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El CSPJ condena enérgicamente las alegaciones infundadas contenidas en la resolución del PE de 19 de enero Política

Condena

El Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) expresó este sábado su enérgica condena a las infundadas acusaciones contenidas en la resolución del Parlamento Europeo (PE) del jueves 19 de enero de 2023.

En un comunicado de prensa emitido tras una reunión del Consejo, el CSPJ indica que ha tomado nota de esta resolución que contiene « graves acusaciones y alegatos que atentan contra la independencia del poder judicial ».

Estas denuncias infundadas tergiversan los hechos y ponen en duda la legalidad y legitimidad de los procesos judiciales iniciados respecto a estos casos, algunos de los cuales han sido juzgados y otros en curso, precisa la nota de prensa leída por Mustapha Libzar, secretario general del CSPJ.

“El Consejo lamenta esta tergiversación de los hechos en el marco de juicios que se llevaron a cabo de conformidad con la ley, con pleno respeto de las garantías constitucionales y las condiciones de un juicio justo reconocidas a nivel internacional”, indica el comunicado. El Consejo denuncia enérgicamente el enfoque del Parlamento Europeo, que ha asumido el derecho a juzgar la justicia marroquí de manera flagrante y sesgada, dañando las instituciones judiciales del Reino y sin tener en cuenta su independencia, prosigue la misma fuente.

El Consejo expresa así su categórico rechazo a cualquier injerencia en el poder judicial o intento de influir en sus decisiones, sobre todo porque algunos de los casos mencionados aún se encuentran en los tribunales.

“Esto contradice todas las normas y reglas internacionales, en particular los principios y declaraciones de las Naciones Unidas relativas a la independencia de la justicia”, se subraya.

Asimismo, el CSPJ denuncia enérgicamente el contenido de esta resolución, que alienta a ejercer presión sobre el poder judicial para la liberación inmediata de las personas mencionadas, señala el comunicado de prensa, precisando que « esto atenta gravemente contra la independencia del poder judicial y constituye un intento de influir en él, mientras que algunos casos aún están ante los tribunales”.

Además, el Consejo rechaza las alegaciones citadas en la resolución, inspiradas en ciertas fuentes conocidas por sus posiciones dogmáticas sin disponer de pruebas y datos contrastados, y que además son desmentidas por los hechos.

El CSPJ también señala que las personas nombradas en la resolución se beneficiaron de todas las garantías de un juicio justo y equitativo previstas en la ley, incluyendo la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y acceso a todos los documentos, la audiencia pública para ser juzgados, la citación de testigos y su interrogatorio, el recurso a la pericia judicial, los recursos, entre otras garantías establecidas por la legislación marroquí según lo estipulado en los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Reino.

El Consejo recuerda que los hechos que son objeto del juicio de las personas citadas en la resolución del Parlamento Europeo no están vinculados en modo alguno a la actividad periodística ni al ejercicio de la libertad de opinión y de expresión, que están garantizados por la ley y la constitución marroquíes. De hecho, los cargos que se les imputan se relacionan con delitos de derecho común, como la trata de personas, la violación, la explotación de la vulnerabilidad de las personas, actos que son severamente castigados por leyes en todo el mundo.

El Consejo rechaza la lógica de “doble rasero” que caracteriza a esta resolución que, en lugar de condenar las agresiones sexuales sufridas por las víctimas, defendía un conjunto de falsedades y denuncias infundadas.

El Consejo recuerda, a este respecto, los avances sustanciales realizados en los últimos años por el poder judicial marroquí, como la independencia de la acusación frente al poder ejecutivo a partir de 2017, o el hecho de establecer el poder judicial como un poder independiente, consagrado en la constitución de 2011 y formalizado por la creación del CSPJ en 2017; alineando así el sistema judicial marroquí con los más avanzados y rigurosos estándares de independencia, estándares de independencia que hasta ahora algunos países europeos todavía han tenido grandes dificultades para alcanzar.

El Consejo subraya el apego de los magistrados a su independencia así como su compromiso de preservar los derechos y libertades y garantizar las condiciones de juicios justos, como un deber constitucional, legal y moral.

También subraya su determinación de actuar constantemente para la preservación de la independencia de la justicia y su inmunidad contra toda forma de injerencia y presión extranjera, cualquiera que sea, de conformidad con la Constitución y la ley orgánica del Consejo.

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