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Fin de Trayecto « Situacion en el Rif y en Andalucia »: Apologia a la subversion

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  • Ser dirigente no sólo te exige responsabilidades internas. Como una red de entramados a veces manifiestos, en otras ocasiones más sutiles, los países se relacionan entre sí por mil y una causas y pueden dejar de hacerlo por una sola razón.

    La cuestión vivida en España y el conflicto catalán, ha sido enfocada por muchos países desde el respeto a considerar esta cuestión como de resolución interna y se han mantenido completamente al margen. Marruecos decidió tomar esta postura y ya anteriormente a que estallase claramente el conflicto catalán, el país vecino declinó amablemente la intención de Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña,  a recibir su visita. Esto significa la clara postura de un país cuando se trata de decisiones en política de Estado.
    Sin embargo, la política de exteriores en España “hace aguas” en asuntos de diplomacia. Aquí cada cual toma la decisión que le da la gana y claro, se “mete la pata”.
    El pasado 26 de enero, cedía su sede el Parlamento Andaluz en Sevilla para celebrar el encuentro “Situación en el RIF y Andalucía” organizado por el llamado Movimiento Popular del Rif y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) con la manipulada participación del padre del acusado Nasser Zefzafi y como  participante ´estelar´ en el evento, el bloguero Ignacio Zembrero,  anti marroquí declarado tras sus motivaciones personales.
    Este 2 de febrero,  y continuando con la ausencia de una clara política de exteriores de Estado, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  Susana Díaz,  y uno de los “pesos fuertes” del socialismo andaluz,  ha decidido mantener una reunión de trabajo con uno de los responsables del Polisario, reconociéndole como “ministro de la llamada República Árabe Saharaui” Bulahi Mohamed Fadel,  firmando acuerdos.
    Andalucía, la comunidad española  número 1 en el ranking en mayor número de  desempleados de España y de Europa y  con la renta per cápita más baja solo por encima de Extremadura, se permite regalar a una organización incluso denunciada por la propia Unión Europea,  por robar las ayudas humanitarias destinadas a los saharauis encerrados en Tinduf, desde que se iniciara la colaboración con dicha Diputación “más de cuatro millones de euros para llevar a cabo multitud de proyectos.”
    Patético si recordamos que la Asociación Canaria de Víctimas de Terrorismo del Polisario (ACAVITE) sigue luchando por su reconocimiento como víctimas de terrorismo, para que los culpables del Polisario sean castigados  y  para que los muchos de sus integrantes que aún no han percibido las correspondientes indemnizaciones prometidas en el pasado reciban lo que es de justicia y más si le recordamos a Rodríguez Villalobos que ni España ni Europa reconocen a la “República Árabe Saharaui Democrática” como estado.
    El presidente de la Diputación sevillana actúa como muestra de las “cortijás andaluzas”. Cuando fue elegido en el cargo una de sus primeras actuaciones fue subirse el sueldo, y ahora conocemos que él y tres de sus asesores, ganan incluso más que “la sultana” Susana Díaz.
    Villalobos ha cerrado los ojos ante la orden de búsqueda y captura que pesa sobre el jefe de la RASD, Ibrahim Gali, por genocidio, torturas y desapariciones de saharauis  encerrados en Tinduf y denunciado por la violación de la ciudadana sevillana nacida en Tinduf, Khadijatou Mahmoud Mohamed Zoubeir. Cierra los ojos y se hace cómplice del apoyo a los que retienen en contra de su voluntad a la también sevillana (´olé con la solidaridad´) Maloma Morales y a más de 45 casos del programa “Vacaciones en paz”, Darya Embarek,  Selma Nadjiba,  Mohamed Belkacem, Koria Badbad Hafed…  son los casos de muchas mujeres (y hombres, aunque en menor medida) andaluces retenidos contra su voluntad en Tinduf (Argelia). Ni siquiera ha tenido la prolijidad ni la decencia de reunirse con los padres de Maloma. El señor Rodríguez Villalobos no se ha posicionado a favor de las víctimas sino de los carceleros.
    Aprovechándose de la ausencia de criterio de los políticos españoles, Bulahi Mahamed Fadel  hace su “tour” por distintos ayuntamientos para recaudar fondos para “su causa”. El 22 de enero  era recibido por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y el  26 de enero se reunía con las Juntas Generales de Álava.  En meses anteriores cacareaba sobre ´La situación actual del Sáhara´, en distintos foros, como en Valladolid, donde ha encontrado en su alcalde la posibilidad de concesión de un local para que se reúnan para sus actividades el colectivo “Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui.”
    La cuestionable forma de hacer política de Rodríguez Villalobos no entiende de ética e  incluso se permite “fichar” entre sus asesores a un imputado  en el macroproceso de los ERE, Sotero Manuel Martín, que sumará este cargo al que ya posee como Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Norte de Sevilla.
    No en vano Bruselas coloca a Andalucía en la cabeza de la corrupción. Un informe elaborado por la Comisión Europea cada tres años, donde se investigan una serie de variables como educación, eficacia económica o funcionamiento institucional,  posiciona a la mayor comunidad autónoma española en extensión y población, peor aún que en el informe anterior y la Junta se gana un “duro tirón de orejas”.
    Los ERE, Expediente de Regulación de Empleo, son procedimientos administrativos y laborales por los cuales una empresa en mala situación económica busca obtener autorización para suspender o despedir trabajadores, en un marco en el cual se garanticen los derechos de los mismos. En Andalucía son 265 los imputados en un macroproceso que ha adoptado ese nombre ´Caso ERE´, y se añaden otros 300 por la supuesta trama de los cursos de formación para el empleo, subvencionados con fondos públicos, entre ellos 19 ex altos cargos.  El fraude, de unos 130 millones de euros benefició a políticos, consultoras, intermediarios y abogados.
    Después de más de 35 años de gobierno exclusivamente socialista,  los terratenientes franquistas han sido relegados por los terratenientes socialistas, eso sí,  siempre que contaran con su “tajada” en el reparto. Ejemplo de ello, la casa de Alba quien recibió más de 3.000.000 de euros en subvenciones públicas,  o la acaudalada familia Botín, Mora Figueroa-Domecq, Vall, Ybarra o Yadró, apellidos de renombre que aparecen entre los grandes beneficiarios de ayudas de la Política Agrícola Común, PAC, encargada de gestionar las subvenciones otorgadas a los agricultores y ganaderos de la Unión Europea.
    Cuando en tiempos de crisis se juzgaba directamente al ciudadano de encontrarse en situación de precariedad por  “vivir por encima de sus posibilidades”,  no es causa de vergüenza para los políticos españoles vivir por encima de sus posibilidades con dinero público. En el entramado de políticos empresarios o de empresarios políticos, no se sabe qué fue primero,   la corruptela ha salpicado a todas las líneas políticas, una corrupción generalizada y en un principio velada como si hubiera un tácito acuerdo entre ellos: “si tú no hablas yo tampoco digo nada”.
    Pero estos “compadreos” no pasaron desapercibidos para la Unión Europea, quien en el 2015 congelara 468 millones de euros que iban destinados a Andalucía al detectar irregularidades.  En última instancia, el que recibe el castigo de las malas gestiones es el ciudadano.
    El primero en entrar a prisión por el caso de los ERE de Andalucía, era el  ex director general de Trabajo, Fco Javier Guerrero. Su chófer declaraba ante la jueza Alaya, primera instructora del caso, que “llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en cocaína.”
    Después de años de investigación y con retrasos en la instrucción, el caso da un salto cualitativo al imputar la jueza Alaya a la ex ministra Magdalena Álvarez, titular de Fomento con el Gobierno Socialista (2004-09) y ex consejera de Economía de la Junta de Andalucía, y a otros 20 ex altos cargos de la Junta, por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Empresarios, sindicatos, políticos, asesores, abogados… y los ex presidentes de la Junta de Andalucía son salpicados en este macro caso de corrupción. Manuel Chaves, quien estuvo en el cargo casi 20 años, y su sucesor, José Antonio Griñán.
    España está desangrándose por la corrupción, pero lo peor de todo, es la impunidad con la que se recibe. La justicia está reclamando los casi 750 millones de dinero público saqueado en los ERE de Andalucía.  ¿Se reclamarán los casi 1000 millones de euros resultado del expolio del caso Gürtel que implica directamente al Partido Popular?
    Llega un momento en que estas cifras pasan a ser secundarias, al menos para ellos, pues pueden hacerse cargo de las cuantiosas fianzas que impiden su entrada a prisión. Lo significativo es que nadie toma responsabilidad política por estos actos y se mantienen sin pudor alguno en el poder.
    Caótica parece expresarse la política de todo el país. Esta es la imagen que se ofrece al resto del mundo. Cuando el poder político se entremezcla con los poderes judiciales y los poderes económicos han perdido totalmente su credibilidad. Estamos ante una verdadera “prostitución política” donde por la mañana ofrecen una sonrisa forzada y por la tarde “se acuestan” con el enemigo pagándole con dinero de las arcas públicas.
    ¿Con qué seriedad se abordan las relaciones con Marruecos, si cada político de turno decide con quien se reúne y a qué acuerdos llega?
    Ya es  momento de que los políticos españoles se aclaren si están a favor de la soberanía del pueblo marroquí o están en contra.