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El CESE pide un nuevo impulso a la vida comunitaria

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El Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE) recomendó, en su reciente « Alerta-CESE », dar un nuevo y fuerte impulso a la vida asociativa y revitalizar su papel en el desarrollo.

Según el Consejo, es imperativo ver surgir una nueva generación de sociedad civil, más fuerte, más diversa y mejor organizada, en un momento en que Marruecos avanza hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y territorializado.

Pide enfatizar un conjunto de recomendaciones emitidas por el Consejo basadas en su enfoque de escucha, consulta y co-construcción con los distintos actores. Se trata principalmente de realizar dos grandes avances, el primero a nivel jurídico y estructural, mientras que el segundo debería realizarse a nivel financiero y fiscal.

Los cambios de alcance legal y estructural tienen como objetivo garantizar el cumplimiento del Dahir núm. 1-58-376 que regula el derecho de asociación, modificado y complementado, con las disposiciones de la Constitución de 2011 y adoptar un estatuto especial para las fundaciones y Asociaciones interesadas en los asuntos públicos.

El CESE insta a que se aclare, en materia de reconocimiento de utilidad pública, la disposición de « perseguir un fin de interés general » prevista en el artículo 1 del Decreto N° 2-04-969, estableciendo criterios explícitos y exigibles que justifiquen la concesión o denegación de dicho estatus.

Aboga también por la flexibilización de las condiciones para la obtención de la autorización para emprender acciones judiciales, previstas en el decreto conjunto nº 895-18, para las asociaciones de defensa de los consumidores no reconocidas de utilidad pública y por el establecimiento de un marco normativo adecuado para fomentar la vecindad en asociaciones y “douars” para organizarse en redes, y capacitarlos/sensibilizarlos sobre la participación ciudadana a través de mecanismos participativos de diálogo y consulta a nivel de las autoridades locales.

También recomienda definir, de manera participativa, las reglas y criterios relativos a la representatividad de las asociaciones interesadas en los asuntos públicos dentro de los órganos consultivos que participan en el desarrollo de programas de desarrollo para las autoridades locales.

El Consejo aboga también por promover la asociación Estado/asociación en el marco de una visión revisada de los compromisos de cada parte, en particular en relación con la buena gobernanza y el acceso a la financiación pública, la calidad de los objetivos y de las acciones, así como el seguimiento y la evaluación de los resultados obtenidos.

También sugiere proceder a la adopción de una clasificación exhaustiva de las asociaciones, que abarque todos los fines posibles (defensa/servicios; nacional/internacional/territorial; estatus de interés público/fundación, etc.), a fin de facilitar el establecimiento de una clasificación nacional simplificada. base de datos fácilmente accesible para todos.

El CESE también pide que se delegue en asociaciones de la sociedad civil la gestión de determinados servicios públicos, en particular los servicios locales y los de interés general, con el objetivo de garantizar a los usuarios un servicio de calidad y puntualidad, fomentando al mismo tiempo la creación de nuevas asociaciones proporcionándoles espacios de colaboración dotados de las herramientas de trabajo necesarias (teléfonos, conexión a Internet, ordenadores, asistencia técnica para la creación de sitios web, suscripción a bases de datos y servicios digitales, etc.).

En cuanto a las modificaciones a nivel financiero y fiscal, el Consejo recomienda aumentar los fondos públicos destinados a las asociaciones y fomentar, en el marco de las colaboraciones Estado-Asociaciones, una financiación plurianual, con proyectos de una duración mínima de tres años, en lugar de uno. reducir las subvenciones, sino también adoptar el plan contable específico de las asociaciones y garantizar que se integren los criterios de buena gobernanza.

Por otro lado, el consejo recomienda la exención fiscal, en el IS y el IVA, de las actividades económicas de las asociaciones de todas las categorías, calificadas como sin fines de lucro según los criterios vigentes definidos por la normativa fiscal (gestión no interesada en la asociación, carácter no competitivo de la actividad y sus condiciones de ejercicio).

Se trata también de fomentar el empleo asociativo ampliando el espectro de asociaciones que se benefician de incentivos fiscales, fijando al mismo tiempo límites máximos reducidos para el impuesto sobre la renta aplicado a los salarios elevados pagados a los empleados asociativos, y esto, en la perspectiva de la revisión prevista del IR en 2024.

El CESE también recomienda autorizar a los donantes, ya sean personas físicas o jurídicas, a realizar donaciones deducibles de impuestos en favor de asociaciones con arraigo territorial, así como de asociaciones interesadas en los asuntos públicos, previa promulgación del marco legislativo correspondiente y ello, dentro del límite de un umbral del volumen de negocios del donante, como las asociaciones que han celebrado acuerdos de colaboración con el Estado para la realización de proyectos de interés general.

El consejo también se muestra partidario de eximir a las asociaciones de los derechos de registro y timbre.

En este documento, el CESE constata que ha pasado más de una década desde el anclaje constitucional de la sociedad civil, el lanzamiento de estos dos debates nacionales en los que participaron varios miles de asociaciones y el inicio de la ambiciosa estrategia puesta en marcha en este ámbito. Por parte de las autoridades públicas, este proyecto transformador lucha por materializarse plenamente, de modo que responda a las expectativas comunes de los distintos actores y alcance el grado de ambición esperado. Map

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