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Argelia criminaliza las migraciones irregulares Por el Dr. Adalberto Agozino

Análisis

 

Dr. Adalberto Agozino
Periodista y escritor
Argentina

Desde hace más de una década, Argelia persigue y expulsa ilegalmente a los migrantes subsaharianos que ingresan a su territorio.

Argelia práctica en forma sistemática, desde hace más de una década una política genocida y racista contra los migrantes irregulares subsaharianos.

Como resultado de la cual, más de 27.000 migrantes subsaharianos han sido expulsados en forma ilegal, tan solo hacia Níger y Mali, en los últimos tres años.

Policías y gendarmes argelinos realizan periódicamente razias en la capital, Argel, y en barrios periféricos, donde detienen a los migrantes subsaharianos, incluidas mujeres y menores no acompañados, basándose únicamente en criterios raciales, ya que no intentan determinar si los migrantes tienen derecho a su estancia en el país, comprobando sus pasaportes u otra documentación.

Algunas de las personas que padecieron esta traumática experiencia tenían residencia legal en el país, pero las autoridades argelinas no se molestaron en verificar su estatus migratorio.

Los migrantes son remitidos a “centros de calificación” que constituyen auténticos campos de concentración. En esos establecimientos los migrantes son tratados como si fueran criminales peligrosos. Los detenidos se ven forzados a dormir sobre el suelo sin colchones ni mantas y donde pueden sentirse afortunados si reciben por todo alimento un poco de pan con margarina. Tampoco es extraño que al ingresar a los centros les confisquen los celulares, documentos, dinero y cualesquiera otros efectos personales que tengan en su poder al momento de su detención. Nunca más verán sus pertenencias.

Finalmente, unos días después de su internación, los migrantes son embarcados, en grupos de 300 a 400 individuos, en camiones que los trasladan, por ejemplo, hasta la frontera con Níger. El punto de desembarco suele estar situado a unos quince kilómetros de la ciudad nigeriana de Assamaka.

Allí son forzados a descender de los vehículos e internarse en territorio nigeriano mediante disparos intimidatorios al aire de los gendarmes argelinos.

Los migrantes expulsados deben caminar por el desierto, con altas temperaturas, sin agua ni alimentos para llegar a la pequeña ciudad nigerina de Assamaka que no cuenta con infraestructura adecuada para asistir y albergar, aún en forma transitoria, a los continuos contingentes de migrantes expulsados desde Argelia.

Además, muchos de los migrantes expulsados no son nigerianos, sino que pertenecen a diversos países subsaharianos: Guinea, Mali, Costa de Marfil, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Liberia, Camerún y Sierra Leona.

Estas expulsiones, además de violar los derechos humanos de las personas afectadas son absolutamente ilegales porque Argelia es un Estado signatario de la “Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares”. Tratado que en su artículo 22, Inciso 1° establece que: “los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de expulsión colectivas. Cada caso de expulsión será examinado y decidido individualmente.”

Además, el inciso 2° de ese mismo artículo de la Convención, consigna que: “los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.”

Por último, Argelia también es signataria de la “Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos” (Carta de Banjul de 1981) que establece en su artículo 12°; inciso 4° que: “Un extranjero legalmente admitido en un territorio de un Estado firmante de la presente Carta, sólo puede ser expulsado de él en virtud de una decisión tomada de conformidad con la ley.

El Inciso 5° de ese mismo artículo de la Carta de Banjul, señala que: “La expulsión masiva de extranjeros estará prohibida. Expulsión masiva será aquella dirigida a un grupo nacional, racial, étnico o religioso.”

Lamentablemente, estamos acostumbrados a ver como el gobierno argelino, cuando conviene a sus intereses, viola los tratados internacionales, especialmente, kis referidos a los derechos humanos.

Argelia ha hecho una práctica habitual de la violación de derechos humanos, no solo de los migrantes subsaharianos, sino también de los disidentes argelinos del Hirak que demandan la democratización del país y el fin de la dictadura militar que oprime al país.

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