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Amnistía Internacional insiste en su campaña sistemática contra Marruecos (Delegación Ministerial de Derechos Humanos de Marruecos)

Aclaración

La Delegación Ministerial encargada de los Derechos Humanos confirmó que Amnistía Internacional continúa involucrada en una campaña sistemática contra Marruecos, violando las reglas que ha sido proactiva en publicar hace décadas, sobre la importancia de realizar investigaciones imparciales, efectivas, imparciales y objetivas.

En su respuesta al informe anual de la organización emitido a fines de este mes, la delegación dijo que las posiciones de la organización hacia el Reino se basaban en una política sistemática, basada primero en no tomar la distancia necesaria del conflicto del Sáhara marroquí ante la decisión del Consejo de Seguridad, y en segundo lugar, en la injerencia en los asuntos judiciales y en el funcionamiento de la justicia, y tercero, en la imposibilidad de argumentar en el resto de lo que reclama.

La delegación señaló que no puede comunicarse con las organizaciones no gubernamentales internacionales, como lo exigen las tradiciones y costumbres en este campo, sino simplificar su respuesta a lo mencionado informe, con base en los imperativos de la política de derechos humanos y en defensa de las conquistas de los derechos humanos.

Al respecto, la Delegación aclaró que el informe de Amnistía Internacional inserta arbitrariamente la libertad de expresión en los expedientes ante el poder judicial, y que no aporta ningún dato sobre la persecución a la libertad de expresión, y que la formación de asociaciones, que fueron , a su vez, incluidas arbitrariamente, en el mismo párrafo.

La fuente agregó que se saltó la realización de juicios sobre la base del derecho público, sin que de ningún modo se obtuvieran datos del proceso de observación llevado a cabo por este organismo, pues el informe se limita a decir, « Después de un juicio que no cumplió con las normas internacionales estándares para un juicio justo, se le negó, por ejemplo, el derecho a ver y refutar todas las pruebas utilizadas en su contra ».

Y dejo constancia que este mismo ejemplo fue anteriormente objeto de conclusiones preliminares en una nota hecha por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, y entre lo que concluyó en su informe, respeto al requisito de publicidad, cumplimiento del procedimiento de detención con los requisitos legales , asegurando los derechos de defensa, respetando los plazos razonables y demás garantías conexas, así como la falta de impugnación por parte del imputado del contenido de las declaraciones asentadas en el acta de policía judicial.

Al respecto, la delegación ministerial afirma que la posición de Amnistía Internacional, que no está respaldada por ningún tipo de observación, se queda en una mera injerencia política en un acto del núcleo de la soberanía nacional y contradice lo aprobado por esta organización, casi hace un cuarto de siglo, en el marco de la guía de observación Juicio Justo, que “la valoración de la justicia del proceso penal es un proceso complejo y multifacético, cada caso es diferente del otro, y debe ser examinado desde su fondo y en su conjunto, y la evaluación se centra generalmente en si el curso de los hechos es conforme a las leyes nacionales”.

En cuanto a la libertad de reunión, la Delegacion destacó que el informe de Amnistía Internacional dedicó un párrafo a la libertad de reunión, en el que consideró que “al menos en cuatro ocasiones, las autoridades reprimieron manifestaciones pacíficas que pedían mejores condiciones de trabajo”, y “utilizaron el decreto de estado de emergencia sanitaria para reprimir las denuncias de los trabajadores”. Y “la policía arrestó arbitrariamente a treinta y tres maestros que se manifestaban pacíficamente en Rabat”, “dispersó a los manifestantes por la fuerza a pesar de que observaban las medidas de seguridad”, y “los maestros fueron puestos en libertad temporalmente después de 48 horas »… y « su juicio aún estaba en curso ».

Una vez más, la Delegación dice: “Es lamentable el informe, pues lo que no sabe esta organización es que un grupo de profesionales de la educación se han estado reuniendo y manifestando durante más de dos años, durante y después del estado de emergencia, y así lo hicieron decenas de veces; pero lo extraño es que el informe, al hablar de la dispersión por la fuerza de los manifestantes, no presentó ni un solo elemento sobre la forma, métodos, formas, alcances y perjuicios de la división, y al mismo tiempo, pretende confiscar el derecho legítimo que tiene la autoridad competente de mantener el orden público de conformidad con los estándares internacionales. La misma lógica que enmarca el informe se aplica, según la misma fuente, en cuanto a la detención de manifestantes y su remisión a la justicia, como si se tratara de una grave violación, dado que admitió públicamente que fueron liberados a las 48 horas. “Sí, Amnistía Internacional es abusiva, porque no cuenta con pruebas para evaluar el ejercicio de la libertad de reunión, que en nuestro país se ha convertido en una práctica de las conquistas medulares de los derechos humanos, por lo que el informe no pudo, de manera concluyente, no en la libertad de expresión, en la libertad de asociación o de reunión, para venir con cualquier prueba, o más bien prueba, pone de manifiesto denuncias de violaciones de estos derechos”.

En cuanto a la “tortura y otras formas de tratos crueles”, la Delegación aclara, respecto al tema de la tortura, lo mencionado en el párrafo anterior, donde el informe denunciaba la “detención” de algunos presos en duras condiciones, incluso prolongadas e indefinidas, confinamiento solitario., en violación del principio de la prohibición de la tortura. Esta, a su vez, es una alegación que se rechaza del original, porque el informe no destaca la fuente y medio de su conocimiento y los casos alegados. Como es bien sabido y respetado en el sobrio trabajo de derechos humanos, denuncias de esta gravedad no son tratadas con tanta ligereza y en una breve y rápida referencia. Los autores del informe, como cuestión de normas y tradiciones de derechos humanos, deberían haber revisado el trabajo del mecanismo nacional para la prevención de la tortura, y los informes de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, cuyas valoraciones sobre el tema han sido revaluadas, convirtiéndose en un socio importante en proyectos para mejorar las condiciones de los presos. En consecuencia, la delegación ministerial ha visto que las denuncias de tortura están vacías de contenido, según se publica en el informe objeto de esta respuesta. Ciertamente no es apropiado que una acusación de esta gravedad sea objeto de una licitación política. En todos los casos, nuestro país finalmente valora la tortura como una violación grave, al igual que las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, lo cual ha sido constatado en más de una oportunidad por los mecanismos internacionales de derechos humanos.

En cuanto al « derecho a la privacidad », la Delegacion afirmó que el informe de Amnistía Internacional, bajo el título « El derecho a la privacidad », vuelve de manera modesta a su historia ficticia, que « las autoridades marroquíes han utilizado ampliamente el programa de espionaje electrónico Pegasus.  » Sí, es un retorno modesto, que pone de manifiesto la aparente incapacidad de la organización para presentar sus argumentos, a pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades públicas en cinco ocasiones entre junio de 2020 y febrero de 2022. Por cierto, la Delegación Ministerial no puede dejar de considerar que lo que Amnistía Internacional ha afirmado que contradice su enfoque de realizar investigaciones “sistemática e imparcialmente” y “descubrir violaciones de derechos humanos con precisión, rapidez y persistencia”, según lo estipulado en su Ley Básica modificada de 2019.

Con respecto al Sáhara marroquí, la delegación ministerial señaló que las referencias aisladas al Sáhara marroquí en el informe de la organización reflejan su total falta de neutralidad en una disputa que ha estado bajo la atención del Consejo de Seguridad durante muchos años, y así presentó el tem violando “los derechos de los activistas saharauis que apoyan la independencia del Sáhara Occidental mediante órdenes de arresto domiciliario, tratamiento arbitrario, hostigamiento y falta de competencias de la MINURSO en el ámbito de los derechos humanos, abuso sexual de ella y miembros de su familia. Para eliminar la pretendida ambigüedad y confusión, la delegación ministerial quisiera jacer las siguientes aclaraciones:

Primero, respecto al caso de la presunta “activista saharaui”, el Consejo Nacional de Derechos Humanos señaló que “se celebraron audiencias con las autoridades, familiares, vecinos y actores en la ciudad de Boujdour sobre las reiteradas y frecuentes denuncias de la mujer (…) que se negó a aportar pruebas de sus alegatos, y también se negó a responder al Ministerio Público, que estaba dirigido en su  por parte del Comisionado Judicial, sobre la investigación que abrió por su alegato de haber sido golpeada a la altura de los ojos, y comisionada por el Presidente del Consejo, el Comité Regional de Derechos Humanos, entre diciembre de 2020 y julio de 2021, hizo 17 intentos de escucharla, (…) , Una vez ».

Ha sido necesario un tiempo para poner fin al discurso engañoso de la supuesta « activista saharaui », después de que se confirmara que estaba involucrada públicamente en el Polisario con su uniforme militar. Es natural que quienquiera que se encuentre en tal posición armada pueda hacer alegaciones de violaciones contra ella o su familia, porque se encuentra en una posición de hostilidad arraigada. Curiosamente, la parcialidad de Amnistía Internacional, por lo tanto, es uno de los aspectos de su falta de neutralidad en el conflicto del Sáhara marroquí.

En segundo lugar, la insistencia de la organización en ignorar la iniciativa marroquí sobre la autonomía, que se describe constantemente como una iniciativa seria y creíble. No hay duda de que Amnistía Internacional es consciente de la importancia del énfasis político en esta descripción.

En tercer lugar, el informe ignora la habitual acogida de la resolución del Consejo de Seguridad sobre las medidas e iniciativas adoptadas por Marruecos y el papel desempeñado por los dos comités del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que funcionan en las ciudades de Dajla y El-Ayoun, así como la interacción de Marruecos con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y fomentar una mayor cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En cuarto lugar, el informe de la organización afirma que las organizaciones de derechos humanos no pueden “entrar en los campamentos del Polisario”, mientras que el informe de la misma organización sobre la situación de los derechos humanos en Argelia no duda en mencionar que “pese a los esfuerzos del gobierno por vacunar a los refugiados saharauis en el campamentos en Tindouf, a partir de mayo, una ola del virus COVID-19 en julio mató a más de 63 refugiados. El observador no necesita desplegar enormes esfuerzos para apoyarse en la capacidad de una organización no gubernamental internacional para saber lo que está sucediendo con respecto a la pandemia de Coronavirus, sin ver el alcance de las graves violaciones, que resuenan en todo el mundo en esta región asediada durante década, lo que fue confirmado una vez más por la decisión del Consejo de Seguridad, en relación con las violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, dirigidas contra los detenidos en los campamentos de Tinduf en Argelia.

En cuanto a las medidas relacionadas con la pandemia de Corona, la Delegación ministerial registró que el informe de Amnistía Internacional, en línea con su enfoque no objetivo, niega los esfuerzos excepcionales del Reino de Marruecos para abordar la pandemia de Corona, como lo fue, bajo la suprema voluntad política del estado, deseoso de fortalecer la protección de los derechos humanos, proactiva, presente, incubadora, protectora del derecho a la vida y a la salud pública, tomando medidas en el ámbito de la ley, para prevenir y contener la propagación del virus , adoptando medidas para mitigar sus repercusiones, velando por las necesidades básicas de los ciudadanos, adquiriendo la vacuna de forma anticipada en el mercado internacional y asegurando el libre acceso a la misma, y ​​trabajando para asegurar la soberanía vacunal del Reino de Marruecos, y su afán por implementar los requisitos legales relacionados con la imposición de un estado de emergencia para garantizar un equilibrio entre las medidas cautelares y las obligaciones internacionales de derechos humanos y los desafíos de la situación social y económica. Hoy, es el título de la experiencia marroquí, que el mundo alaba por su desempeño ejemplar y su carácter distinguido.

En cuanto a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, la Delegación aclaró que Amnistía Internacional, siguiendo su enfoque antes mencionado, continua cuestionando los esfuerzos del Reino de Marruecos, relacionados con la migración y el asilo, al afirmar que “las personas migrantes son objeto de arbitrariedades”. detención, deportación, expulsión, desalojo forzoso y quema de pertenencias”, basadose en una narración monolítica, confirmando, en consecuencia, que sus datos son selectivos, generales y carecen de pruebas y evidencias, sobre todo porque no prestó ninguna atención al papel de Marruecos en este ámbito, y a la especial y humanitaria atención que presta a las condiciones jurídicas, económicas, sociales y jurídicas de los migrantes y solicitantes de asilo.

La Delegación concluyó: “Dado el método arbitrario del informe de Amnistía Internacional y sus orientaciones políticas en el tratamiento de la situación de los derechos humanos en nuestro país, como se detalló anteriormente, el resto de las cuestiones mencionadas en el informe se aplican a la metodología de la respuesta de la delegación ministerial encargada de los derechos humanos”.

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