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De “por razones humanitarias” a “inaceptable” Fuga hacia adelante

Hablar de lo que no se sabe

 

En lo que constituye una prueba tangible de que el Gobierno de Madrid ocultó la identidad de una persona procesada y con nombre y nacionalidad falsos, para garantizar que se escape de la investigación judicial, el jefe de las milicias argelinas del Polisario, blanco de dos denuncias (entre muchas otras) por « tortura » y « genocidio », está, en principio, siendo escuchado esta misma mañana por la justicia española.

Las vanas tentativas de las autoridades españolas de eclipsar el epicentro de la crisis con Marruecos, invocando cuestiones subsidiarias de inmigración no les permitieron “cumplir” con sus promesas con sus socios y aliados argelinos contra la integridad territorial de Marruecos.

Independientemente de la acrobacia de la justicia española en este caso, la comparecencia del prófugo-genocida polisarista ante un juez para, en principio, responder de sus crímenes prueba cabal e innegablemente que su protector, el Gobierno español era consciente de la usurpación de la identidad de dicho individuo y de que su pasaporte había sido falsificado, lo que, también en principio, se considera un crimen según lo estipulado en el apartado 3 del artículo 451 del código penal español, precisó en una reacción al caso de Brahim Ghali.

A este respecto, el letrado Abdelkebir Tabih recordaba que el código penal español prevé una pena de entre seis meses y tres años de prisión contra cualquier individuo que haya ayudado a una persona a eludir las investigaciones realizadas por la autoridad o sus agentes sobre crímenes contra la humanidad, crímenes contra las personas, conflictos armados y terrorismo.

Con la comparecencia del acusado Brahim Ghali ante la justicia es legítimamente pertinente preguntarse: ¿Quién en España le ayudó a soslayar la justicia del país?

El juez de la Audiencia nacional, Santiago Pedraz no debe ignorarlo como tampoco debe ignorar, aunque niega investigarlo, como ha entrado Ghali o Mohamed Benbettouch al país.

De tal manera que si el acusado no responda a su entrada ilegal con nombre y nacionalidad falsos no sería exagerado considerar que todo esto es una mascarada política.

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