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Anticorrupción: la reforma tan esperada

La nueva Autoridad Nacional para la Integridad, Prevención y Lucha contra la Corrupción (INPPLC) acaba de publicar su primer informe anual. Su presidente, Bachir Rachdi, insistió en « el contexto excepcional » de esta institución, que « aún no tiene sus estructuras de gobernanza ni los medios adecuados para sus misiones ».

Para él, « el plazo para la implementación de este sistema sigue dependiendo de la culminación exitosa del proceso de adopción de su proyecto de ley 46-19 ». Este último acaba de ser presentado al Comité de la Cámara de Representantes. Su examen detallado está previsto para el próximo martes. El CIPC, el anterior organismo responsable de la lucha contra la corrupción, se ha convertido en un caparazón vacío en los últimos años por la falta de poder de decisión y de los recursos humanos y materiales necesarios. Hoy, el presidente de la nueva entidad quiere cambiar el rumbo. Dijo que estaba consciente de la magnitud del problema.

« Todos los análisis confirman que este flagelo socava la confianza en las instituciones y cuestiona su capacidad, incluso su voluntad de combatirlo ». Destacó la percepción generalizada de la ciudadanía, « alimentada por un sentimiento de injusticia, abusos persistentes, nepotismo e impunidad, que exacerban la desconfianza ».

Hoy, la nueva etapa en la lucha contra la corrupción apunta a « doblar su curva de desarrollo y colocarla en una fuerte tendencia a la baja en el tiempo », dijo Rachdi. Este modus operandi se articula en torno a una serie de objetivos estratégicos que incluyen « desempeñar un papel catalizador para un cambio importante en la corrupción y garantizar la complementariedad institucional como parte de una amplia movilización anticorrupción », dijo.

Esto deberá ir acompañado de acciones para garantizar que las políticas en este ámbito sean « estructuradas, focalizadas y de alto impacto ». Uno de los principales ejes estratégicos de la visión del nuevo INPPLC se relaciona con el aspecto de detección y represión, basado en las nuevas competencias de este organismo. Es una verdadera « palanca de disuasión y lucha contra la impunidad », según los responsables de esta institución.

De: L’Economiste

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