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EL AFFAIRE BRAHIM GHALI COMPLICA AL GOBIERNO ESPAÑOL Por el Dr. Adalberto C. Agozino

Anàlisis

 

Dr. Adalberto Carlos Agozino, periodista y escritor (La Argentina)

La decisión del gobierno socialista del presidente Pedro Sánchez de ingresar clandestina e ilegalmente al criminal Brahim Ghali, Secretario General del Frente Polisario, desata un conflicto con la justicia española y un serio incidente con Marruecos.

UNA BURDA MANIOBRA

El “Affaire Brahim Ghali” se inició el pasado 19 de abril cuando el gobierno de Pedro Sánchez, respondiendo a compromisos ideológicos y aspiraciones geopolíticas hegemónicas, aceptó que el gobierno de Argelia enviara con un pasaporte falso a nombre de “Mohamed Benbatouch” en un avión ambulancia al Secretario General del Frente Polisario para su tratamiento en el hospital San Pedro de Logroño, La Rioja, afectado de un cuadro severo de covid.

Cuando la burda maniobra se hizo pública, la ministro de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya reconoció el hecho y los justificó diciendo que Ghali había sido aceptado por “razones estrictamente humanitarias” sin mencionar en ningún momento que al hacerlo el gobierno español estaba violando las leyes internacionales y la legislación española al ingresar a territorio español a una persona buscada por la justicia y con documentación que les constaba que era apócrifa.

Al transcender la presencia de Brahim Ghali en suelo español y comunitario estalló el escándalo tanto nacional como internacional.

El líder del Frente Polisario no sólo es un notorio terrorista sino un criminal al que se atribuyen delitos de lesa humanidad y hasta crímenes de orden común, por lo cual diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ciudadanos corrientes comenzaron a exigir que Ghali sea puesto a disposición de la Audiencia Nacional de España para responder por los delitos que se le imputan.

LAS ACUSACIONES CONTRA GHALI

La Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo del Polisario (ACAVITE), por ejemplo, reclama por los trescientos españoles muertos o seriamente heridos entre 1986 y 1987. Victimas de los ataques cometidos por las bandas de sicarios comandados por Brahim Ghali cuando se atribuía el cargo de “Ministro de Defensa” de esa entidad inexistente que los separatistas insisten en denominar República Árabe Saharaui Democrática.

Estas víctimas se originaron en los ataques a 34 barcos pesqueros españoles y el atentado con explosivos a la cinta transportadora de fosfatos de Bucraa donde murió un trabajador español Raimundo Peñalver y resultaron gravemente heridos otros tres, uno de ellos Francisco Jiménez que quedó ciego y sordo de por vida y cuya hija Lucía Jiménez es las presidenta de ACAVITE.

Cabe destacar que estos atentados constituyen delitos tipificados en el derecho internacional y por el Código Penal de la mayoría de los países. En especial están contemplados en el artículo 573 del Código Penal de España y revisten carácter de imprescriptibles.

En tanto que otra organización humanitaria, la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) reclama la detención de Brahim Ghali por los delitos de genocidio, asesinato, aplicación de tormentos, desaparición forzada de personas y terrorismo cometidos contra la población marroquí de origen saharaui retenida contra su voluntad en los campamentos argelinos de Tinduf administrados por el Frente Polisario.

Recordemos también que, Brahim Ghali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que admitió una denuncia por estos delitos a tramite en noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la ASADEH y tres víctimas contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

Entre los querellantes que han recurrido a la Audiencia Nacional en busca de justicia se encuentra Saadini Malainine, una mujer cuyo padre fue torturado hasta morir en las cárceles del Polisario y ella, con tan sólo ocho años, fue arrancada del seno de su familia y enviada a Cuba para ser adoctrinada con la escusa de su “educación” como revolucionaria.

A estos reclamos por delitos de lesa humanidad se suma la denuncia por violación presentada por Jediyetu Mahmud Mohamed Zubair, quien siendo una adolescente, en 2010, Brahim Ghali violó en la supuesta “embajada” del Polisario en Argel con la ayuda de Abderkader Luely Talomar y otro empleado de esa legación.

Jediyetu con el patrocinio del abogado Agustín de la Cruz Fernández denunció el hecho ante la Audiencia Nacional de España y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

EL CASO FADEL BREICA

El caso que más complica la situación de Brahim Ghali ante la justicia española es la denuncia presentada por el ciudadano español es la denuncia presentada por el ciudadano español de origen saharaui Bua Da Mohamed Fadel Breica.

Tuve oportunidad de entrevista a Fadel, el 2 de marzo de 2020, en Ginebra, cuando concurrió al 45° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para brindar su testimonio sobre los más de cinco meses que padeció cárcel y torturas a manos de los esbirros del aparato de seguridad del Frente Polisario.

Fadel, un hombre sencillo y cortes, pero firme y claro en sus convicciones, que tras años de forzado exilio madrileño se expresa correctamente en español, me relato sus padecimientos a manos del Frente Polisario. Cuando conversábamos se le notaban las secuelas que en su cuerpo y en su ánimo habían dejado los largos meses de padecimientos en la cárcel de Dhaibia.

Fadel, que era miembro del grupo disidente “Iniciativa Saharaui por el Cambio”, creada en 2017, retornó desde España a los campamentos de Tinduf, como en otras ocasiones, para visitar a su familia. El 18 de junio de 2019 fue detenido fuera de todo marco legal por agentes del aparato de seguridad del Frente Polisario, empleando fuerza extrema para meterlo en un vehículo. Algo similar ocurrió simultáneamente con otro miembro del grupo disidente Iniciativa Saharaui para el Cambio, Mulay Abba Buzeid y Mahmud Zeidan, un experiodista de RASD-TV vinculado a otro grupo disidente el “Foro de Jóvenes Saharauis para una Solución”. Ambos grupos disidentes tienen su sede en España y desafían el liderazgo del Frente Polisario y se inclinan por explorar nuevas formas de superar el conflicto artificial que desde hace más de cuatro décadas afecta al Sáhara marroquí.

En el caso de Fadel permaneció incomunicado durante diez días, sin ningún acceso al mundo exterior o que sus familiares supieran que había sido de él, fue privado de la protección de la ley y con su integridad física y psicológica en serio riesgo.

Según él pudo entender durante los interrogatorios, la causa principal de su detención ilegal y de las torturas que le fueron aplicadas era su lucha por los derechos de los disidentes que eran víctimas de violaciones a los derechos humanos a manos del Frente Polisario. En especial su participación en una sentada de protesta frente a la embajada de Argelia en Madrid. La misma era una forma de reclamo para saber cuál había sido la suerte sufrida por un miembro de su tribu, el exsecretario general del Polisario, Ahmed Khalil Braih, su primo, que fue raptado en enero de 2009 en la ciudad de Argel. Ahmed Khalili Braih había expresado públicamente sus diferencias por los actos de corrupción en el seno de la dirección del Polisario, en particular el robo de la ayuda humanitaria para su posterior comercialización ilegal en mercados informales del Sahel.

Fadel permaneció como prisionero, sin nombre en una celda sin número, del “gulag” polisario durante cuatro meses hasta que fue liberado el 10 de noviembre de 2019 y expulsado de Tinduf debido a la presión internacional y al hecho de que contaba con nacionalidad española. Su relato es conmovedor y sincero. También es un claro ejemplo de lo poco que valen los derechos humanos y la libertad de expresión para los separatistas del Polisario.

Afortunadamente, el martirio al que fue sometido Fadel Breica no ha permanecido oculto. Ahora el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 87° Sesión (27 de abril al 1° de mayo de 2020), emitió el dictamen N°7/2020 respecto al caso de El Fadel Breica instando al Gobierno de Argelia a garantizar que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre las circunstancias de los hechos citados y a tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus derechos.

Que se proceda a la indemnización por los daños sufridos, en particular y en la forma de conformidad con el derecho internacional. Que el gobierno utilice todos los medios a su alcance para difundir este dictamen lo más ampliamente posible. Y que comunique las informaciones requeridas dentro de los seis meses que siguen a la transmisión de este  dictamen. Se reserva, sin embargo, el derecho de tomar medidas de seguimiento si nuevas informaciones preocupantes sobre el asunto atraen su atención. 

Eso le permitía a Fadel informar al Consejo de los Derechos Humanos acerca de los progresos logrados en el marco de la aplicación de sus recomendaciones o, si por el contrario, no se hizo nada en este sentido, como finalmente ocurrió.

En abril de 2021, denunció su caso a la Audiencia Nacional de España por lo cual el juez Santiago Pedraz ha citado al Secretario General del Frente Polisario para que hoy miércoles 5 de mayo declare como imputado por el delito de “secuestro y torturas”.

Sin embargo, la misma fuente judicial expresó sus dudas en cuanto a la posibilidad de que el líder independentista saharaui acuda a la cita, ya que continúa ingresado en un hospital, oficialmente y según sus allegados aquejado de coronavirus. No obstante, Los procedimientos formulados contra él en España permanecen abiertos y, por lo tanto, no podrá abandonar el territorio español sin autorización de la justicia.

Asimismo, han sido citados ese mismo día Sidahmed Battal y Bachir Mustafa Sayed, también miembros del Frente Polisario. Dos días después, deberán comparecer Mohamed el Khalil y Mohamed Salc Adesamada, en condición de querellados.

Como puede apreciarse el caso Brahim Ghali se está convirtiendo en una auténtica molestia para el gobierno de Pedro Sánchez, en especial después del duro revés que sufrieron los partidos de izquierda que forman la coalición parlamentaria que lo apoya en las elecciones de Madrid.

Cada día que pasa el dirigente separatista en la Península crece el malestar de Marruecos y se suman nuevas causas penales en su contra.

El ministro de Relaciones Exteriores marroquí Nasser Bourita, por ejemplo, convocó la semana pasada al embajador español en Rabat para “pedirle explicaciones” y expresarle el malestar de Marruecos por la permanencia de Brahim Ghali en España.

Es curioso que el gobierno español muestre tanta preocupación por la salud de Brahim Ghali y no por la suerte de los migrantes africanos que llegan a sus playas o por la situación de la población de los campamentos de Tinduf.

Cuando mencionamos a la población de los campamentos de Tinduf, estamos hablando de que sufre una suerte de moderna esclavitud ideológica que los obliga desde hace 46 años a vivir recluidos en una suerte de campos de concentración, con simples jaimas -tiendas de campaña-sobre el suelo contaminado de la tórrida hamada -terreno pedregoso-, sin agua potable ni cloacas y siempre controlados y vigilados tanto por las milicias del Polisario como por los organismos de seguridad y militares argelinos que supervisan todo lo que sucede en estos campamentos.

Las violaciones a los derechos humanos de la población de los campamentos no finaliza con su reclusión forzada en el sur de Argelia sino que se incrementa con la “militarización” forzada de los niños desde la más temprana edad y la presión que se ejerce todos los años contra las familias para que envíen a las niñas pequeñas a participar del Programa Vacaciones en Paz en España, aun sabiendo que existe el riesgo de que sean retenidas bajo cualquier pretexto por las familias de acogida en la Península.

Se trata de una parte de un pueblo al que se le ha impedido año tras año vivir dignamente, en libertad y con autonomía en su territorio ancestral de Marruecos, y cuya suerte el gobierno de Pedro Sánchez mira con indiferencia.

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