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AMÉRICA LATINA SUFRE UNA GRAVE CRISIS DE GOBERNABILIDAD Por el Dr.  Adalberto C. Agozino

Analisis

 

En América Latina la década de los años 10 del siglo XXI posiblemente será recordada como la “década perdida”. Un periodo signado por la crisis económica, los hechos de corrupción y los problemas de gobernabilidad que impidieron el progreso de la región.

Los expertos suelen discutir si los problemas económicos derivan en crisis sociales o viceversa. En el caso de la actual crisis que afecta América Latina es muy difícil saber qué fue primero si “el huevo o la gallina”. Es decir, si la crisis económica detonó las denuncias por corrupción o fue la corrupción generalizada la que derivó en problemas de gobernabilidad que a su vez potenciaron el deterioro de la economía.

Lo cierto es que los problemas se iniciaron en los Estados Unidos, en 2008, con el affaire de las hipotecas subprime que provocaron la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers que a su vez llevo la inestabilidad a las bolsas y mercados de los países tecnotrónicos.

En los Estados Unidos la recesión económica hizo resurgir el proteccionismo y la histórica tendencia al aislacionismo de los estadounidenses y terminó proyectado a la presidencia a un líder antisistema: Donald Trump.

En Europa la recesión de la economía y la desocupación gestaron movimientos de “indignados” que a su vez derivaron también en la aparición de partidos y líderes antisistema como el español Podemos. El separatismo catalán e incluso el Brexit son hijos de este proceso.

Lentamente, el crack  económico fue contagiándose del prospero mundo desarrollado a los países más pobres. En un proceso similar a las ondas que produce la caída de una piedra en el centro de un lago. En cada región la depresión de la economía derivó en crisis políticas de diferente naturaleza.

Hoy las grandes economías de la región se ven afectadas por serios problemas que vulneran su gobernabilidad y alejan las tan necesitadas inversiones extranjeras.

Además de las graves crisis venezolana y nicaragüense -que parecieran no encontrar de momento una salida democrática y pacífica-, hay que poner foco en la compleja situación que afecta a los países del Triángulo Norte, en especial, los altos nieles de criminalidad, corrupción e impunidad, la marcada debilidad institucional, la penetración creciente del narcotráfico y del crimen organizado, y la constante presión del presidente Trump sobre la cuestión migratoria.

A lo anterior debemos sumarle el complicado inicio de las presidencias de Jair Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México e Iván Duque en Colombia. A ello se agrega la decisión del ex número dos de las FARC, Iván Márquez, de retomar las armas amenazando de este modo el frágil proceso de paz en Colombia, unido al aumento de tensión en la frontera colombo-venezolana.

En Perú, Martín Vizcarra, vicepresidente en ejercicio de la presidencia desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018; disolvió el lunes 30 de septiembre el Congreso y llamó a elecciones generales para el próximo 26 de enero de 2020.

Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori llevó a cabo un “autogolpe” y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en cambio Vizcarra se amparó en la Constitución para tomar esa medida.

El disuelto parlamento controlado por los fujimoristas que responden a Keiko Fujimori, hoy en prisión preventiva por el caso Odebrecht, reaccionó suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente y designó en su lugar a la excongresista Mercedes Aráoz. Pero, las FF. AA. y de seguridad respaldaron a Vizcarra que retuvo la presidencia.

En mayo pasado, los presidente Mario Abdo Benítez de Paraguay y Jair Bolsonaro de Brasil suscribieron un acta estableciendo precios y cupos para la producción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Brasil obtuvo una importante reducción en el precio que paga por la electricidad excedente que adquiere. La oposición consideró la negociación como “traición a la patria” afirmando que ocasionaría una pérdida de entre doscientos y trescientos millones de dólares al Paraguay.

La crisis pronto se expandió obligando al presidente Mario Abdo Benítez a aceptar la renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, del embajador paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier Caballero y el director de Itaipú, José Alderete. Pero estas renuncias no fueron suficientes para contener la crisis.

Inmediatamente, los legisladores “cartistas” que integran el sector “Honor Colorado” comunicaron su apoyo a los legisladores opositores para someter a juicio político al presidente y vicepresidente.

Fue necesaria una negociación entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente Horacio Cartés sumado al anuncio de que los gobiernos de Paraguay y Brasil acordaban dejar sin efecto el acta suscripta y continuar las negociaciones respecto de la energía producida por Itaipú, para que los legisladores de Honor Colorado retiraron su apoyo al juicio político y la crisis se descomprimiera inmediatamente.

Al presidente Lenín Moreno de Ecuador le ha tocado administrar un país que ya no gozaba desde hacía tiempo de los beneficios del precio récord del petróleo. La estrechez de las cuentas fiscales lo forzó a buscar financiamiento en el Fondo Monetario Internacional e impulsar un severo ajuste de las cuentas públicas.

Moreno impulsó una impopular reforma laboral; redujo a la mitad el período de vacaciones de los empleados de empresas públicas, aplicó un plan de despidos en el ámbito público para reducir la planta de personal, creó un contrato para quienes inician un emprendimiento; convenios de reemplazo en caso de licencia por maternidad y paternidad; un marco legal para el teletrabajo; y cambio la fórmula de la jubilación patronal. Además, los contratos estatales que caducan serán renovados con un 20% de recorte en el salario. También suprimió los subsidios a los combustibles dejándolos a precio de mercado, para ahorrar 1.300 millones de dólares al año.

La respuesta popular no se hizo esperar. El país estalló en fuertes protestas y el gobierno se vio forzado a restablecer el orden por medio de una fuerte represión policial. Desde entonces la gobernabilidad del país está seriamente comprometida. Dos manifestantes han resultado muertos y los indígenas avanzan hacia Quito para sumarse a una huelga con movilización que preparan los sindicatos ecuatorianos el próximo miércoles 9 de octubre.

En Bolivia, el próximo 20 de octubre, el presidente populista Evo Morales del Movimiento al Socialismo buscará su cuarto mandato consecutivo. La derrota sufrida por Evo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 le había cerrado la posibilidad de obtener una nueva postulación. Sin embargo, Morales forzó la interpretación de la Constitución política, y con la ayuda del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral (ambos bajo su influencia) logró que lo habilitaran para competir por un nuevo mandato. Las últimas encuestas ofrecen escenarios diferentes. Una, de inicios de setiembre, da una ventaja de siete puntos a Evo Morales sobre el expresidente Carlos Mesa, principal candidato opositor, líder de movimiento Comunidad Ciudadana (34% a 27% respectivamente), y coloca en tercer lugar a Oscar Ortiz (Bolivia Dice No) con el 13% de intención de voto. Una segunda encuesta realizada por Ipsos en nueve capitales y El Alto reduce la ventaja de Evo sobre Mesa a tres puntos (31% a 28%), ubicando a Ortiz en tercer lugar con el 13%. Esta última encuesta señala que, en caso de producirse una segunda ronda electoral Mesa se impondría sobre Mesa por una diferencia de diez puntos (46% a 36% respectivamente. La legislación electoral boliviana establece la obligatoriedad de una segunda vuelta si ningún candidato logra superar el 50% más uno de los votos o supera el 40% con una distancia del 10% entre el primero y el segundo.

En Argentina, las elecciones del próximo 27 de octubre tendrán lugar en un contexto de profunda crisis económica, alta volatilidad e incertidumbre política. Los sorpresivos y contundentes resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, del pasado 11 de agosto provocaron un terremoto en la sociedad argentina.

El triunfo del populista Frente de Todos integrado por el Partido Justicialista y la kirchnerista Unidad Ciudadana, con la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner se impuso al oficialista Junto por el Cambio, que postuló a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por 16 puntos (47,7% a 31,7% de los votos emitidos) debilitó al presidente Macri.

El próximo gobierno argentino heredará una pobreza del 35%, informalidad laboral superior al 30%, una recesión pertinaz, elevado desempleo y una deuda externa total de U$S 320.000 millones de dólares cuyos vencimientos deben ser renegociados el próximo año

En este complicado panorama político el crecimiento regional de América Latina será pobre, un escaso 0,6% según el FMI. Uno de cada tres latinoamericanos es y seguirá sumergida en la pobreza. La desigualdad seguirá siendo elevada y el mercado laboral continuará siendo incapaz de acompañar el crecimiento poblacional con la generación de empleos de calidad

La crisis socioeconómica impacta directamente sobre la cultura política en América Latina que presenta una seria “fatiga democrática”. Según el Latinbarómetro 2018 el apoyo a la democracia descendió al 48% (el nivel más bajo desde 2001); la indiferencia entre democracia y autoritarismo se elevó del 16% al 28%; la insatisfacción con la democracia se incrementó del 51% al 71% mientras la satisfacción descendió del 44% al 24%

El sentimiento de descontento incide negativamente sobre los niveles de confianza en las instituciones políticas, afectando en especial al Poder Legislativo y los partidos políticos. Ambas instituciones obtienen los niveles más bajos de aceptación ciudadana: 21% y 13% como promedio regional respectivamente. Estos datos confirman que el rechazo hacia los partidos políticos siguen aumentando (el 58% de los latinoamericanos consultados dicen no adherir a ningún partido), acompañado por  el rechazo de los ciudadanos hacia la política y los dirigentes políticos

La combinación de estos factores afecta negativamente en la calidad de la democracia. Según el Índice Democrático 2018 que elabora la Unidad de Inteligencia del prestigioso semanario británico The Economist, solo Uruguay y Costa Rica califican como “democracias maduras”. Diez países son considerados “democracia con fallas” (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana). Por su parte, cuatro países: Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador son tipificados como regímenes híbridos. Por último, Cuba, Nicaragua y Venezuela son calificados como regímenes autoritarios

Por último, América Latina es la región más violenta del mundo. Según la Oficina de la ONU de Lucha contra la Droga y el Delito de los 437.000 homicidios dolosos cometidos en el mundo, el 36% han ocurrido en el continente americano, seguido de África con el 31% y Asia con el 28%

En América, el país con mayor tasa de homicidios en Honduras con 90,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, seguido de Venezuela con 53,7 asesinatos cada 100.000 habitantes por año

Estos alarmantes indicadores señalan porque la región sigue estancada económicamente y de crisis en crisis, una situación que, lamentablemente, se prolongará en los próximos años.

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