Una sucesión de escándalos financieros de alcance internacional vuelve a poner de manifiesto la gestión sistémica y depredadora de la dirección del Frente Polisario. Entre el enriquecimiento personal de los dirigentes, el desvío de ayuda humanitaria y los recientes casos de estafas piramidales masivas, la ruptura entre la población de los campamentos y sus dirigentes autoproclamados parece haberse vuelto irreversible.
Esta descomposición estructural sale a plena luz en un momento decisivo de la historia de la región: el Congreso de los Diputados de España acaba de aprobar una histórica
proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a decenas de miles
de saharauis nacidos bajo la antigua administración colonial, así como a sus descendientes. Este texto, que abre la vía a la obtención de la ciudadanía europea para una amplia parte de la población, acentúa cruelmente el contraste entre las aspiraciones de dignidad de la base saharaui y la deriva mafiosa de una nomenklatura acorralada, denunciada desde distintos ámbitos por sus prácticas de expolio.
Desde hace varios años, informes de instituciones internacionales, entre los que destaca el de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), denuncian el desvío sistemático de cargamentos de alimentos, medicamentos y material logístico destinados a los refugiados. Europa y el tejido asociativo internacional financian una solidaridad que, en realidad, alimenta un floreciente mercado negro gestionado por el aparato de seguridad y las representaciones del frente polisario en el extranjero.
En Italia, la contestación ha llegado ya al espacio público. Voces disidentes y activistas saharauis se han movilizado para denunciar la actuación de Fatima Mahfoud, representante oficial del Polisario en la península. Lejos de su función oficial como diplomática humanitaria, su gestión es cada vez más cuestionada por la base. Plataformas independientes de información, como muestran las revelaciones difundidas por el portal Mediterranews, se hacen eco de las denuncias de activistas saharauis. Estos últimos acusan a la representante de instrumentalizar la situación de vulnerabilidad de los niños y los proyectos de asistencia médica en Italia para captar flujos financieros que escapan a cualquier control independiente y que servirían más para mantener el nivel de vida de los cuadros del movimiento que para aliviar la situación de los campamentos.
El caso «Infravest»: la estafa piramidal masiva que despoja a los campamentos de Tinduf.
Al desvío estructural de la ayuda internacional se suma una crisis interna sin precedentes que ha sumido a la población local en una situación de profundo desconcierto. En septiembre de 2026, los campamentos de Tinduf —en particular Rabouni y el campamento de Chahid El Hafed— se vieron sacudidos por la indignación de centenares de residentes, comerciantes y cooperativas locales. Todos ellos exigen la devolución de sus fondos, cuyo total se estima en unos 886.000 millones de dinares argelinos, equivalentes a aproximadamente 6,6 millones de dólares estadounidenses, tras el colapso de la sociedad «Infravest for Contracting and Investment». Operando con total libertad desde 2022 en los campamentos bajo la dirección de Sallamou Abba Ali —quien posteriormente huyó hacia un destino desconocido llevándose los fondos—, la empresa Infravest se había construido una falsa imagen de respetabilidad mediante el mecenazgo cultural y proyectos de construcción ficticios.
De esta forma, puso en marcha una auténtica estafa piramidal de tipo Ponzi, que acabó absorbiendo los escasos ahorros de miles de familias saharauis vulnerables. Este caso de estafa masiva, estimado en millones de dinares argelinos y ouguiyas mauritanas, no constituye un simple hecho aislado. La total impunidad de la que se benefició Infravest durante años para captar fondos entre los residentes de una zona militarizada y cerrada demostraría, en el mejor de los casos, una complicidad pasiva y, en el peor, la participación activa de altos responsables del aparato del Polisario. Ante el colapso de este sistema, aumenta la indignación y las manifestaciones de los afectados son sometidas a un estricto control por parte del aparato militar del movimiento, preocupado por que este enésimo escándalo termine dañando definitivamente su imagen internacional.
Un llamado urgente a la responsabilidad internacional
Ante esta alarmante situación, la comunidad internacional, la Unión Europea y los países donantes ya no pueden seguir cerrando los ojos. Financiar la ayuda destinada a los campamentos de Tinduf sin imponer un censo riguroso de la población y una auditoría independiente de los canales de distribución equivale a hacerse cómplice de un sistema de depredación a dos niveles, que combina el robo de la ayuda internacional con el expolio financiero de los refugiados.
En un momento en el que España se dispone a ofrecer una perspectiva de emancipación jurídica y ciudadana a miles de saharauis, resulta urgente que los parlamentos europeos y, en particular, las autoridades italianas exijan explicaciones sobre la utilización de los fondos públicos y asociativos asignados. Los dirigentes del Frente Polisario deben responder ante la justicia internacional por sus actuaciones, mientras que la protección y la dignidad de las personas retenidas en Tinduf deben quedar imperativamente bajo el control directo de las agencias de las Naciones Unidas.
Fuente: elsiete.cl
