La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amina Bouayach, mantuvo el miércoles una reunión ampliada con los presidentes de las Comisiones Regionales de Derechos Humanos y los directores y encargados de misión en la presidencia del Consejo para debatir los medios de fortalecer los mecanismos de observación, seguimiento e intervención del CNDH, en el contexto de los acontecimientos relacionados con las protestas de jóvenes en algunas ciudades marroquíes en estos últimos días.
Desde el inicio de los llamamientos a las protestas, el Consejo creó equipos de observación y de seguimiento sobre el terreno y de intervención preventiva, en tres niveles principales: regional, a través de sus Comisiones Regionales en las doce regiones del Reino, nacional, y a nivel del espacio digital, además de la comunicación sobre el terreno con las autoridades locales y los jóvenes en los lugares de las protestas, indica el CNDH en un comunicado.
Al considerar que el espacio digital es un ámbito de libertades donde se expresan nuevos valores que constituyen un marco de adhesión de los jóvenes, de su participación y de sus expresiones pacíficas sobre reivindicaciones de derechos fundamentales y legítimos, el Consejo señala que las protestas de los jóvenes, que comenzaron tras los llamamientos a las manifestaciones, fueron inicialmente pacíficas, y añade que algunas de ellas se vieron posteriormente empañadas por actos de violencia, incluyendo formas inapropiadas o inadecuadas de intervención y otras formas graves de violencia, así como disturbios, lanzamiento de piedras, saqueos, quema de vehículos y destrucción de bienes públicos y privados.
El Consejo subrayó la necesidad de garantizar el derecho de reunión pacífica, como uno de los logros del proceso nacional en materia de democracia y derechos humanos, incluyendo la responsabilidad compartida entre los organizadores de las protestas y las autoridades públicas en el mantenimiento del orden público, garantizando el ejercicio del derecho de expresión y el derecho de reunión pacífica.
El CNDH insistió en la necesidad de velar por una interpretación fundada en el enfoque de los derechos humanos del derecho a la reunión pacífica, independientemente de la autorización o notificación, y la necesidad de combinarlo con la garantía del carácter pacífico de las reuniones y manifestaciones, teniendo en cuenta las especificidades de las expresiones digitales que surgen en este contexto.
Asimismo, abogó por la protección de los ciudadanos y la garantía de sus derechos a manifestar pacíficamente, así como por la consolidación de la protección contra cualquier forma de violencia susceptible de vulnerar el derecho a la integridad física, tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden.
En el marco del seguimiento del espacio digital, el Consejo identificó numerosas expresiones digitales de desinformación y llamamientos explícitos y peligrosos a la violencia, así como incitaciones a incendiar instituciones y edificios gubernamentales y a atacar lugares de residencia de responsables, así como amenazas de liquidaciones físicas.
También se constataron flagrantes violaciones de la dignidad de los ciudadanos que no desean participar en las manifestaciones o que, en sus comentarios y contenidos, instan al rechazo de la violencia y al respeto del carácter pacífico, en particular a las mujeres. (Punto común: cuentas recientes, otras cerradas, otras sin contenido y sin seguidores, mientras que el análisis de las informaciones y de las publicaciones de muchas cuentas reveló su origen extranjero).
Con base en las conclusiones preliminares de los informes de seguimiento, observación e intervención, el Consejo Nacional de Derechos Humanos reitera el derecho a la libertad de expresión como un derecho universal y constitucional, y norma fundamental en la que se basa el pleno disfrute de un conjunto de otros derechos humanos, sin menoscabar, no obstante, los derechos y la reputación de terceros, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública ni las buenas morales.
Por otra parte, destacó que el derecho de reunión pacífica, incluidas las manifestaciones, protestas y sentadas (…), es un derecho universal garantizado por la Constitución marroquí y forma parte de los fundamentos de la participación, la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, la primacía de la ley y el pluralismo.
El derecho a la reunión pacífica, tal como es consagrada en los mecanismos internacionales de derechos humanos, es contrario a las concentraciones violentas a gran escala, añadió, señalando que, según este enfoque, está igualmente estrictamente prohibido ejercer este derecho mediante la violencia.
El Consejo continuó, en la noche del miércoles 1 de octubre, su seguimiento de la situación a nivel nacional, regional y digital, observando manifestaciones pacíficas en varias ciudades, algunas de las cuales incluyeron la presencia de un gran número de menores, especialmente en Salé, Errachidia, Dajla, Tarudant (Leqliaa) y Rabat. Algunas de estas manifestaciones se vieron empañadas por graves formas de violencia.
Si bien expresa su profundo pesar por la muerte de tres personas tras las protestas en Leqliaa, en la prefectura de Inezgan-Ait Melul, así como por las lesiones sufridas entre los manifestantes y las fuerzas del orden durante los días de protesta, el Consejo toma nota del comunicado publicado sobre las circunstancias que llevaron a la muerte por disparos de estas personas.
El CNDH también se congratuló de la liberación de un gran número de manifestantes y condenó el intento de asalto e incendio del centro de la Gendarmería Real en Leqliaa, sabiendo que unas familias residen en la primera planta del edificio.
El Consejo insiste además en la necesidad de abrir una investigación sobre los casos de atentados contra la vida o la integridad física. Si bien sigue de cerca estos lamentables acontecimientos, el CNDH afirma que continuará con sus operaciones de seguimiento y sus intervenciones sobre el terreno, así como con la observación de juicios.
Al tiempo que presenta sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas, el Consejo y sus Comisiones Regionales permanecen abiertos a todas las formas de expresión y diálogo con miras a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. MAP
