CrónicasEn voz altaFeatured

DESDE  MI OBSERVATORIO: LAS ISLAS FRENTE AL  CONTINENTE Canarias: Ramón Moreno

Tribuna infomarruecos.ma

Ramón Moreno Castilla
Periodista/escritor

¿Dónde están situadas geográficamente las Islas Canarias: frente a la Península Ibérica y, por tanto, en el continente europeo, en un recuadro al lado de Baleares como antes, y ahora en otro recuadro en el Golfo de Cádiz; ¿o frente al continente africano, a 96 km. (unas 52 millas marinas) del Estado ribereño, Marruecos?

Hecha esta precisión geográfica, absolutamente determinante en el Derecho Internacional, hay que señalar que ni para los Convenios de Ginebra de 1958 y 1960, 1 y 11 Conferencia del Mar, ni para el Derecho consuetudinario anterior, el concepto de “Archipiélago” existía

jurídicamente. Fue la acción diplomática perseverante y tenaz de Archipiélagos como Indonesia, Filipinas e Islas Fiji, muy afectados por el tema, quienes lograron que la 111 Conferencia del Mar consagrase el “principio archipelágico”, exclusivo y potestativo de los Archipiélagos ya constituidos en Estados libres y soberanos, que consiste en que estos Archipiélagos puedan delimitar sus espacios marítimos, no desde cada Isla en particular (como es el caso actual de Canarias), sino desde el conjunto del Archipiélago mediante el trazado de una línea imaginaria que une los puntos más extremos de las Islas más alejadas, y desde los lados (líneas de base) de ese polígono irregular  delimitar las 12 millas de Mar Territorial, las 12 millas de Zona Contígua y las 200 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) (para hacerla coincidir con las dimensiones de la Plataforma continental (PC), donde quedan englobados los espacios anteriores (Parte IV. Estados Archipelágicos, Artículos 46 al 54 a.i.)

En este sentido, se impone denunciar el falaz Informe de la Delegación española en la citada 111 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, compuesta por destacados juristas e internacionalistas, como Lacleta Muñoz, Pastor Ridruejo, lturriaga Barberan entre otros, que decía: “El valor del ‘principio archipelágico’ es meramente simbólico y esencialmente imaginario” (Ministerio de AA.EE. Oficina de Información Diplomática 1978}. O sea, la Delegación española ninguneó y minimizó el ímprobo trabajo de los 3.000 Delegados de los 121 países asistentes a dicha Conferencia previniendo la que se le venía encima a España con Canarias en un eventual proceso delimitatorio.

Hasta el extremo, que España entró en pánico y el Legislativo español se apresuró a legislar la fantasmagórica Ley 15/78  de  20  de  febrero  sobre una supuesta ZEE española en Canarias; pretendiendo  aplicarle a Baleares y Canarias, en el  mismo  paquete,  el  minusvalorado  “principio archipelágico”. Cuando fue el Principio Archipelágico y la Zona Económica Exclusiva los dos grandes logro s de la 111 Conferencia del Mar, sobre los cuales descansa la estructura legal del Derecho Marítimo Internacional.

Dicha Ley, como ya he denunciado, no existe jurídicamente ya que pese a estar instituida no está desarrollada. Esto es, el Gobierno español no ha enviado todavía al Secretario General de la ONU para que las haga públicas las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el “datum” geodésico de esa hipotética ZEE.

Con el agravante, de que cuando España suscribió la vigente Convención de Jamaica de 1982, que el Plenipotenciario español firmara en Nueva York el 4 de diciembre 1984, y que como Estado Parte firmara el 29 de  lulio de 1994, depositando el Instrumento  de Ratificación  el 15 de enero de 1996, e incorporándola al Ordenamiento Jurídico español mediante el BOE Nº 19 de 14 de febrero de 1997, toda la Legislación Marítima  española quedaba tácitamente derogada, dado que el Derecho Internacional, como norma de rango superior, tiene primacía y preponderancia sobre el Derecho interno de los Estados e, inclusive, sobre el Derecho de los Organismos supranacionales como la UE. (Ley 10/77 de 4 de enero sobre Mar Territorial, y la citada 15/78 de 20 de febrero sobre Zona Económica Exclusiva.

Dicho esto, y continuando con el análisis de la relación espacial Isla­ Continente abordada en el artículo anterior, resulta muy ilustrativo conocer las diversas teorías sobre esa relación de “amor-odio”, según se trate del status político-jurídico, o del factor geográfico del ente insular, o de los archipiélagos propiamente dichos. Conforme ha puesto de relieve Symmonds (“The marine zones of island in international law”, La Haya, 1979}, varios son los aspectos a destacar en la definición de “archipiélago” consagrada en la 111 Conferencia sobre el Derecho del Mar:

En primer lugar, un archipiélago puede incluir, además de la tierra firme insular, otras formaciones naturales (por ejemplo, los arrecifes) y las extensiones  de mar que las circundan, de forma  que constituyan una única entidad física y económica. En segundo lugar, debe existir una estrecha interrelación entre todas estas características. Así, Amerasinghe (“The problema of archipelagoes  in the  international law of the  sea”, 1974} viene a decir que resulta obvio que deben darse determinadas condiciones geográficas, tales como la de que dos o más islas estén situadas de tal manera que puedan ser capaces de ser geográficamente consideradas como un todo o una unidad. Ello implica que deber existir una estrecha relación y una dependencia geográfica entre el mar que rodea a las islas y la masa de tierra. La mera existencia de varias islas en el océano no constituye necesariamente un archipiélago. Han de darse excepcionales condiciones geográficas para justificar un tratamiento especial. Y en tercer lugar, el factor histórico es alternativo a los factores geográficos, económicos y políticos.

Según ha señalado Jiménez Piernas (“El proceso de formación del Derecho Internacional de los archipiélagos”. Madrid, 1982}, el concepto del “principio archipelágico” encuentra, además de una condición político­ geográfica, dos criterios matemáticas indispensables para poder aplicar con todas sus consecuencias a una determinada condición archipelágica, a saber: Primero. Debe tratarse de un Estado asentado exclusivamente sobre uno o más archipiélagos. Lo que supone exigir una condición político-geográfica que excluye a los Estados mixtos (territorio continental más territorio insular) de esta institución. Segundo. Entre las islas debe existir un cierto grado de integración, a definir como una diferencia entre las extensiones de agua y tierra encerradas en el “perímetro archipelágico” que ofrezca un radio o proporción razonables entre ambos elementos. Este criterio, sin duda satisfactorio en abstracto, se ha negociado y conectado en las cifras conocidas de una proporción límite de nueve partes de agua por una de tierra. Y Tercero. También debe haber entre las islas un cierto grado de adyacencia, a definir mediante el establecimiento de una distancia máxima entre las propias islas, negociada en las cifras de cien y ciento veinticinco millas como longitud máxima de las líneas rectas.

Atendiendo a la proximidad del territorio insular al continente, se pueden distinguir las siguientes clases de islas: a) Las islas situadas en la proximidad, no siempre inmediata, del litoral del Estado al cual se hayan integradas políticamente. b) Las islas oceánicas alejadas de las costas continentales. Y c) las islas situadas en la proximidad del territorio de un Estado al cual no pertenecen políticamente (que es el caso inequívoco de Canarias). Esta clasificación cuyo fundamento principal es la “distancia”, factor determinante de la proximidad o lejanía de la isla respecto al continente, viene a determinar la primacía del principio emergente de “localización geográfica”, consagrado en el Derecho Internacional, en detrimento del criterio obsoleto y ya periclitado de “soberanía  política” (para dar “validez” a la apropiación de territorios por la fuerza de las  armas) en el que se basan autores españoles para dar carta de naturaleza a la impuesta y artificiosa “españolidad de Canarias”; esgrimiendo la figura político-geográfica, que no jurídica, de los “Estados mixtos”. Cuando es evidente que el único archipiélago que otorga esa consideración a España es Baleares (en el mismo continente que la nación a la cual pertenece), y no Canarias que es un territorio de ultramar de una nación europea en África, o sea, una colonia disfrazada del encubridor eufemismo de RUP de la Unión Europea.

Teniendo presente esta clasificación, es interesante asimismo distinguir, conforme lo ha hecho Bowett (“The legal regime of island in international law”, 1979), entre las islas situadas dentro del mar territorial de un Estado y las islas situadas en alta mar. Según este autor, en el caso de las primeras existe la presunción de que la isla está bajo la misma soberanía que el territorio continental más cercano, y esa presunción se aplicaría a las islas existentes desde hace tiempo y a aquellas que pudieran emerger de repente como consecuencia de una erupción volcánica o gradualmente como resultado de depósitos aluviales procedentes de un estuario. Sin embargo, precisa este autor, esto solo puede ser una presunción ya que existen casos de islas bajo la soberanía de un Estado situadas en las proximidades de las costas de un tercer Estado a una distancia inferior al límit e de las aguas territoriales (12 millas marinas). Por ejemplo, las Islas anglonormandas del Canal pertenecientes a la corona británica, situadas en las proximidades de la costa francesa, o Saint Pierre y Miquelon, departamento francés de ultramar, situado frente a las costas de Canadá. Aquí la presunción quedaría desplazada una vez probada la soberanía ejercida por el Estado en cuestión.

Partiendo igualmente de la situación geográfica de las islas frente al continente, Apollis (“L’Emprise  Maritime eu le Droit de la mer”. París, 1980) distingue la existencia de tres zonas marítimas: 1.- La zona nacional de su propio Estado. 2.- La zona nacional de un Estado diferente al suyo. Y 3.- La zona internacional. Según este autor, las soluciones adoptadas varían en función de la relación de proximidad establecida entre las islas y los límites costeros que la rodean (interiores, laterales, exteriores) sin perjuicio de la interferencia de otros criterios: a) clásicos (el carácter natural de la formación insular y la emersión de la elevación del suelo); y

  1. b) complementarios (superficie, poblamiento e independencia del poder político). De este modo, afirma que nos encontramos ante la presencia de una problemática compleja en la que cada situación se presenta como un caso específico abocado a un tratamiento El debate gira entorno a la cuestión de saber si tales hipótesis exigen la elaboración de unas normas particulares (las islas al ser consideradas unas “circunstancias especiales” justifican un régimen derogatorio) o si la aplicación del Derecho común en materia de líneas de base o de delimitación basta para resolver los conflictos, de forma equitativa para las partes en litigio, en todos los lugares. Así concluye este autor argumentando que “ningún criterio simple, objetivo, manejable y eficaz, es clarificador al respecto”.

Y aquí hay que denunciar también, que Portugal conculca flagrantemente el Artículo 121.3 de la Parte VIII. Régimen de las Islas, de la vigente Convención de Jamaica de 1982, al incluir al minúsculo y deshabitado archipiélago de Las Salvajes, más cerca de Canarias que de Madeira, en cuya Zona de Pesca lo incluyó de forma subrepticia, para así conformar la Sub Zona Económica Exclusiva de Madeira, que junto con la Sub ZEE continental y la Sub ZEE de Azores, constituyen la ZEE de Portugal.

A la vista de todo lo expuesto, la pregunta es obvia: ¿cuál será el futuro del Archipiélago canario, un archipiélago costero africano, considerado una “circunstancia especial” por los juristas marroquíes dada su situación en la prolongación natural de la Plataforma continental de Marruecos?

Canarias, 16 de septiembre de 2020                       Ramón Moreno

rmorenocastilla@hotmail.com

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page