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DESDE  MI OBSERVATORIO:  LOS DERECHOS SOBERANOS DEL ESTADO  RIBEREÑO Ramón Moreno Castilla

Anàlisis

Ramón Moreno Castilla
Periodista/escritor

Desde este periódico digital, plural e independiente, quiero denunciar ante la opinión pública la intolerable manipulación informativa  de los medios de comunicación tanto de España como de Canarias, a propósito de la legítima decisión del Reino de Marruecos de ampliar sus espacios marítimos, que tanta polémica  ha suscitado. Porque, ¿qué país es el “Estado ribereño” concernido respecto a Canarias: España o Marruecos?

Marruecos, como Estado libre y soberano, y en aras de su propia soberanía, ha decidido ampliar sus espacios marítimos más allá de lo establecido en el Dahir de 8 de abril de 1981, mediante el cual ya establecía su Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas en la que quedaba englobado el Archipiélago canario excepto las islas de La Palma y El Hierro, como señalo en mi libro “Canarias lo tiene crudo” con motivo de las prospecciones petrolíferas. Y que ahora con la ampliación hasta 350 millas marinas toda Canarias está dentro de la ZEE marroquí. Porque nos guste o no, a Marruecos lo ampara la vigente Convención de Jamaica de 1982, que consta de 320 Artículos divididos en 17 Partes Principales y 9 Anexos Técnicos y que muchos tratadistas internacionales han dado en llamar la “Constitución de los Océanos”; aplicable “mutatis mutandis” a todos los países de la Tierra: desarrollados o en vías de desarrollo, ricos o pobres, con litoral o sin él.

Tanto España como Marruecos, que fueron Estados Parte signatarios de la citada Convención, estaban enfrentados por el proceso delimitatorio entre Estados con aguas adyacentes u opuestas. Mientras España defendía el trazado de la mediana por el método de la “equidistancia”, Marruecos propugnaba el método de la “equidad” o, en en su defecto, una combinación entre ambos métodos. Fue el presidente de la Conferencia, el representante de Singapur, que había sustituido al fallecido anterior presidente, el representante de Sri Lanka (antiguo Ceilán), quien con sus enmiendas transaccionales al articulado de la PC yZZE dejó zanjada la cuestión.

Pero he aquí, que cuando el Plenipotenciario español firma en Nueva York dicha Convención el 4 de diciembre de 1984, en el Instrumento de Ratificación España se parapeta en el Artículo 10 del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713 suscrito entre las Coronas de España y Gran Bretaña, declarando que: …”esta Convención no es aplicable a los espacios marítimos de Gibraltar supeditado a un proceso de descolonización en el que solo le serán aplicables las Resoluciones de la ONU en ese sentido” (Resolución 1514-XV). De esa forma, España se imposibilitaba “sine die” la

delimitación con Marruecos de las aguas del Estrecho; quedando en suspenso la delimitación de la “fachada atlántica”; que aparte de ser metafísicamente imposible llevarla a cabo por parte de España, es legalmente inviable dado que el problema que se suscita al pretender delimitar las llamadas “aguas canarias” es, precisamente, la imposibilidad legal de su delimitación dado el actual status del Archipiélago canario.

España no puede, bajo ningún concepto, trazar ninguna supuesta mediana entre Canarias y Marruecos por mucha ingeniería legislativa que haga para acomodar el Derecho Internacional al Derecho interno español. De hecho, la fantasmagórica Ley 15/78 de 20 de febrero sobre una pretendida Zona Económica Exclusiva española, con la que España basa sus ilegales actuaciones marítimas, no existe jurídicamente al no estar desarrollada. Esto es, el Gobierno español no ha enviado todavía al Secretario General de Naciones Unidas, para que las haga públicas, las cartas marinas con las coordenadas geográficas y el “dátum geodésico” de esa supuesta ZEE.

¿Qué argumentos sólidos y convincentes tiene España para oponerse legalmente a la extensión de 150 millas marinas más de las 200 millas ya consagradas en su Plataforma Continental y ZEE (la columna de agua suprayacente de la PC) que de forma legítima se propone acometer Marruecos una vez finalizados los correspondientes trámites legislativos? ¿A quién tiene que pedirle permiso Marruecos para ampliar sus aguas , máxime sabiendo que por el Oeste no tiene enfrente ningún Estado que se pueda oponer a tal ampliación? En pura praxis de Derecho Marítimo Internacional, quién único se podría oponer a esa delimitación sería un futuro Estado Archipelágico Canario, libre y soberano (como Cabo Verde, ex colonia portuguesa) y, por tanto, sujeto de Derecho Internacional.

¿O acaso pretender España ser “sujeto de Derecho Internacional” por cuenta de Canarias? Es justamente la tan socorrida españolidad de Canarias la que de todo punto imposibilita el trazado de cualquier mediana en las aguas adyacentes entre Canarias, Archipiélago costero africano, y Marruecos, el Estado ribereño. Con la particularidad, de que destacados juristas del vecino país sostienen que el Archipiélago canario está situado en lo que sería la prolongación natural de la Plataforma Continental marroquí; que como ha sentado jurisprudencia el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en otras tantas Sentencias, es un derecho “ipso iure” y “ab initio” del Estado costero, en este caso Marruecos.

¿O acaso es en la Plataforma Continental española, tan exigua por otra parte, donde está situada Canarias? La cuestión estriba en que España pretende ilegalmente tener extensiones extras de su PC y ZEE en un territorio de ultramar como es Canarias, en otro océano y en otro continente; más allá, de los límites exteriores que le corresponden por su ubicación en la Península Ibérica y en su Archipiélago de Estado, Baleares. De ahí la consideración de “Estado mixto” de España (territorio continental e islas), que es una figura geográfica, que no jurídica; y que, obviamente no es el caso de Canarias.

En este sentido, la otra pregunta es obligada y demoledora: ¿Si España conservara todavía las “provincias” de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Isla de Guam, Guinea Ecuatorial y el mismo Sahara, reclamaría también como suyos esos espacios marítimos y los recursos que contienen? ¿Para que se celebró entonces la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que legisló un nuevo orden marítimo internacional? ¿Cree acaso España que todavía está en 1493 cuando se repartió con Portugal la “mar océana”, más allá del Estrecho de Gibraltar?

Canarias,  6 de agosto de 20120                                 Ramón Moreno Castilla rmorenocastilla@hotmail.com

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