Dr. Jorge Bernabé Lobo Aragón
Poeta y escritor (Argentina)
SHARE
Como abogado y como persona que conoce en carne propia la palabra “dificultad”, no puedo callar ante lo que ocurre con la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793). Una norma que fue vetada y, sin embargo, recuperada por la voluntad soberana del Congreso de la Nación con una mayoría aplastante. Esa voluntad hoy vuelve a ser desoída por el Poder Ejecutivo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se ampara en decretos y en excusas presupuestarias para condicionar la vigencia de una ley que ya está en el plexo normativo argentino. Pero la Constitución es clara: las leyes se cumplen, les guste o no a quienes gobiernan. La división de poderes no es una entelequia académica, es la garantía de que el derecho de los más vulnerables no quede a merced de la discrecionalidad de turno. Decía Borges: “La democracia es un sueño eterno, donde la voz de los hombres libres no debe apagarse”. Hoy esa voz es la de quienes piden inclusión. Recordaba Benedetti: “Defender la alegría como una trinchera”. Y para nosotros la alegría es tener acceso a la salud, a la educación, a la dignidad. Machado nos advertía: “Se hace camino al andar”. Y este camino lo han abierto miles de familias que luchan para que la discapacidad no sea sinónimo de exclusión. Los diputados que han impulsado la interpelación recuerdan una verdad elemental: el Ejecutivo no puede agregar condiciones ni pasos adicionales a lo que ya ha sancionado el Congreso. Decir que “no hay plata para discapacidad” mientras se reducen retenciones o se benefician otros sectores es una afrenta al sentido de justicia y a la dignidad de miles de familias. Como persona con una discapacidad, no pido privilegios para los más vulnerables. Pido respeto. Respeto a una ley conquistada con años de lucha y aprobada con el voto de más de dos tercios de los representantes del pueblo. Pido que no se los condene a la invisibilidad. El país puede y debe debatir políticas públicas, pero jamás puede retroceder en los derechos fundamentales. El artículo 101 de nuestra Constitución habilita incluso una moción de censura contra el jefe de ministros. Nunca antes se aplicó en la Argentina. Tal vez haya llegado el momento de recordar que las instituciones están para proteger a los vulnerables y no para desoírlos. Que esta carta no sea solo la voz de un abogado o de un hombre que convive con la dificultad, sino la voz de todos los que sienten en carne propia que el Estado no puede dar la espalda a quienes más lo necesitan. Porque si las leyes se aprueban y no se cumplen, lo que muere es la democracia.
Sign Up For Daily Newsletter
Be keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.
[mc4wp_form]
By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time.