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Cataluña patas arriba: “Habría que tender puentes, no dinamitarlos” (José Montilla) El Imrani El Idrissi Hamid

  • Barcelona  se ha lanzado a la calle la tarde del viernes para protestar por el auto de prisión incondicional sin fianza emitido por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena,  y por el que los principales líderes del Govern  serán encarcelados:  Jordi Turull (candidato a la Presidencia de la Generalitat y diputado por JxC), Raül Romeva (ex conseller de Exteriores y diputado por ERC), Josep Rull  (ex conseller de Territorio y diputado por JxC,), Dolors Bassa (ex consellera de Trabajo, dejó su acta de diputada) y Carme Forcadell (ex presidenta del Parlament Catalán, quien también dejó su acta de diputada), todos ellos con cargos de rebelión y malversación de fondos públicos. 

    Imrani Idrissi Hamid
    Los tres primeros fueron llevados a la cárcel de Estremera  (donde permanecen en prisión preventiva desde el pasado 2 de noviembre el ex vicepresidente Oriol Junqueras y diputado por ERC y el ex conseller de Interior, Joaquim Forn, diputado por JxCat, con las mismas imputaciones)  y las dos últimas a la penitenciaria de mujeres  de Alcalá Meco, también de la provincia de Madrid. 
    Barcelona anoche
    Y es que el tema catalán en España se ha trasladado de Moncloa al Supremo. De los 28 políticos imputados, 25 habrían abandonado el Tribunal Supremo con cargos.
    Además, los 14 ex miembros del Govern procesados por malversaciónfondos públicos deberán responder solidariamente de una fianza de responsabilidad civil impuesta por Llarena de 2,1 millones de euros. 
    El delito de rebelión según el Código Penal español contempla penas de entre 15 y 25 años para los líderes y hasta de 30 años si se han producido enfrentamientos o combates, y penas de inhabilitación de hasta 20 años si los promotores ocupaban un cargo público en ese momento.  
    Al mismo tiempo, Llarena habría activado la Euroorden, por la que el TS solicita la detención internacional del ex presidente catalán exiliado en Bruselas, Carles Puigdemont y el resto de ex consellers exiliados, incluida Clara Ponsatí, miembro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y ex consejera de Enseñanza de la Generalitat, que se exilió en un primer momento a Bruselas y después a Escocia al ser contratada por la Universidad de Saint Andrews, pues ella y el resto de sus compañeros eran entonces libres de moverse por la UE.  
    No ha solicitado Llarena la activación de la Euroorden para Anna Gabriel, ex diputada de la CUP  y acusada solo de desobediencia, quien se exiliaba a Suiza a mediados de febrero.  
    Este mismo destino ha sido el elegido por Marta Rovira, la secretaria general de ERC, quien  sorpresivamente para muchos, decidía no presentarse a su cita en los juzgados evitando así, en principio, librarse de entrar en prisión. Rovira ha dejado su acta de diputada. El pasado 18 de febrero había declarado ante Llarena, acusada de Rebelión. Salía de su cita en libertad provisional tras el depósito de una fianza de 60.000 euros. En el juzgado no se le retiró el pasaporte ni se le indicó la prohibición de salir de España. En una emotiva carta enviada a la cadena de radio de ámbito catalán RAC1, Marta Rovira aseguraba haber tomado la decisión con profunda tristeza, pero que era “mucho más triste vivir silenciada interiormente”. 
    Sin embargo, esta misma mañana llegaba a Suiza la orden de detención para ella. El gobierno helvético estudiaría su caso, aunque reiterando que “no concede la extradición por delitos políticos”.
    El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha señalado  (Esta mañana) en Catalunya Radio que su cliente se pondrá a disposición de la policía finlandesa, pues es en este país donde se encontraba el ex presidente catalán estos días, participando en un ciclo de  conferencias, si bien tenía pensado regresar el sábado a Bruselas. Hannu Kautto, portavoz de la Oficina Nacional de Investigación criminal de Finlandia,  ha informado de la llegada el viernes por la noche de la orden europea que solicita la detención y extradición del político catalán y que la policía y fiscalía finlandesas están estudiando la documentación.
    Muchas son las acciones que se están llevando a cabo que empujan el problema hacia un laberíntico futuro. 
    “Habría que tender puentes, no dinamitarlos”,  expresaba en una conferencia en Linares, Jaén, el senador del PSOE y ex presidente de la Generalitat, José Montilla, y advertía que de este problema “se sale con política, que ha estado ausente durante demasiado tiempo.” 
    “La senda del diálogo, la negociación, el respeto al adversario…” que expresaba Montilla,  no ha podido ser coincidente con la situación de tensión y violencia vivida la noche pasada, donde miles de manifestantes, como comentábamos en el encabezamiento de este artículo, se habrían lanzado, desde diferentes puntos de la geografía catalana, en contra de la represión del estado y para pedir la libertad de los políticos encarcelados. Multitudinarias concentraciones en Lleida, Tarragona y Girona.  Más de 10.000 manifestantes lo hacían en Barcelona, frente a la Delegación de Gobierno. Los Mossos d´Esquadra  cargaron contra los asistentes que pretendían cruzar el cerco policial, disparando salvas y mostrando lanzadoras de proyectiles de precisión. Las manifestaciones del viernes se saldaron con 35 heridos, la mayoría de ellos de carácter leve y donde 15 personas requirieron atención en diversos centros sanitarios. 
    El pasado jueves,  22 de marzo, en el Pleno en el que se pretendía investir al candidato Jordi Turull, la CUP se abstenía y negaba así su apoyo al candidato propuesto por JxC y ERC.  
    El tercer candidato en tres meses. Ni Puigdemont fue admitido por estar en el exilio, ni ahora Turull. Y entre medias de ambos,  el nombre del candidato Jordi Sànchez, ex presidente de ANC, sin autorización por parte del juez Llarena para salir de Estremera  acusado de Rebelión. El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitía a trámite la denuncia de su abogado este 21 de marzo, e instaba al Estado español a garantizar los derechos políticos de Sànchez.
    El gobierno español dispone de 6 meses para responder  al Alto Comisionario de la ONU. Medio año es mucho tiempo cuando los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente y donde se cumplen plazos.
    De hecho, la primera votación de investidura ha abierto el plazo de 2 meses para encontrar  un nuevo candidato para el Govern. Si en esos 60 días no se elige presidente, se celebrarían nuevas elecciones transcurridos 54 días más, es decir, para el próximo  15 de julio. 
    Hasta que Cataluña pueda gozar de un nuevo Ejecutivo y se levante el controvertido artículo 155 que pesa sobre ella, no podrán elaborarse los presupuestos del estado  .  El señor M. Rajoy, ante el revés que ha supuesto la negativa de la CUP, tendrá que esperar para poder negociar su ahora objetivo prioritario, los presupuestos del 2018. Una condición del Partido Nacionalista Vasco, PNV, para apoyar las cuentas del gobierno, es que el artículo 155 deje de tener vigencia en Catalunya. Por su parte, el argumento del Partido Popular al respecto es que es la propia incapacidad de los políticos independentistas los que permiten que el artículo 155 siga en vigor. 
    Al no llegar a un mayoritario acuerdo, el Pleno de investidura  se suspendía  hasta la mañana este sábado, donde se esperaba  un nuevo debate y una segunda votación. La orden de encarcelamiento de  Jordi Turull ha modificado los acontecimientos, aunque su propio abogado habría expresado al Presidente del Parlament mantener el pleno de su investidura, pese a la contraria solicitud del PP, el PSC y Cs.
    Roger Torrent ha decidido mantener el pleno de investidura de Jordi Turull, con debate pero sin votación. Lo ha hecho por la situación excepcional que no quiere normalizar. “Si actuáramos como si no hubiera pasado nada, estaríamos normalizando una situación de injusticia, involución y represión”
    El discurso de Torrent en el hemiciclo ha sido el de no cesar hasta que los políticos encarcelados queden en libertad y los exiliados en el extranjero vuelvan a casa. En este escenario,  ha convocado a las fuerzas políticas y sociales a formar “un frente unitario de defensa de la democracia y de los derechos fundamentales” al que se sumen todos los ciudadanos de Estado que “sean solidarios con nosotros como nosotros lo hemos sido tantas veces en defensa de la paz y la libertad”. Sus propuestas no han sentado bien a los partidos soberanistas, y el representante del PP, Albiol, abandonaba la sala por considerar  el uso del pleno de investidura para hacer posicionamientos sobre la situación política como un ´fraude de ley´.
    El auditorio del Parlament ha sido el elegido para la firma de esta declaración por parte de Elsa Artadi (JxC), Sergi Sabrià (ERC), Xavier Domènech (En Comú), Carles Riera (CUP) y los ex presidentes del Parlament Ernest Benach, Joan Rigol y Nuria Gispert y el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas. La declaración ha sido leída en esta sala frente a familiares de los políticos encarcelados y los asistentes afines a la causa.
    Turull, junto a otros  cinco ex consellers, había salido de prisión en diciembre del 2017, donde permanecían desde noviembre por orden del Juez Instructor Llarena y tras abonar la fianza de 100.000 euros impuesta para cada uno de ellos. Tres meses después, su reingreso en  Estremera le hacía recordar a Nelson Mandela, como escribía en un tuit: “Cualquier persona o institución que intente robarme la dignidad, perderá.” 
    Lo que para algunos es “la muerte del procès”, alegaba Albert Rivera de Cs, “y el Pleno celebrado el jueves su entierro”, para otros es el momento donde sentirse más fuertes, donde “no van a renunciar a sus anhelos”. La dualidad del problema no permite llegar a un consenso de las partes y mucho menos a estas alturas de los acontecimientos.
    “La democracia ha quedado suspendida y, frente a esto, no vale la equidistancia… El encarcelamiento de independistas ´refleja el abuso de poder´ y la ´prostitución del poder judicial´, pero también ´un Estado en descomposición´ expresaba el portavoz de ERC, Sergi Sabrià y recogido por la agencia EFE en su edición española.
    ´Abuso de poder´, ´prostitución del poder judicial´, ´Estado en descomposición´… Todo ello en un solo párrafo.
    Mal asunto para el futuro del reino de España
     
 
 
 
 
 
 
 
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