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Comunicado Forum canario saharaui imputación hijo Brahim Ghali

Puntos sobre las ies

En relación al reciente auto judicial, en el que se acuerda la imputación del hijo de Brahim Ghali, Luali Brahim Sid El Mustafá, como autor indiciario de la falsedad documental a la administración del Hospital San Pedro de Logroño, este Fórum manifiesta lo siguiente:

“El Fórum Canario Saharaui recibe con satisfacción la imputación del hijo de Ghali y su puesta en busca y captura”

Desde esta asociación queremos mostrar nuestra satisfacción por la decisión del Juez Lasala, después de los continuos subterfugios anteriores de algunos de los potenciales responsables por eludir su responsabilidad en este caso, con la correspondiente y sospechosa protección de Abogacía del Estado e incluso del ministerio fiscal, que el mes pasado trató desviar la causa de los juzgados de Zaragoza a los de Logroño de forma inusitada, con pretextos un tanto peregrinos, así como dudosas intenciones.

Igualmente, el magistrado cita en el auto que “inicialmente hacia pensar que Ghali y su hijo llegaron a España acompañados de un buen número de personas integrantes de la Delegación Saharaui en España”, pero que tras la declaración por escrito de dicha delegación de que “desconocía todo lo relativo a ese viaje, el juez cree que esa versión queda “desacreditada”. En ese sentido, este Fórum cree que la mera afirmación por parte del Polisario de que no sabían nada de dicho viaje no lo convierte en verdad absoluta.

A estas alturas hay motivos más que de sobra para desconfiar de la palabra de dichos dirigentes. Máxime cuando son parte interesada, ya que son su máximo responsable y su propio hijo los potenciales perjudicados a estas alturas de la causa, toda vez que fueron exonerados de forma insólita algunos de los representantes políticos que la propiciaron. Igualmente cuesta creer que el hijo de Ghali por si solo fuese capaz de mover toda la burocracia y logística político-administrativa entre ambos países como para, por si solo, organizar un viaje de esta envergadura y de inciertas consecuencias que podía derivar en la compleja situación diplomática en la que degeneró. No nos cabe duda de que había muchas más personas implicadas, y al más alto nivel, tanto del Polisario como de la administración española.

Pero, en cualquier caso, aplaudimos esta decisión del juez. Si hay alguien que finalmente es indiciariamente responsable de este delito, y el juez así lo estima, que asuma las consecuencias penales que de ello se derive. Para lo cual entendemos como lógico el sobreseimiento provisional de la causa, en tanto en cuanto no sea devuelta la comisión rogatoria enviada a Argelia por el juez Lasala. Y por extensión, consecuencia de lo anterior, entendemos como algo obvio y natural que el juez en su auto ordene a las Fuerzas de Seguridad que trate de localizar al hijo del líder del Frente Polisario.

Una comisión rogatoria efectuada para esclarecer si el imputado hijo de Brahim Ghali falsificó la documentación con la que el líder polisario entró en España y se registró en el hospital de Logroño, y con objeto de saber si la fotocopia del pasaporte que se presentó en el centro hospitalario logroñés se corresponde en su forma con pasaporte expedido por las autoridades argelinas de manera regular. En definitiva, saber si les consta como cierta la identidad de la persona que ahí se identifica, Mohamed Benbatouche.

Ojalá nos equivoquemos, pero no esperamos un resultado positivo de dicha comisión rogatoria para esclarecer la identificación de Ghali a su llegada a Zaragoza y Logroño, ya que hay más de un precedente en ese sentido. Un claro ejemplo es el ocurrido hace unos años, cuando Argelia metió en un cajón e ignoró sine die la Comisión Rogatoria que se le envío desde la Audiencia Nacional, en relación a la causa que llevaba años abierta en dicha instancia por delitos de genocidio, torturas y detención ilegal presuntamente cometidos por Ghali y otros dirigentes del Polisario. Una comisión que se hizo con objeto de identificar a los querellados de dicha causa, y que incluía un cuantioso pliego de 30 preguntas.

Con ese tipo de actitudes, Argelia incumple repetidamente el convenio de asistencia judicial en materia penal entre España y Argelia, suscrito el 7 de octubre de 2002, un obstruccionismo judicial argelino que no nos sorprende y que, una vez más, condenamos.

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