«Cosas de nuestros vecinos»  Centros de menores José Antonio Carbonell

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La Asociación Estatal de Acogimiento Familiar destaca que “la altura de un país se mide por cómo trata a su infancia desprotegida” | aec Cortesia de El Ideal Gallego
 Los centros y los programas educativos para la ejecución de medidas judiciales, en la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 del 12 de enero, regula la responsabilidad penal de los menores.

Para que se haga una idea el ciudadano de a pie hay varios tipos de centros de menores, los hay de régimen abierto, semiabierto, terapéutico y cerrado.

Cada uno de ellos, con una función específica que es la de reinsertar al menor en todos los niveles, aunque la mayoría de las veces no se logre con éxito. 

Centrémonos en los menores que se encuentran en un centro de régimen cerrado, donde tienen que cumplir su medida y a través de programas educativos intentar su reinserción. 

Este tipo de centros, por sus características, necesita de una serie de profesionales que harán, que, en el día a día, estos jóvenes aprendan a vivir con unos valores que, son ajenos a ellos al llegar a estos centros. 

Los educadores son los profesionales más cercanos a estos jóvenes, junto con el personal de seguridad (vigilantes de seguridad). Pero serán los primeros, los que los guíen y enseñen a estos internos, mediante los programas educativos, a que se integren de nuevo a la vida real.

La figura del director, es la máxima autoridad dentro de un centro y será éste quien determine las acciones que han de seguir los educadores.

Existen algunos centros que cuentan con su propio Reglamento interno, el cual detallará las funciones a desempeñar por todos y cada uno de los profesionales que, directa o indirectamente van a tratar con estos jóvenes. 
El problema radica en este aspecto, porque no existe un Reglamento estatal, donde se especifiquen por igual todas las normas y pautas a seguir. 
Al no existir normas por parte de la Administración, cada centro actúa o procede según su criterio, con el correspondiente perjuicio (en muchas ocasiones) tanto para el personal educativo como para la seguridad del centro. 
Explicado a grandes rasgos, el funcionamiento de los centros, nos vamos a referir a lo tristemente ocurrido en un centro de régimen cerrado. 
Un caso real y reciente ha tenido lugar en Gran Canaria, en el Centro de Menores La Montañeta, donde un vigilante de seguridad se vio sólo ante una pelea entre quince menores, en un módulo y recibió (supuestamente) el impacto de una silla sobre su cabeza, cayendo inconsciente al suelo. 
Según el Gobierno de la ciudad, responsable de este centro, indica que se trata de muerte natural. 
Quedan pendientes las investigaciones pertinentes, para aclarar el fallecimiento de este hombre. 
Pero independientemente de que ésta haya sido muerte natural o no, en este tipo de centros ocurren a diario agresiones por parte de los jóvenes, tanto al personal educativo como al de seguridad. 
Todo esto ocurre, por un lado, debido a que la Administración se lava las manos y mira hacia otro lado, porque depende de ésta la tutela de todos estos jóvenes. Normalmente se carece del personal necesario y de los medios adecuados para afrontar situaciones violentas.
Por otro lado, también son culpables de esta situación, la empresas de seguridad que prestan servicio dentro de estos centros que, se muestran de forma corporativista, por no perder ese servicio, perjudicando de este modo a los vigilantes de seguridad. 

Carmelo, era un profesional de la seguridad que, ha perdido la vida en acto de servicio, pero ningún medio de comunicación se ha hecho eco de este suceso. 

José Antonio Carbonell