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Cataluña: Más leña al fuego no ha servido para extinguir la fogata El Imrani El Idrissi Hamid

Una de las causas que ha favorecido las autosuficientes posturas de la presidencia del gobierno de España ante el conflicto catalán,  ha sido el silencio de la Comunidad Europea.

Imrani Idrissi Hamid
 El diálogo político que desde tan diferentes vías intentaron ofertarse para mediar en el choque de trenes que se preveía, fue negado sistemáticamente por el Partido Popular, quien una y otra vez buscó en las vías judiciales la respuesta a tan complicada situación, sin importarle que lejos de aliviarse, cada vez era mayor el alejamiento de posturas.
 En nombre del respeto a los asuntos internos que afectan a España, los políticos  europeos han permanecido al margen ante el cada vez más enmarañado curso de los acontecimientos. Mariano Rajoy y sus aliados no han sabido hacer política. Han judicializado cada una de sus decisiones siendo éstas cada vez más desproporcionadas, los enfrentamientos más enérgicos, los criterios más polémicos… Destituciones, encarcelamientos, multas y prohibiciones, malestar social generalizado, radicalización de posturas, exilios… han sido noticia en España los últimos meses.
 Las violentas cargas policiales autorizadas para evitar la celebración del referéndum catalán en el que la ciudadanía pudiera expresar libre y democráticamente su opinión el 1 de Octubre, y que dejaron más de 1000 heridos, sirvieron de escaparate a los socios de Europa. La tolerancia supuesta en un Estado democrático empezó a ponerse en tela de juicio.
 Cada vez era mayor la obcecación del gobierno de M. Rajoy por zanjar radicalmente a los independentistas. Los líderes soberanistas tenían estudiados cada uno de los pasos con los que continuar su hoja de ruta, y la seguridad de sus movimientos cada vez enervaba más al gobierno central, que se veía incapaz de parar el entusiasmo de más de dos millones de ciudadanos catalanes. Echando más leña al fuego, hizo uso del artículo 155 de la Constitución Española, reservado como última opción y cuyas consecuencias permanecerán como una herida difícil de cicatrizar.
 Derechos recogidos en la misma Constitución que se pretende proteger, han sido menospreciados. Parlamentarios encarcelados o exiliados, ceses e inhabilitaciones que han servido para  desviar la atención de la opinión pública ante gravísimos casos de corrupción que salpican al propio gobierno del PP, dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes y responsables municipales, quienes claramente sí debieran vérselas con la justicia.
 La convocatoria del 21 de Diciembre de elecciones en Cataluña y tras el ´descabezamiento´ del movimiento separatista, probó que en última instancia no se trata de los líderes. Son los más de dos millones de catalanes los que se pronunciaron a favor del soberanismo, y muchos otros indecisos sumados al ver la incapacidad del gobierno de Rajoy en entender y dialogar con la ciudadanía catalana.
 El pasado 23 de marzo fue otra fecha clave para poner en tela de juicio la democracia española. Nuevas órdenes de encarcelamiento en las filas de los independentistas, entre ellos el candidato a ser investido President, Jordi Turull, provocó el estallido de la ciudadanía que se echó a la calle para demostrar al gobierno central su repulsa ante tales afrentas.
 Y de nuevo más tensión cuando después de montar una operación al ´estilo James Bond´ se detuvo este domingo al ex presidente Puigdemont que regresaba de Helsinki, Finlandia, a su residencia habitual en el exilio, en Waterloo, Bélgica. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena había reactivado la Euroorden que reclamaba la detención y extradición de los exiliados, la misma noche del viernes, cuando salía Puigdemont de la capital finlandesa. Los investigadores de la Comisaría General de Información habrían instalado un geo localizador en el coche, interceptándolo y materializando el ´arresto provisional´ de Puigdemont en Alemania, después de haber atravesado Suecia y Dinamarca y sin que las autoridades de estos dos países atendieran la orden de Llarena.
 Con la detención del máximo líder independentista, nadie puede negar que su objetivo en internacionalizar el tema catalán, haya sido conseguido. A partir de esta fecha el conflicto en Cataluña ya no es un problema sólo de España sino que se ha convertido en un problema de toda Europa.
 En Alemania, todos los informativos iniciaban sus boletines con Puigdemont o Cataluña.  El periodista copropietario del semanario alemán “Der Spiegel”, Jakob Augstein, publicaba un artículo en el que señala que Alemania no puede permitirse extraditar al presidente Puigdemont, y pide que se le conceda asilo político. En su publicación califica al Estado español de centralista y le reprocha haber actuado contra su propia gente. Augstein concluye “La detención del presidente catalán es una desgracia para España, para Europa y para Alemania.”
 En la misma línea ocurría en Escocia, donde recordemos se encuentra exiliada la ex consellera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, contratada como profesora en la Universidad de Saint Andrews, quien se ha visto apoyada en su causa por alumnos y profesores: “Está siendo perseguida por defender sus ideas políticas.”
 Ponsatí voluntariamente se personaba este miércoles en los juzgados de Edimburgo. Ante la dificultad económica para costear los gastos de su defensa, ponía en marcha un crowdfunding, que en tan solo cuatro horas alcanzaba las 100.000 libras y que ha llegado al doble a lo largo de la jornada. La ex consejera ha sido dejada en libertad tras comprobarse que los cargos por los que se le acusaba eran políticos y no penales. Recibía el aplauso y respaldo  de un grupo de personas que se habían reunido allí para conocer la decisión judicial y mostrarle su apoyo.
 El prestigioso periódico británico “The Times” también ha respondido a la detención de Puigdemont, publicando una crítica editorial contra el gobierno español y su forma de actuar en el proceso independentista catalán. Con el título “España otra vez” envía un rotundo mensaje al gobierno de M. Rajoy: “Madrid tiene que empezar a hablar con sus oponentes y dejar de encarcelarlos.” Dirigiéndose directamente al presidente español redactaba: “No ha dado realmente ningún paso para entender por qué una proporción tan importante de catalanes quiere la independencia.” La editorial recordaba también que la guardia civil habría registrado en dos ocasiones el jet privado del ´mister´ catalán Pep Guardiola, entrenador actual del Manchester City, por temor a que se usara para ocultar a Puigdemont.
 En Cataluña, desde la noticia de su detención, las protestas se han reactivado. Los llamados ´Comités en Defensa de la República´ (CDR), grupos convocados a través de internet y mayoritariamente ´antisistema´, pero donde se pueden encontrar ciudadanos de todas las edades y condiciones, han protagonizado altercados que están alterando la rutina de las principales ciudades catalanas, cortando las principales vías de acceso a las ciudades y formando barricadas en los puntos fronterizos, que han provocado la intervención policial y de nuevo heridos y detenciones.
El juez Llarena y su familia llevan escolta policial desde que éste ordenara la entrada a prisión de Turull y los otro cuatro líderes catalanes (Forcadell, Romeva, Bassa y Rull) Otros jueces también han solicitado protección personal al Ministerio del Interior.
 La Comunidad Europea ha evitado comentar la decisión de detener a Carles Puigdemont en Alemania. Su portavoz, Alexander Winterstein aseguraba a los medios que la CE “no entrará a valorar la situación judicial de los políticos catalanes”, “No comenta los procesos judiciales que se llevan a cabo en los países miembros.” Un portavoz acorralado ante las preguntas de los periodistas. Ha sido la radio pública alemana Deustschlandfunk, la primera del país, quien  informara este lunes, en plena deliberación jurídica de la Euroorden, que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había admitido el recurso interpuesto por Puigdemont ante la falta de garantías judiciales en España. “Ahora el gobierno español dispone de seis meses para pronunciarse”, señalaba la emisora.
 La jueza alemana de instrucción que el lunes interrogara al ex mandatario catalán afirma que la extradición puede ser considerada “improcedente”, por lo que podría ser denegada. No obstante no es esta jueza a quien le compete decidir su posible entrega a las autoridades judiciales españolas. Sus funciones eran la de identificar al acusado, tomarle declaración y recoger la información referente a la forma en que se ha producido la detención. Quien deberá autorizar en última instancia la extradición de Puigdemont es el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein.
 El delito de rebelión por el que se acusa a Puigdemont no está recogido en tales términos en la legislación alemana, declaraba el político liberal Wolfang Kubicki, uno de los cinco vicepresidentes de la Bundestag (Cámara Baja del Parlamento). El también experto abogado, no descartaba la posibilidad de que la entrega a España fuera por otros motivos. Otros leen como ´delito de rebelión´ el similar recogido en el artículo 81 del código penal alemán para “quien intente con violencia o bajo amenaza de violencia perjudicar la continuidad de la existencia de la República Federal alemana o cambiar el orden constitucional, basado en la Constitución alemana”
 En cualquier caso, los abogados, el español Alonso-Cuevillas y el belga Paul Bekaert, iniciaban contactos con colegas alemanes para organizar la asistencia jurídica de Puigdemont tras su nueva situación. Alonso-Cuevillas aseguraba que su cliente se dirigía a Bélgica con la intención de ponerse, como siempre, a disposición de la justicia belga cuando fue interceptado y detenido, y expresaba: “Puigdemont es consciente de que su privación de libertad se puede alargar.”
Hay dos “anécdotas curiosas” que exponer en relación a la detención del ex presidente catalán:
La primera, que la historia pueda repetirse si Alemania extradita a Puigdemont, pues fue la policía de la Alemania nazi, la Gestapo, quien en agosto de 1940 localizara al exiliado en la Francia ocupada, Lluís Companys, y le entregara a las autoridades franquistas. Companys declaró la República Federada Catalana y fue presidente de la Generalitat desde 1936 hasta 1940, sus dos últimos años en el exilio. Aún estaba en el cargo cuando fue ejecutado el 15 de octubre de 1940.
La segunda, que desde el sábado 21 de octubre del 2017 en la que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara cesar al presidente de la Generalitat, al vicepresident y a todos sus consejeros y hasta el 25 de marzo del 2018, fecha de la detención de Puigdemont, han pasado 155 días. Un número significativo, pues también ese sábado el Gobierno Central decidía, ´para restaurar la legalidad´ aplicar en Cataluña el polémico artículo 155 de la Constitución, que aún paraliza la autonomía.
Y en medio de todo este cúmulo de dificultades que atraviesa España,  ¿qué propone el gobierno central? ¿En qué se ha visto mejorada la situación después de tanto encarcelamiento, después del 155 y la detención de Puigdemont?
“El peligro es tener que pelear no por los derechos, sino por el derecho a tener derechos” analizaba el ex político y tertuliano Javier Aroca en “ElPeriódico”.
Más leña al fuego no ha servido para extinguir la fogata.  Todo lo contrario, cada vez es más difícil controlarla…
 

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