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Covid-19: El Ministerio Público llama a la aplicación estricta del decreto-ley sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria

Emergencia sanitaria

Rabat – Map

La Presidencia del Ministerio Público ha llamado la firmeza en la aplicación del decreto-ley Nº 2.20.292 sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria y los procedimientos para su declaración, publicado en el Boletín Oficial (Nº 6867 bis) en su edición del 24 de marzo de 2020.

En un comunicado, la Presidencia de la fiscalía invitó al primer Abogado General, los Abogados Generales en el Tribunal de Casación,  los fiscales del Rey ante los tribunales de Apelación y los Tribunales de Apelación Comercial y a los Fiscales del Rey ante los Tribunales de Primera Instancia y los Tribunales de Comercio a velar por la aplicación rigurosa de las disposiciones del decreto-ley.

Se trata partcularmente de entablar sin vacilación una acción judicial y de investigar las infracciones en materia de aplicación de las medidas adoptadas por las autoridades públicas en tiempos de emergencia sanitaria, ya sea mediante decretos, decisiones administrativas, circulares o comunicados, precisa el comunicado, subrayando la importancia de apoyar estas medidas preventivas para preservar la vida y la salud de los ciudadanos.

La aplicacion de las medidas represivas estipuladas en el decreto-ley es necesario contra infractores que menopreciar la vida de los ciudadanos y su seguridad al exponerlos a un peligro. El Ministerio Público hace hincapié en la concienciación de los ciudadanos sobre el peligro de la pandemia y el cumplimiento de las medidas de prevención y tratamiento previstas, así como en su compromiso con su aplicación.

Este llamamiento a la firmeza, agrega la misma fuente, concierne a todo acto cometido a partir del 24 de marzo de 2020, fecha de publicación del decreto-ley en el Boletín Oficial, hasta el 20 de abril de 2020 a las 18:00 horas, fecha del fin del estado de emergencia sanitaria, a menos que dicho plazo se prorrogue por decreto.

De conformidad con el decreto-ley, el estado de emergencia sanitaria se declara en caso de necesidad por decreto, a propuesta conjunta de las dos autoridades gubernamentales del Interior y de la Sanidad, dicho texto que deberá especificar el contexto geográfico de su aplicación, su duración y las medidas correspondientes a la misma.

El texto permite al Gobierno adoptar, en caso de necesidad absoluta, medidas excepcionales urgentes de carácter económico, financiero, social o medioambiental que puedan contribuir directamente a hacer frente a los efectos negativos del estado de emergencia declarado.

Estas medidas iniciadas por el Gobierno en estado de emergencia sanitaria también permiten una intervención inmediata y urgente para contrarrestar cualquier posible evolución de la situación epidemiológica y la movilización de todos los medios disponibles para preservar la vida de las personas y garantizar su seguridad.

El decreto-ley sobre las disposiciones relativas al estado de emergencia sanitaria y los procedimientos de su declaración estipula que toda persona que se encuentre en una región concernida por el estado de emergencia sanitaria debe cumplir las decisiones de las autoridades públicas.

Todo infractor será castigado con uno a tres meses de prisión y una multa de entre 300 y 1.300 DH o una de las dos penas, sin perjuicio de la pena más severa. Se prevén las mismas penas contra todos aquellos que violen las decisiones de las autoridades públicas recurriendo a la violencia, las amenazas, el fraude o la coacción.

El texto prevé además la misma pena para quien incite a otros a obstruir o contravenir las decisiones de las autoridades mediante discursos, o amenazas en reuniones publicas y a través de escritos, pancartas, fotos o grabaciones puestas a la venta, distribuidos o expuestos al público a través de los diferentes medios audiovisuales o electrónicos, o cualquier medio que utilice un soporte electrónico a tal efecto.

También hace hincapié en las medidas adoptadas por el Gobierno para prohibir a las personas abandonar sus lugares de residencia y también prohíbe toda aglomeración, concentración o reunión no profesional de un grupo de personas, independientemente de sus causas.

El mismo texto autoriza a los walis de las regiones y a los gobernadores de las prefecturas y provincias a tomar todas las medidas preventivas para preservar el orden público.

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