Paso de Tarajal: la nefasta gestión Imrani Idrissi Hamid

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Imrani Idrissi Hamid

El caótico paso fronterizo entre Ceuta y Marruecos, ha visto este pasado lunes la muerte de otras dos porteadoras marroquíes que se suman al número de víctimas mortales, siete reconocidas desde el 2009, al ser pisoteadas en una avalancha. Debería haber sido otro punto importante tratado por el ministro de interior español Juan Ignacio Zoido con su homólogo marroquí Abdeluafi Laftit.

tarajal o el paso de la muerte
Son muchas las irregularidades en la seguridad de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. El problema es que es una situación que se viene arrastrando desde hace demasiado tiempo, y pese al anunciado intento de las autoridades por hacer menos peligroso el paso de los porteadores y evitar el caos y las aglomeraciones, lo único que queda claro es la nefasta gestión del paso del Tarajal, que continúa siendo escenario de docenas de muertos y heridos.
Agrava la situación el problema del desempleo y las  necesidades económicas, y que han provocado que la figura del porteador, normalmente realizado por mujeres, se haya ampliado a los varones de todas las edades, que ven en esta actividad “alegal” una forma de simplemente tener la posibilidad de subsistir. Cada día, se acumulan en este paso entre 25.000 y 30.000 personas a pie y entre 15.000 y 18.000 vehículos, de los cuales entre 12.000 y 14.000 son porteadores.  Y ninguno de los pasos fronterizos está preparado para tal volumen de tránsito.
Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal especial, con aranceles inferiores a los de la UE, lo que favorece el tráfico de mercancías, principalmente textil y alimentaria, que con importantes rebajas impositivas favorecen la venta a los ciudadanos marroquíes de esos productos para su posterior ingreso irregular en Marruecos para su reventa. El hecho de que estos productos sean dispuestos en pesados bultos y transportados por los porteadores en sus espaldas por el pasaje fronterizo, es para adaptarse al  “régimen de viajero”, según la legislación marroquí, que le permite transportarlo sin que la mercancía sea considerada contrabando. 
Un comercio que mueve millones de euros y de cuya actividad viven directamente 45.000 personas e indirectamente 400.000, según datos de la Cámara Americana de Comercio en Casablanca, en Marruecos, citados en la Declaración de Tetuán, en abril de 2012.
El beneficio para los porteadores, que como mucho pueden hacer el paso una vez al día, mucho dista de compensar el esfuerzo, el calor, los empujones… que son asumidos porque muchas veces son el único ingreso familiar, asumiendo las condiciones indignas en las que desarrollan su labor. Pero a ello hay que sumar algo que no debería estar en la ecuación del respeto al ser humano: el humillante trato que sufren por parte de la policía de ambos lados de la frontera, quienes muchas veces intentan controlar a la muchedumbre a golpe de empujones y de porra en mano “Sólo hay que permanecer cinco minutos allí para darse cuenta”, informó un miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También recordó la muerte en septiembre de 2013 de un joven porteador de la ciudad marroquí de Tetuán que, “harto de tanta humillación”, se quemó a lo bonzo en el paso fronterizo de El Tarajal de Ceuta.
Esta asociación, reclama ante los responsables del Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo, que se realicen  las investigaciones oportunas ante la continua vulneración de sus derechos y por las trágicas muertes acaecidas. Otras, como la Caravana “Abriendo Fronteras”,  intentan hacer visible una problemática que está siendo descaradamente obviada por las autoridades, presentado quejas en la Delegación del Gobierno español por la violencia policial que directamente han presenciado hacia las porteadoras.
Estas mujeres que cargan a sus espaldas fardos de más de 70 kilos, dobladas del peso, que inician su jornada saliendo de madrugada de sus casas para intentar llegar de los primeros, recibirán por el transporte una comisión que permitirá costear lo básico del día para atender a su familia. En esa lucha sufriendo aglomeraciones, largas colas a la intemperie,  vejaciones, desprecios y hasta siendo golpeadas, padeciendo la aglomeración y las avalanchas, el calor y sin atención sanitaria in situ, son la imagen de la esclavitud que tiene lugar en la frontera sur de Europa en pleno siglo XXI.
Las autoridades a las que compete el asunto, marroquí y española, no deben únicamente gestionar el problema con el continuo apertura y cierre de la frontera,  con el reparto de tickets, diferenciando el paso de hombres y mujeres, instalando un toldo que reduzca  la intensidad del calor del sol directo, o incluso invirtiendo en el número de policías con la intención de controlar el volumen de los fardos y la mejora en la regulación del flujo de la salida de mercancías hacia Marruecos. Hacen falta medidas sociales que actúen ante una perspectiva de derechos humanos: En primer lugar, hacer que los pasos, a nivel arquitectónico, permitan el acceso en orden y no como los que existen que favorecen la aglomeración de los porteadores. Equiparar el número de efectivos policiales  con el volumen de afluencia, evitando situaciones de caos que parecieran precisar de la vulneración de derechos humanos para su control. Sería necesario evaluar ese trato cotidiano que reciben los porteadores y no permitir vejación o maltrato alguno.  Otra línea aparte de la policial sería el contribuir con una figura social, como los mediadores, que conocieran el idioma y pudieran resolver in situ dudas o contrariedades de estos ciudadanos. Otro aspecto pendiente de análisis sería la regulación laboral del porteador, participando del propio sistema económico, se avalarían las relaciones con los empresarios de la zona y  se revertiría en una mejora de los índices de pobreza y miseria que acompañan la figura del porteador.
Todas estas medidas y aquellas que permitan arreglar esta situación deben ser tomadas con responsabilidad y urgencia. “Demasiadas pocas desgracias están ocurriendo” no es argumento para una sociedad europea desarrollada ni para unos responsables políticos competentes. 
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