada a orillas del Mar Muerto en junio de 2013 un ambicioso proyecto de inversiones valorado en 3.000 millones de euros a recaudar en el ámbito estrictamente privado, sin inversión pública. Según las previsiones expuestas por Kerry, este proyecto de inversiones podría posibilitar un incremento del 50% del PIB de Cisjordania y reduciría su tasa de desempleo del 21% al 7% en espacio de tres años.

Entre los sectores beneficiados se contarían el turismo, las grandes infraestructuras, la construcción, la agricultura y la tecnología. Aún así, Kerry no especificó quiénes serían los inversores ni cuándo tendría lugar el desembolso, trasladando dicha responsabilidad al todavía representante del Cuarteto para Oriente Medio (formado por EE UU, la UE, Rusia y la ONU) Tony Blair –que en breve pasará a desempeñar nuevas funciones– cuya oficina permanente en Jerusalén ha sido hasta ahora incapaz de llevarlo a la práctica.

Según las ideas avanzadas por Kerry para el desarrollo del turismo, Israel debería devolver el tercio norte del Mar Muerto a los palestinos –siguiendo así la Línea Verde reconocida por las resoluciones de la ONU– y crear un sistema de cogestión junto con el emergente Estado de Palestina y con Jordania similar al que mantienen Alemania, Austria y Suiza en el Lago Constanza. Igualmente, Kerry sugirió la construcción de un nuevo aeropuerto en Jericó, donde los aviones palestinos accederían desde el espacio aéreo jordano, sin penetrar en el espacio israelí, cumpliendo así con sus estrictas demandas de seguridad. Si el Plan Kerry se materializara, haría realidad ese gran sueño político que el ex presidente de Israel, Simón Peres, planteara en su hoy en día utópica obra sobre El nuevo Oriente Medio.