Asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo alertan de las graves consecuencias de una moción de Podemos y NC en el Congreso de los Diputados para dar pensiones y nacionalidad española a dirigentes del Frente Polisario e hijos pese a los asesinatos a canarios ordenados por Ghalli

Asociaciones mayoritarias de víctimas del terrorismo de España y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, –en reunión conjunta celebrada en Madrid-, piden con urgencia a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, como el PSOE, PP, Vox, PNV, Ciudadanos, PNV, Grupo Mixto de Coalición Canaria, Más País, y resto del arco parlamentario, que paren de inmediato, la pretensión de Unidas Podemos UP, EH Bildu y Nueva Canarias NC, de votar a favor de una moción parlamentaria en fase inicial, para otorgar a los dirigentes del Frente Polisario y descendientes saharuis, -como es el caso del « presidente » sanguinario Brahim Ghalli-, para otorgarles pensiones vitalicias a cargo de los presupuestos y erario público de los españoles. Así como la nacionalidad española, que beneficiaría y ampliaría por “la puerta de atrás”, a los miles de nacidos supuestamente, antes de que España abandonara el Sáhara y todos sus descendientes.
Numerosas asociaciones de victimas del terrorismo de diferentes comunidades de España entre las que se encuentra la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, que preside Lucía Jiménez, piden con celeridad, que no se apruebe esta iniciativa parlamentaria y que el resto de los partidos, por las gravedad de las consecuencias irreversibles de toda índole que acarrearía., además de la humillación y menosprecio a las víctimas isleñas del terrorismo, tipificadas como delitos en la actual normativa.
En este sentido, exigen a los grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso de los Diputados, el Senado, y los ministerios implicados como es el Ministerio del Interior que dirige Grande-Marlaska, Hacienda, Economía y Seguridad Social, que tutelan Escrivá, Montero y Calviño respectivamente, a que paren y secunden la negativa del grupo socialista en la Cámara Baja, en la disparatada y humillante pretensión de conceder beneficios contraproducentes a dirigentes y miembros del Frente Polisario saharuis, que hasta la fecha, no han pagado ni colaborado con la Justicia española para esclarecer los brutales atentados terroristas contra nacionales españoles, mayoritariamente canarios, andaluces, gallegos y vascos. No en vano, muchos de estos saharauis que paralelamente son dirigentes polisarios durante 50 años, tienen interpuesta una Denuncia la Audiencia Nacional por los casi 300 atentados terroristas y bombas, ejecutados contra trabajadores civiles españoles, mayoritariamente canarios, que operaban dentro de la empresa minera FossBucraá y pescadores nacionales, que fueron asesinados, heridos, ametrallados, secuestrados, torturas y desaparecidos (catalogados estos últimos como delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad, que nunca prescriben ), perpetrados por el Frente Polisario y Mpaiac, desde 1974 y hasta 1987. Se da la circunstancia inexplicable, que aún muchas de las viudas y huérfanas canarias de estos atentados perpetrados por el Frente Polisario, no tienen concedidas pensiones extraordinarias de víctimas del terrorismo equiparadas como tales viudas y huérfanos, además de las legítimas indemnizaciones, por parte del gobierno español.
Dilación en el Congreso de los Diputados y modificación del Proyecto de Ley 29/11 para equiparar al alza a más de 600 atentados sin sentencias