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DEUDA EXTERNA DE CHILE Y LATINOAMÉRICA Dr. Mario H. Concha Vergara, PhD. – Docente – Chile

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Dr. Mario H. Concha Vergara, Ph.D. – Docente, Chile

Poco tiempo atrás  la deuda de Chile no era tema de discusión, pues esta  no suponía ningún tipo de problema y hasta era motivo de orgullo entre los expertos locales debido a que  Chile se encontraba en una situación excepcional de acreedor neto en comparación con el resto de Latinoamérica, en especial con sus vecinos Argentina, Perú y Bolivia.

Pero, la pandemia del COVID 19 todo lo cambió pues se requiere mayores recursos fiscales para enfrentar el desempleo los mayores recursos fiscales para enfrentar la crisis del Covid y que se suman a las mayores demandas sociales surgidas a partir del 18 de octubre de 2019 fecha en que hubo una gran protesta social. Durante 2021 el Estado chileno ha tenido que invertir miles de millones de dólares en ayuda social para permitir que los miles de desempleados y afectados por la pandemia puedan sobrevivir más o menos holgadamente.

La deuda púbica de Chile ha ido aumentando progresivamente en los últimos años ubicándose en los niveles más altos desde 1991. De acuerdo al Banco Central de Chile, organismo completamente independiente, alcanza al 32,5% del Producto Interno Bruto y se compara con el mínimo histórico de 3,9% que registró en 2007. Solo en 2020, el gasto público se expandió a un ritmo de 10,5% respecto al 2019.

El asunto de la deuda no deja de ser importantes en un país que es considerado ordenado y serio en su gasto público ya que su aumento eleva la carga de los intereses que paga cada año el fisco y, paralelamente, afecta la clasificación de riesgo del país. Y, obviamente,  a mayor riesgo, más caro le resulta al país financiarse en los mercados externos aunque estos no han puesto problemas hasta el momento; por ejemplo Chile logró financiar 40 millones de dosis de diferentes vacunas contra el coronavirus, logrando, hasta el momento vacunar a más del 50% de sus población.

Lo bueno  de todo esto es que la posición de Chile sigue siendo de privilegio frente a las principales economías del mundo y también de la región ya que   deuda local de 32,5% del PIB es casi irrisoria en comparación a la que tiene Japón (uno de los países más ricos del mundo) y que llega a 256% del PIB. O la de Venezuela, que asciende a 304% del PIB (según sus falsos datos) del PIB, siendo la más elevada de todo el mundo.

Según el Banco Mundial entre los  vecinos, Chile tiene la deuda más baja, (33,%)  aunque es muy similar a la que tiene Perú y Paraguay. En América Latina y El Caribe, sólo Haití (25,1%) y Guatemala (31,7%) tienen niveles de deuda más bajos. Brasil tiene 85,9 % del PIB, Ecuador 60,2 %, México 54,0%, Colombia 53,1%, Rep. Dominicana 45,3%, Perú 32, 3%.

Para la CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe)    el COVID-19  ha generado un gran aumento de los niveles de endeudamiento de los países de América Latina y el Caribe lo cual pone en peligro la recuperación y la capacidad de los países de llevar a cabo una reconstrucción sostenible y con igualdad. Alicia Bárcena, miembro del directorio de CEPAL presentó el décimo Informe Covid-19 de la institución hace pocos días explicando que todos los países latinoamericanos han sufrido un deterioro de la situación fiscal, aumentando el endeudamiento de un 68,9 % a un 79,3 % del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2020 a nivel regional.

Según la CEPAL el nivel de la crisis, es tan grave que las necesidades de financiamiento de los países en desarrollo asciende a 2,5 billones de dólares, monto que supera la capacidad de préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) organismo que tuvo que crear instrumentos financieros para inyectar recursos a los 21 países de la región. Pero no todos acceden a las mismas condiciones; por ejemplo, economías como Chile, Perú y Colombia pueden optar a financiamiento sin límite de cuota, pero no es una opción disponible para la mayoría de los Estados, en particular los pequeños insulares del Caribe pues no tienen capacidad de pago.

Parte de la solución de estos problemas financieros, es que los países deben reorientar el gasto público hacia la creación de empleo y las actividades que son transformadoras y ambientalmente sostenibles. En dicho gasto se deben priorizar la inversión pública, el ingreso básico, la protección social universal, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), la inclusión digital y el desarrollo de tecnologías verdes.

En otras palabras, como lo está haciendo Chile, se debe priorizar en el aumento del empleo, aumento del salario mínimo, ayuda social a los desempleados, innovación energética, mejoramiento de las pensiones y construcción de viviendas sociales y mayor respeto de los Derechos Humanos. También se plantea una fuerte inversión en salud pública y Educación.

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