Las imágenes de miles de jóvenes marroquíes llegando a la ciudad de Ceuta, coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono, han vuelto a situar la inmigración irregular en el centro del debate internacional. Muy pronto, la cuestión trascendió su dimensión humana y social para convertirse en objeto de confrontación política y mediática.
Se sucedieron declaraciones desde varias capitales europeas, diversos actores internacionales intervinieron en el debate y algunos medios de comunicación se apresuraron a interpretar lo sucedido desde la lógica de la conspiración, sosteniendo que Marruecos utilizó la migración como instrumento de presión sobre España debido a sus posiciones internacionales o a la visita de su presidente del Gobierno a Argelia.
Estas interpretaciones, por muy atractivas que puedan resultar desde el punto de vista mediático, no resisten un análisis objetivo, ya que ignoran las realidades geográficas, las dinámicas de la migración y las lecciones de la historia, sustituyendo los hechos por conclusiones de carácter político.
La primera premisa para comprender lo ocurrido es que Ceuta no es únicamente una ciudad ocupada por España; constituye también la única frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano. Este dato geográfico la convierte, por su propia ubicación, en un punto permanente de atracción para la inmigración irregular, del mismo modo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos, entre Turquía y Grecia o entre Bielorrusia y Polonia, donde de forma periódica se registran intentos individuales y colectivos de cruce.
En este tipo de zonas fronterizas, la migración es un fenómeno estructural vinculado a las diferencias de desarrollo y a la esperanza de alcanzar una vida mejor, y no un hecho excepcional que requiera necesariamente una explicación política.
La memoria reciente basta para confirmarlo. Desde hace años, Ceuta y Melilla han sido escenario de repetidos intentos de entrada protagonizados por migrantes procedentes de países del África subsahariana. En aquel momento, nadie acusó a sus Estados de organizar esas operaciones o de utilizarlas con fines políticos. Sin embargo, cuando la mayoría de los migrantes son jóvenes marroquíes, surgen de inmediato hipótesis que hablan de una «operación planificada» o de «mensajes políticos». Ello pone de manifiesto que determinadas interpretaciones responden más a posicionamientos políticos que a los hechos.
Más aún, estas acusaciones contradicen la política seguida por Marruecos durante las dos últimas décadas. El Reino se ha convertido en un socio esencial de la Unión Europea en la lucha contra las redes de trata de seres humanos, en el control de las fronteras y en el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales. Para ello ha destinado importantes recursos humanos, técnicos y financieros, asumiendo responsabilidades que no solo le conciernen a él, sino también a la seguridad y la estabilidad de Europa.
Si el objetivo hubiera sido ejercer presión política, Marruecos no habría cooperado con las autoridades españolas para facilitar el retorno de un gran número de sus ciudadanos que accedieron de forma irregular a Ceuta, ni habrían continuado funcionando con normalidad los mecanismos de coordinación administrativa y de seguridad entre ambos países. La cooperación marroquí-española en materia migratoria se ha convertido en una opción estratégica y no en un instrumento coyuntural de presión o de negociación.
Lo ocurrido refleja, ante todo, una crisis de confianza que afecta a una parte de la juventud, así como la percepción de que el futuro se encuentra al otro lado del Mediterráneo. Se trata de un fenómeno que no puede reducirse únicamente a una dimensión política o de seguridad, ya que confluyen factores económicos, sociales, culturales y psicológicos. A ello se añade el papel desempeñado por las redes sociales, que contribuyen a amplificar rumores y a transformar informaciones no verificadas en llamamientos colectivos a cruzar la frontera en cuestión de horas.
Desde esta perspectiva, afrontar el fenómeno no comienza en las vallas fronterizas, sino en la escuela, la familia, la universidad, el mercado laboral y las políticas culturales y de comunicación. El joven que arriesga su vida no necesita únicamente oportunidades de empleo; necesita también recuperar la confianza en su país y sentir que el éxito es posible dentro de él tanto como fuera de sus fronteras.
Sin embargo, el debate europeo sobre la migración también adolece de una evidente contradicción. Por un lado, reclama un mayor control de la inmigración irregular y, por otro, continúa atrayendo a médicos, ingenieros, investigadores y profesores procedentes de los países del Sur en el marco de lo que denomina «migración legal, ordenada y segura». Surge entonces una cuestión fundamental: ¿puede hablarse de justicia en un sistema internacional que impide el paso a los más desfavorecidos mientras abre sus puertas a los profesionales altamente cualificados cuya formación ha requerido años de esfuerzo y una importante inversión por parte de los países en desarrollo?
La fuga de talentos se ha convertido en uno de los desafíos más graves para los proyectos de desarrollo en África y en el mundo árabe. Un Estado que invierte en la formación de un médico, un ingeniero o un investigador, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, asume un elevado coste humano y financiero. Posteriormente, los países industrializados se benefician de esos profesionales ya formados, sin haber contribuido a los gastos de su preparación. De este modo, el capital humano termina trasladando sus beneficios del Sur al Norte, en una de las manifestaciones más evidentes del desequilibrio existente en las relaciones internacionales.
No se trata de privar a las personas de su derecho a desplazarse, derecho reconocido por los instrumentos internacionales, sino de establecer reglas más equitativas para la gestión de la migración internacional. Del mismo modo que las instituciones internacionales hablan hoy de justicia climática o de justicia fiscal, ha llegado el momento de abordar también la justicia en la migración de las competencias.
Desde esta óptica, podrían plantearse nuevos mecanismos internacionales que obliguen a los países beneficiarios de profesionales extranjeros a contribuir a la financiación de programas destinados a formar nuevas generaciones de médicos, ingenieros e investigadores en sus países de origen, o bien crear fondos comunes para apoyar a las universidades, la investigación científica y la formación profesional. No se trataría de imponer un impuesto a la libertad de circulación, sino de establecer una compensación justa por una inversión asumida por otro Estado.
Asimismo, la asociación entre Marruecos y la Unión Europea debería ir más allá de un enfoque exclusivamente securitario. Marruecos no solo protege sus propias fronteras, sino que contribuye de manera efectiva a la protección de la frontera sur de Europa, asumiendo importantes costes humanos y financieros en la lucha contra la inmigración irregular. Resulta, por tanto, legítimo que este papel vaya acompañado de mayores inversiones europeas en educación, innovación, industria y creación de empleo, para que la migración sea una opción y no una necesidad.
Lo ocurrido en Ceuta no debería convertirse en una ocasión para intercambiar acusaciones, sino en una oportunidad para replantear el conjunto del sistema internacional de gestión de la migración. La migración no es únicamente un movimiento de personas; es también el reflejo de los desequilibrios del desarrollo mundial y no puede abordarse únicamente mediante vallas, patrullas de seguridad o discursos políticos.
La experiencia internacional ha demostrado que los muros no detienen la migración mientras persistan las causas que la originan, y que la verdadera seguridad comienza con la inversión en las personas y no con el refuerzo de la vigilancia fronteriza. Si Europa desea contar con un socio estable y capaz de gestionar este desafío, debe considerar a los países del Sur como socios para el desarrollo y no únicamente como guardianes de sus fronteras.
El futuro del Mediterráneo no puede construirse sobre el miedo mutuo ni sobre las teorías de la conspiración, sino sobre un nuevo pacto basado en el desarrollo compartido, el respeto mutuo y la corresponsabilidad. La migración no constituye una crisis exclusivamente marroquí ni española; es un desafío mundial que exige superar los cálculos coyunturales para avanzar hacia una visión más justa y más humana.
Quizá la principal lección que debe extraerse es que el siglo XXI ya no conoce únicamente la migración de la mano de obra, sino también la migración del conocimiento y del talento. Si toda persona tiene derecho a buscar un futuro mejor, los Estados también tienen derecho a no verse privados de su mayor riqueza: su capital humano. En este sentido, la reforma del sistema internacional de migración ha dejado de ser un ejercicio meramente intelectual para convertirse en una necesidad orientada a alcanzar un nuevo equilibrio entre el derecho de las personas a la movilidad, el derecho de los pueblos al desarrollo y el derecho de los Estados a preservar las capacidades humanas que constituyen el fundamento de su progreso y del futuro de las próximas generaciones.
