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CORTE PENAL INTERNACIONAL MANEJO DOLOSO DE LA CRISIS SANITARIA  Por CRISTIAN GUZMAN ZUMARAN*

Opinión

Cristian Guzman Zumaran
Abogado
Derechos Humanos de la Infancia y la Familia
Delitos de Alta Complejidad

La imaginación humana, así como crea cosas impensables y magnificas que parecían imposibles, también es capaz de producir atrocidades que desafían al guión hollywoodense más fantástico y que conmueven hasta lo más profundo de la conciencia de la humanidad.

Esta época será recordada por los humanos del futuro como “de la Pandemia por Corina Virus”, pero en muchos lugares del  mundo, como en el norte de África, hay grupos que igualmente no han respetado protocolos sanitarios, en todo el corredor del Magreb y especialmente en Chile se recordará que antes del azote del virus, hubo una revolución social sin precedentes que caló mucho más profundo que cualquier enfermedad por su significación en el pensamiento colectivo de los chilenos de buena voluntad que dijeron basta a un modelo social impuesto por la fuerza y acordado entre las elites políticas, empresariales y la oligarquía que excluye ex profeso cualquier beneficio y participación de los grupos sociales por debajo de la línea del poder en la toma de decisiones nacionales. En palabras simples, el pueblo de chile no es dueño de su destino y está a mereced de las grandes fortunas, las fuerzas armadas, los partidos políticos y el empresariado que solo componen menos de 3% de la población de la nación.

El Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI), entró en vigencia para Chile el 1 de Septiembre de 2009. La CPI es la única instancia internacional de control de los poderes políticos y quienes ostentan el poder, ya sea legítimo o ilegítimo, ya sea en un Estado de Derecho o Autoritario. Este tribunal internacional es el único con la legitimidad suficiente para poner coto a las atrocidades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos sobre un determinado sector de la población o personas específicas.

El manejo de la crisis sanitaria por parte de las autoridades chilenas ha sido tan deficiente que solo cabe calificarlo como negligente y directamente doloso en muchos casos, en tanto que, deliberadamente las autoridades, liderado en este punto por la Presidencia, el Ministerio de Salud y las Subsecretarías, han ocultado datos relevantes y esenciales, o simplemente los han ignorado en el circuito de toma de decisiones lo que ha causado en forma directa la muerte de miles de personas hasta esta fecha. Además han ignorado a los muertos, los pacientes y sus familias. Sin embargo, si solo fuera la fase clínica donde se ha manifestado la negligencia inexcusable o el dolo de las autoridades, quizá podría atenuar en parte los cargos en su contra, pero ocurre algo que es aun más preocupante por su maledicencia a la hora de ejecutar ciertas políticas públicas, que aquellas medidas han ido en directo beneficio de algunos grupos empresariales en los que incluso hay conflicto manifiesto de intereses.

Ocurre que la primera medida contra el Corona Virus impulsada desde el Ministerio de Salud, no fue la de buscar una cura o un tratamiento de los ya probados en otras latitudes y que tenían algún efecto paliativo de los síntomas. No, el primer programa impulsado fue la compra los servicios de un año de CAMAS UCI DE LAS CLINICAS privadas más exclusivas y costosas de Chile. Un cartel que en Chile tiene el monopolio de la cura y los tratamientos de las enfermedades que afectan a los Chilenos. No es que en los hospitales públicos se pueda “curar” a uno que otro paciente, no, de lo que se trata es que el sistema público de salud chileno, ha sido totalmente desmantelado en 30 años de administración concertada entre los socialistas y liberales, de la misma forma como fue desmantelado el sistema de educación tanto básico, medio como universitario, privilegiando el oligopolio de los carteles en todas esas áreas.

Luego, la segunda gran medida, siguió en la misma línea, arriendo de espacios privados para la instalación de “hospitales” de tratamiento transitorio, simulando ser de atención crítica. Incluso se promovió desde el Estado “La muerte compasiva”, una forma de Eutanasia Ilegal, dando carta blanca a algo que se hace desde hace 30 años en los hospitales públicos y privados pero sin ley que lo respalde, ahora se hizo un decreto eutanásico para todos los mayores de 75 años o aquellos de 65 a 70 años que tengan enfermedades de base crónicas; decreto ministerial que es absolutamente inconstitucional por su carácter ilegal y criminal implícito en su redacción. Con el tiempo, estos centros “transitorios” fueron “adaptándose” a la contingencia, pero nunca han llegado a ser unidades de atención crítica propiamente tales.

La tercera medida, la compra de ventiladores, que extrañamente han ido decreciendo en la cantidad ofrecida, de 1200, a solo 70 y así para estabilizarse en 300 ventiladores mecánicos aproximadamente. Las autoridades, aun cuando informaron la llegada de los ventiladores, nunca dijeron que pasó con la notoria diferencia entre las cifras anunciadas oficialmente y las realmente constatadas. Lo que si es cierto, es que aun con 1200 ventiladores, no hay personal médico especializado suficiente en Chile para operarlos. Entonces las autoridades han optado por poner un cerco en los recintos hospitalarios para impedir que lleguen a ellos los pacientes críticos y de esa forma obtener cifras cómodas a sus intereses políticos. Es como promover el aborto entre adolescentes, personas pobres y vulnerables para bajar los índices de delincuencia.

Las autoridades de salud y en especial el Ministerio y la Presidencia, han ejecutado una serie de medidas al nivel de políticas públicas para impedir el acceso a los recintos de salud de los chilenos más vulnerables.

La cuarta medida, nuevamente de carácter económico, fue arrendar casi toda la capacidad hotelera de 3, 4 y 5 estrellas por una año en todas las regiones para convertir los hoteles en “residencias sanitarias”. Una especie de “estacionamiento” de pacientes que aun no son pacientes o que nunca llegarán a serlo, ya que están en una etapa de verificación de su condición de infectados con un dispositivo que tiene casi un 50% de falsos positivos. Aun así, parece una medida razonable aislar a los sospechosos de estar contagiados, pero en realidad es una forma de evitar el desplome del sistema hospitalario, por una parte, y por la otra, de controlar las cifras oficiales de “pacientes” atendidos en los recintos de salud, como parte del cerco sanitario a la población, en tanto que las derivaciones no se hacen con criterios clínicos reales, sino con criterios económicos, utilizando el mismo mecanismo de “comité médico” de los hospitales.

Nuevamente parece razonable, sino fuera porque se está utilizando mismo criterio del Plan GES o (AUGE) en que el dinero que ya fue traspasado real y efectivamente a las cuentas del ministerio, se racionaliza POLITICAMENTE en cada unidad hospitalaria y cada derivación se controla individualmente no por criterios clínicos del médico del paciente sino por criterios económicos del comité médico que obedece a un “supervisor u operador político ministerial” financiero que se encuentra en la cartera del ramo. Esta es la causa más importante de muertes de pacientes en las listas de espera GES. No porque no haya capacidad de financiamiento o falta de cupo en las clínicas privadas, ya sabemos que no, porque el dinero efectivamente fue traspasado, sino porque el dinero que se provisionó para el programa, está empozado en las cuentas ministeriales con propósitos políticos y no de salud pública. En este punto, el criterio mercantilista del sistema económico de la salud pública, esta siendo intencionalmente manipulado con propósitos mercantiles y nunca con objetivos favorables hacia la población necesitada de atenciones medicas en Chile. El abuso de los operadores es aun más grave, en tanto que las clínicas privadas sobrevenden sobradamente su capacidad de camas y atención especializada o crítica, porque el sistema público nunca llega a traspasar a los pacientes GES, generando así, los carteles de la salud ganancias obscenamente grandes para sus operadores e inversionistas. Lo mismo que está ocurriendo hoy con el cerco sanitario de pacientes COVID 19.

No se trata solo de un caso aislado y por causa de la pandemia, se trata entonces, de un método, de un sistema construido por los operadores de los carteles de la salud para obtener la mayor cantidad de utilidades posibles. De la misma forma como lo hicieron con otras áreas de “negocios”, en la educación o el transporte. Se trata de desmantelar lo público para dar paso al frenesí de lo privado.

El método, como hemos dicho es el mismo, porque es el mismo modelo económico impuesto desde las grandes instituciones universitarias del mundo desarrollado.

De igual forma los dirigentes políticos tendrán que responder por la ignominiosa segregación social que han consolidado en estos 30 años y que a causa de la crisis sanitaria se ha evidenciado y agudizado aun más. Se ha manifestado una salud para ricos y una para pobres, donde ni siquiera, los pobres, teniendo el dinero pueden acceder ella a causa de los cordones y aduanas sanitarias. Como medidas de prevención del contagio, se les ha privado de su derecho a la información, al trabajo y a desarrollar una actividad económica, a la alimentación, a la educación igualitaria, al desplazamiento y por cierto a la salud elemental ya que por decreto ministerial solo existe el Corona Virus en Chile, negando cualquier otra forma de contagio o enfermedad, obligándoles a morir en sus casas básicas de 35 metros cuadrados hacinados, donde muchas veces deben cohabitar hasta 15 personas, donde incluso se les ha privado de la energía eléctrica, teléfonos, señal de internet y agua. Todo a causa de un manejo doloso y sin las capacidades técnicas para adoptar medidas eficientes, promoviendo un efectismo político por sobre el bienestar de la población.

En países como Italia, ya la fiscalía nacional comenzó a investigar las actuaciones de las autoridades de salud de la Lombardía. Y lo hace aun cuando la crisis sanitaria parece haberse estabilizado a pesar del rebrote en algunas regiones europeas.

En Chile, se está aun pendiente con las graves violaciones a los derechos humanos durante la revolución social de octubre pasado, por las mutilaciones en sus ojos a los jóvenes manifestantes y las miles de denuncias por abuso de fuerza y tortura en recintos policiales.

La instancia internacional es una que da garantía de transparencia en las investigaciones. Permite la creación de comisiones y observadores internacionales como los que promueve y provee la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) con sede en Paris, que ha sido muy proactiva en denunciar promover la persecución de las violaciones a los derechos humanos en México, Chile y el cono sur de américa. Hay una querella internacional en la Corte Penal Internacional que fue admitida a trámite y hay un fiscal investigando los hechos de Octubre del 2019 en Chile relacionados con las decisiones políticas tomadas por el Presidente Piñera y ejecutadas por los servicios de seguridad chilenos.

La Corte Penal Internacional es una instancia del más alto prestigio mundial y ha tenido actuaciones memorables para sancionar y encarcelar a los responsables de genocidios y violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. Chile, es un Estado parte del tratado y ha cedido parte de su soberanía precisamente como una mediada de transparencia política internacional y especialmente para poner un muro entre quienes creen que pueden cometer atrocidades contra la población civil indefensa o ejecutar políticas públicas que provocan un perjuicio o daño directo a los habitantes más vulnerables de Chile.

En colaboración con la organización no gubernamental Derechos Humanos sin Fronteras (www.dhsinfronteras,org), se esta trabajando en un pliego acusatorio para ser presentado ante la Corte Penal Internacional y denuncias ante otros organismos internacionales de defensa de os derechos humanos, por las graves violaciones a los derechos humanos en relación al manejo de la crisis sanitaria. Propuesta que comparten organizaciones tan reconocidas internacionalmente  como y Las Abuelas de Plaza de Mayo.

La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, ya ha tomado conocimiento de las denuncias por el manejo al menos negligente de la crisis y que atenta contra los derechos fundamentales de los chilenos. Y prontamente habrá querellas y denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, eso es solo cuestión de tiempo, toda vez que los crímenes de lesa humanidad cometidos son imprescriptibles.//

* ABOGADO MASTER EN CIENCIAS POLITICAS Y SEGURIDAD

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