Un colectivo pide a las autoridades argelinas que pongan fin a la represión

Decenas de figuras y asociaciones argelinas han pintado un panorama sombrío de la situación de los derechos humanos en ese país, pidiendo el fin de la represión y el levantamiento de todas las restricciones al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

En una Declaración, estos activistas y organizaciones de derechos humanos reiteraron su demanda de « liberación incondicional » de todos los presos de conciencia, periodistas, defensores de derechos humanos y abogados en prisión.

“73 años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 59 años después de la adhesión de nuestro país a la independencia, las libertades más elementales consagradas en la Declaración son vaciadas de sustancia por la legislación y las prácticas”, señalan los firmantes de este documento. .

Los autores de la declaración denunciaron un panorama sombrío de la situación de los derechos humanos en Argelia que está bañada por un “clima de represión y restricciones a los derechos fundamentales de los argelinos”.

“Luego de meses de movilización popular pacífica, de un Hirak que despertó grandes esperanzas de instaurar un estado de derecho democrático que garantice los derechos humanos, la acción de las autoridades se caracteriza por un deseo declarado de sofocar todos los espacios cívicos autónomos y de criminalizar la acción política de voces críticas ”, señaló la declaración, recordando que más de 270 personas se encuentran detenidas por haber ejercido las libertades fundamentales protegidas por la Constitución.
Si se necesitaban más pruebas de la voluntad del poder de reprimir las libertades, los firmantes de la declaración lo ven en la “prohibición de facto” de cualquier manifestación pública en violación de la Constitución de noviembre de 2020 que garantiza la libertad de manifestación pacífica.

« Todo intento de ejercicio de la libertad de manifestación pacífica conduce hoy a un proceso penal de reunión », lamentó además el texto, que deplora, además, la fragilidad de la libertad sindical, caracterizada por la disolución de asociaciones, amenazas a determinados partidos políticos de oposición y acoso a activistas políticos.
“Estas medidas aparecen como una fuerte señal de disuasión dirigida a organizaciones incómodas para el poder”, dicen los autores del documento.

Para ellos, la situación de la libertad de prensa no es mejor: es aún más frágil por la “elusión de la prohibición constitucional de la privación de libertad por delitos de prensa” y los medios de presión ejercidos sobre los medios de comunicación en particular a través de controles y selectividad política del acceso a la publicidad pública ”.

También expresaron “preocupación” por las repercusiones de ampliar la definición del delito de terrorismo.

“A partir de ahora, reclamar un cambio de régimen por medios no previstos por la Constitución, pero que no necesariamente son contrarios a ella o violentos, puede entrar en la definición del delito de terrorismo”, explica la Declaración que denuncia la amplia instrumentalización de la acusación con fines políticos.

Señala que « la mera sospecha de pertenencia a una organización catalogada como terrorista por las autoridades de acuerdo con criterios oscuros es suficiente para iniciar un proceso penal », y agrega que las detenciones por terrorismo están aumentando en todo el país en el contexto de operaciones que se asemejan a fuertes intimidaciones por parte de su puesta en escena, especialmente en varios pueblos de Cabilia.

También advirtió sobre el carácter « liberticida » del decreto que establece los procedimientos de registro y exclusión de la lista nacional de personas y entidades terroristas y los efectos resultantes.

Este texto “abre el camino a la arbitrariedad (…) permite la inclusión en la lista de terroristas de personas que no han sido condenadas judicialmente en contra de la presunción de inocencia y el derecho al honor, ambos supuestamente protegidos por la Constitución”, denuncia la declaración, al condenar un dispositivo que atenta contra los derechos de las personas inscritas en esta lista que pueden ser privadas de sus bienes y de cualquier medio de subsistencia.

« Se trata de una técnica de matanza social particularmente disuasoria y tanto más peligrosa cuanto que la definición de terrorismo es extremadamente amplia », dicen los firmantes de la declaración, que piden un estricto respeto de las libertades garantizadas por la Constitución.

Map/AtlasIfo.fr