Abusos sexuales sobre las trabajadoras marroquies: .. Y mantuvieron los ojos abiertos

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Ha sido necesaria la publicación de una exhaustiva investigación realizada por la revista alemana Correctiv.org que recoge testimonios de violaciones, maltrato físico y explotación laboral de las mujeres marroquíes que cada año son contratadas temporalmente en el campo andaluz español para que las autoridades fiscales inicien diligencias de investigación tras la denuncia de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

Imrani Idrissi Hamid
La Policía Nacional ha detenido al “manijero
” (encargado) español de 47 años acusado de presuntos delitos de coacción y abuso sexual a jornaleras marroquíes que trabajaban en el campo que él supervisaba.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) confirmaba la información recogida por la prensa alemana,  como expresábamos en nuestra anterior crónica, pues ya años antes había alertado de la explotación laboral, los abusos sexuales y las violaciones que habrían sufrido no poco número de inmigrantes temporeras. En ocasiones encargados de origen marroquí, en otras españoles, pero siempre bajo la amenaza de ser despedidas y no volver a ser contratadas en otra campaña si no aceptaban “sus requerimientos”.  Recordemos que una trabajadora puede ganar en los tres meses de campaña lo que en Marruecos les habría costado ahorrar varios meses. Ya en 2010 ocho mujeres marroquíes de entre 18 y 30 años denunciaron a cinco patronos por abuso sexual y en 2014 otro tres encargados españoles fueron condenados por violaciones de la integridad moral y acoso sexual  a trabajadoras marroquíes que habían trabajado para ellos en 2009. Después de casi 20 años después la situación poco parece haber cambiado.
El miedo a perder lo que muchas veces sería el único medio de subsistencia para toda su familia, la barrera idiomática, la dificultad para demostrar los abusos sufridos por falta de testigos ante la policía o los juzgados, debilitaba cualquier intento de denuncia. Muchas veces tenían retirada su propia documentación hasta el fin del contrato y casi siempre se hallaban alejadas de cualquier foco urbano donde poder acudir por propio pie a solicitar ayuda de cualquier organismo.
Lo que a priori parecía gozar de un  “Sistema de gestión ética” como  marco estructurado a nivel laboral y social  para los flujos de inmigración de trabajadores temporeros procedentes de Marruecos para Huelva,  que gozara de un compromiso serio en las que administraciones, patronales y sindicatos participasen en proyectos avalados por la Comunidad Económica Europea  (como el “Proyecto Comunitario AENEAS”,  iniciado en 2005) y que pretendía ser la base para extender el modelo a otros sectores, en estos momentos no parece ser tan sólido ni tan avalado.
Como “indignas de Europa” son calificadas las condiciones laborales de la actividad agrícola que se desarrolla en España. Así expresaba la consultora berlinesa Löning, pues Alemania es la principal importadora de frutas y verduras y en su informe recoge términos como “degradantes condiciones”, “abusos sexuales”, “hacinamiento en apartamentos insalubres” y “esclavos modernos” por nombrar algunos.
La ´contratación en origen´ propicia que el migrante goce de un empleo, un sueldo y una situación legal en el país que lo emplea y certifique que el número de trabajadores sea acorde con las necesidades del sector, se garantizaba alojamiento digno y gratuito por parte del agricultor para cumplir así con el convenio colectivo del campo onubense y por su parte, las Administraciones (Ayuntamientos y Junta de Andalucía) garantizarían los servicios sociales, educativos, sanitarios y de proximidad a todos los desplazados legales.
Pero no todo parece que suceda como se presenta.
Ya en el 2012 se habría presentado en Paris un informe de investigación por parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en el que se recogía la situación de los trabajadores temporeros de los campos onubenses, destacando las violaciones a los derechos humanos y donde se advierte de que la representación sindical de estos trabajadores resulta casi imposible. Insta este informe al Parlamento Europeo a modificar la propuesta de ´Directiva sobre Trabajo Temporero’ con el fin de “aumentar el nivel de protección y de acceso a los derechos de esta población, fomentando la igualdad de trato, con el fin de combatir la discriminación y favorecer unas condiciones de trabajo y vivienda decentes y la protección social.”
Aunque no especifique abusos de índole sexual, el informe sí hace mención a los numerosos problemas psicosociales vividos en la comunidad de trabajadoras marroquíes recogidos por los mediadores de servicios sociales de los municipios de alrededor de Huelva y menciona que “las mujeres embarazadas hacen todo lo posible por disimular su estado ante el empresario ya que temen verse obligadas a cesar su actividad y por tanto tener que renunciar a la temporada”
Anotemos que la misma FIDH expresó no haber podido contar para su informe con la colaboración de la Junta de Andalucía ni la Inspección de Trabajo.
En la investigación de las periodistas alemanas se recogía que la Trabajadora Social Josefa Mora Gómez, del Centro  de Salud Pública de Palos de la Frontera (Huelva),  afirmaba que durante la temporada de cosecha había un incremento considerable en el número de abortos, solicitados en el 90% de los casos por las trabajadoras inmigrantes y que ella sospechaba que muchos abortos podrían deberse a violaciones.
Aunque no se pueda generalizar la actuación de todos los encargados y empresarios agrícolas ni las condiciones en las que trabajan y viven las temporeras marroquíes por lo denunciado por correctiv.org., tampoco se pueden obviar los datos investigados.  La Fiscalía de Huelva ha iniciado las pesquisas necesarias para determinar la veracidad de las denuncias recogidas y se depurarán responsabilidades en los hechos demostrados.
“La solución pasa porque las empresas se aseguren de que los acuerdos en sus cadenas de distribución son respetuosos con los estándares europeos e internacionales”, sostiene la consultora berlinesa, Löning, que incluye la implicación directa de las empresas con sus distribuidores “requiriendo el respeto de estándares sociales y medioambientales”.
La tendencia del mercado europeo a realizar el mapeo del producto que llega al consumidor desde su propio lugar de producción y aun previamente, en los procesos de contratación de empleados en las explotaciones agrícolas,  puede hacer tambalear una economía que en el sur de España compete a mucha población y en la que coexisten muchos intereses económicos.  Por ello, a  la denuncia de la Dirección General de las Políticas Migratorias de la Junta se ha sumado un escrito elevado por la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza (Intefresa) en representación de las principales organizaciones que operan en el sector de la fresa en la provincia onubense y a la que se han adherido otros sindicatos como UGT y CCOO, pues consideran que no existe constancia de denuncia ni procedimiento judicial en curso sobre los supuestos abusos sexuales en los campos de fresas.
En su escrito hacían constar que de haber tenido conocimiento de cualquier delito de esta índole estas organizaciones “habrían sido las primeras en ponerlo en conocimiento de las autoridades, denunciándolas, ya que sobre estos temas tenemos tolerancia cero”
Parecen sin embargo olvidar que previa a la investigación de corrective.org , otro sindicato, el SAT,  ya había alertado de numerosos casos de abuso sexual y del miedo de las mujeres trabajadoras a denunciarlos.  Y como afirmaba su secretario general, Oscar Reina, para ver los abusos solo era cuestión de “darse una vuelta por los tajos”
Pero además de la denuncia de SAT,  Pastora Cordero Zorrilla, Secretaria de Igualdad, Mujer y Empleo de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía, había recogido ya su artículo publicado en marzo de 2017  “Las trabajadoras del oro rojo” (´Trabajadora60´, de CCOO) los abusos a las jornaleras inmigrantes y aludía  de nuevo al silencio que rodeaba a lo que muchos habían escuchado que sucedía pero nadie, o muy pocos, han querido denunciar. Una facturación anual de más de 320 millones de euros parece ser motivo importante para ello.
Por otra parte, según la FIDH, la labor de los sindicatos marroquíes es inexistente tanto durante el proceso de contratación como durante la campaña.
Esta organización que representa a 164 ligas de defensa de derechos humanos distribuidas en los 5 continentes, sugería  al Gobierno Marroquí  la necesidad de implicar a los interlocutores sociales marroquíes pertinentes en la Comisión encargada de contratar a los trabajadores temporeros, así como en el seguimiento de la aplicación del acuerdo con España y acabar con los criterios discriminatorios durante la contratación, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos, hombres y mujeres, independientemente de su estado civil, edad o personas a cargo.
Y como su eslogan anunciaba “Mantengamos los ojos abiertos”.  Y denunciemos allí donde haya abuso y tanto más cuando sea sobre el más vulnerable, para que se cumplan los derechos de todos y a todos los niveles.