El calvario del niño saharaui Mouloud El Mahyub, de trece años, fue llevado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde ONG denunciaron una situación considerada emblemática de las condiciones de vida de los menores en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia.
Según estas ONG, el niño fue víctima, el 25 de febrero de 2026, de un secuestro y de una detención ilegal dentro de los campamentos, durante los cuales sufrió graves violencias físicas, en particular golpes severos y quemaduras en diferentes partes del cuerpo durante largas horas, cometidas por una familia que reduce a la familia del niño a servidumbre.
En una declaración separada, Abdelouahab Gain, un activista de derechos humanos, calificó este caso de ejemplo elocuente de las graves violaciones de los derechos humanos en su forma más abyecta en los campamentos de Tinduf, evocando “un secuestro forzado, una detención arbitraria y actos de tortura física de extrema gravedad”, incluyendo “golpes violentos y quemaduras infligidas en varias partes del cuerpo”.
Según Gain, que se expresaba en nombre de la ONG “Red Unidad para el Desarrollo de Mauritania”, estos actos fueron cometidos sobre la base de “una acusación falaz”, posteriormente desmentida por la pericia médica, habiendo la familia implicada reconocido su responsabilidad.
Gain denunció además “el silencio absoluto” del polisario y la ausencia de investigación o de medidas de protección, estimando que esta situación “se asemeja a una forma de complicidad institucional”, en un contexto marcado por “la ausencia total de todo control de la ONU o judicial nacional independiente”.
Por su parte, Hamada El Bihi, que se expresaba en nombre de la ONG “Il Cenacolo”, también deploró la ausencia de anuncio de una investigación independiente y de medidas destinadas a proteger a la víctima o a iniciar procesos contra los responsables, denunciando un clima de impunidad persistente.
El caso de Mouloud El Mahyub fue presentado como revelador de un vacío jurídico y de una falta de mecanismos de protección en estos campamentos, donde están secuestrados desde hace décadas miles de saharauis.
“El riesgo de exponer a la víctima a nuevos perjuicios físicos y psicológicos irreparables es inmediato y grave”, advirtió Gain, llamando a “tratar esta situación como una cuestión de la más alta prioridad que exige una acción inmediata”.
Asimismo, abogó en particular por “la protección inmediata de la víctima y de su familia”, “la apertura de una investigación independiente” y “el despliegue de una misión de la ONU de establecimiento de los hechos”, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a actuar sin demora, de lo contrario podrían producirse “perjuicios irreparables”.
Los intervinientes subrayaron finalmente que esta situación compromete la responsabilidad del Estado anfitrión, recordando su obligación de garantizar la protección de todas las personas bajo su jurisdicción. MAP
