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Cámara de Representantes: Adopción en comisión del proyecto de decreto-ley sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria

Aprueban

Rabat – La Comisión del Interior, de las Colectividades Locales, de la Vivienda y de la Política de la Ciudad en la Cámara de Representantes adoptó por unanimidad, este lunes, el proyecto de decreto-ley 2.20.292 sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria y a los procedimientos de su declaración para luchar contra la propagación de la pandemia Covid-19.

Este proyecto de decreto-ley se inscribe en el marco de las medidas preventivas urgentes adoptadas por las autoridades públicas para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Ofrece un marco jurídico para las autoridades públicas a fin de adoptar medidas apropiadas y para declarar un “estado de emergencia sanitaria” en cualquier región, prefectura, provincia o municipio, o en todo el territorio nacional en caso de necesidad, cuando la seguridad de las personas se vea amenazada por una epidemia y la situación exija medidas urgentes para protegerlas de estas enfermedades y contrarrestar los peligros derivados de su propagación.

Durante el periodo de emergencia sanitaria, toda infracción de este decreto-ley se castiga con una pena de prisión de entre uno y tres meses y/o una multa de entre 300 y 1.300 dirhams, sin perjuicio de la pena más severa.

La misma pena se impondrá a todo aquel que, mediante violencia, amenazas, fraude o coacción, obstaculice la aplicación de las decisiones adoptadas por las autoridades públicas a este respecto.

El ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, quien presentaba el proyecto a la Comisión del Interior, subrayó que esta última “contribuirá a la realización de la seguridad de la salud pública en todo el territorio nacional, con todo lo que la coyuntura requiere en términos de vigilancia, firmeza y abnegación al servicio del interés superior del país”.

El proyecto de decreto-ley, dijo, forma parte de las medidas preventivas urgentes que obligan a las autoridades públicas a actuar para garantizar la seguridad de la población en todo el territorio nacional, en el marco del respeto de los derechos humanos y las libertades de todos.

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