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El próximo fin de semana de mayo se cierra con la disolución definitiva de ETA.

La banda lanzaba un comunicado recogido por los diarios “Gara” y “Berria” este 20 de abril, donde se hace pública una declaración de perdón sobre el daño causado. Un nuevo paso desde que adoptó la decisión del cese definitivo de su actividad armada y un año después de que se declarase “organización desarmada”.

Imrani Idrissi Hamid
Sin duda una buena noticia para España, aunque en el comunicado se anticipa que “existen intereses políticos que se empeñan en complicar la situación, hasta el punto de menospreciar o transformar todo avance.” En otro orden de opiniones, a un sector de la población no le sirve el perdón para mitigar tanto dolor producido o simplemente no los creen.
Según el director del periódico “Berria” editado en euskera (lengua vasca), Martxelo Otamendi, “Eran decisiones largamente esperadas y demandadas por una parte muy importante de la sociedad. Era un comunicado que tenía que llegar.” Igualmente lamenta la ausencia del Estado en todo el proceso que ha llevado hacia el fin de la violencia en el País Vasco. “La decisión de ETA de acabar con la lucha armada en octubre de 2011 viene precedida de un proceso previo, donde se acuerda una hoja de ruta a través de los mediadores internacionales. Pero cuando Rajoy gana las elecciones un mes después, corta cualquier tipo de comunicación con los mediadores internacionales”, explica.
La historia de ETA es la historia reciente de España. Fundada en 1958, durante la dictadura franquista, decidió elegir la violencia, el secuestro, el asesinato y la extorsión como instrumento de acción política.
“Ni las injusticias, supuestas  o reales, ni la represión, ni las condiciones socioeconómicas, ni mucho menos la voluntad del pueblo vasco, la voz de los antepasados o el viento solano de un conflicto pretendidamente ancestral pusieron armas en las manos de aquellos que decidieron usarlas para conseguir unos determinados objetivos políticos.” F.Dominguez Iribarren en el prólogo de “La voluntad del Gudari”, de G.Fdez. Soldevilla.
Demasiado tiempo conviviendo con el miedo, comprobando los bajos del vehículo de forma sistemática si pertenecías a alguna de las Fuerzas de Seguridad del Estado, demasiados días desayunando, almorzando o cenando con la noticia de un nuevo asesinato por disparo en la nuca, como los cobardes o el coche bomba o tiroteado, pero nunca mirando a los ojos. 506 miembros de las Fuerzas de Seguridad, 58 empresarios, 39 políticos, 9 miembros de la judicatura, 7 relacionados con instituciones penitenciarias y 3 periodistas, además del secuestro de 38 personas. 829 personas, entre ellos más de una veintena de niños. Cientos de heridos, muchos de ellos con secuelas físicas o psíquicas para el resto de sus vidas.
829 asesinados hasta el 2011 en el que ETA anunciara “el cese definitivo de la actividad armada”, no es solo un número, encierra un dolor que para mucha parte de la sociedad y de algunos sectores políticos, exige castigo.
Y una forma de doblemente castigar a los etarras detenidos era esparcirlos por las cárceles de toda la geografía española, lo más alejados de sus casas y de sus colaboradores. Según los últimos datos hay 288 presos dispersados: 239 en España, 53 en Francia y 1 en Portugal. Solo 9 en el País Vasco o Navarra. En este primer periodo del 2018, las autoridades francesas han trasladado ya a 9 presos que se encontraban en cárceles francesas han sido aproximados al País Vasco, como la Lannemezan, a poco más de 200 km de Irún. Las autoridades españolas, sin embargo, no han iniciado acercamiento alguno. Es más, el propio Ministerio del Interior ha avanzado que mantendrá el 88% de los reclusos en el régimen más duro, sin posibilidad de permisos.
España no siempre ha actuado siguiendo las instrucciones de la ONU y del Tribunal de Derechos Humanos. Un ejemplo de ello es que cualquier preso debe cumplir condena cerca de su lugar de arraigo. Y este es un tema básico a tratar, según el periodista Marxelo Otamendi, tras la inminente disolución de ETA.
El mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado este 13 de febrero a España por los malos tratos infligidos a los dos etarras que atentaron en la Terminal 4 de Madrid, el 30 de diciembre del 2006, causando la muerte de dos personas y heridas a otras 19. Sin duda muchos opinarían que eran merecedores de tal maltrato, pero no olvidemos que existe un Estado de Derecho, unas normas y unos procedimientos que España parece no atender. Ha sido condenada por el TEDH once veces desde 2004 por casos de malos tratos o por no investigarlos, 9 de ellos relacionados con miembros de ETA.
Es sin duda difícil equilibrarse en la justicia. Muchos funcionarios de prisiones pueden relatar las amenazas que debían aguantar de los presos etarras custodiados. La propia ETA Militar emitía un comunicado en el que avisaba de considerar a los funcionarios como “objetivos militares”. Asesinó en 1983 al  médico de la prisión de El Puerto de Santa María, Alfredo Jorge Suar Muro y secuestró durante unos  interminables 532 días al funcionario de prisiones de Logroño, J.A. Ortega Lara.
La liberación de Ortega Lara y el secuestro y asesinato pocos días después del concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997, fueron un punto de inflexión para la banda terrorista, que no espera la respuesta social que despertaron ambos casos.
En 1988 ETA anuncia una tregua ilimitada que solo dura un año ya que en 1999 la banda anuncia el fin del “alto el fuego” para el 3 de diciembre.  Nuevos asesinatos…  En sus comunicados, la organización terrorista hace un “llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo para la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada”, pero no hace mención ni a su disolución, ni a la entrega de sus armas ni a las víctimas de ETA y sí a los propios miembros de la banda muertos o que ´están sufriendo la cárcel o el exilio´.”
El 17 de octubre del 2011 tiene lugar la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, con la intención de resolver el conflicto vasco en la que la comunidad internacional exigió a ETA el “cese definitivo de la actividad armada” ya a los gobiernos de España y Francia que abran negociaciones con la banda terrorista. Participaron en esta conferencia todos los partidos políticos del País Vasco, sindicatos, Ayto. de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa y fueron invitadas personalidades internacionales de la política y la pacificación: el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, la exministra noruega Gro Harlem Brundtland, el exprimer ministro irlandés Berthie Aern, el exministro francés, Pierre Joxe, el líder del Sinn Fein, Gerry Adams, y el exjefe de Gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell,  quienes se ofrecieron a organizar un seguimiento de las recomendaciones.
Al finalizar la misma, el Gobierno de Zapatero habría dicho que no valoraría una conferencia en la que no había participado, mientras que al Partido Popular  la cree una “pantomima”.
Pero solo tres días después de la reunión, el 20 de octubre, a un mes de las elecciones generales españolas en las que la izquierda abertzale se presentaba dentro de la coalición Amaiur, ETA anunciaba el abandono definitivo de la «lucha armada» lo que abrió un nuevo escenario político en el País Vasco.
El presidente del Gobierno de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguraba que el comunicado en el que ETA ha anunciado el cese de su actividad armada es « una victoria de la democracia » y ha señalado que a partir de ahora España « será una democracia sin terrorismo, pero no sin memoria ».
Y es que quedaba  pendiente el trato de la modificación dela política penitenciaria, que pusiera fin a la dispersión de los reclusos, la liberación de los condenados con graves enfermedades, la concesión de la libertad provisional a los presos preventivos pendientes de juicio y también la de los que « hayan cumplido los requisitos legales » para obtenerla.
El Tribunal de Estrasburgo declaró ilegal en octubre del 2013 la llamada “Doctrina Poirot” aplicada en España desde el 2006, que retrasaba la puesta en libertad de los condenados a más de 30 años de prisión (máximo número de años de encarcelamiento en España) por ser una norma jurídica aplicada a cada una de las penas y no al total de la condena, al aplicarse reducciones a la misma (buena conducta, trabajos carcelarios…) Al ser considerada ilegal por los jueces de Estrasburgo, se favorecía el excarcelamiento de criminales de manera inminente, incluso siendo España condenada a pagar, como ejemplo, 30.000€ a la etarra Inés del Río por haber permanecido en la cárcel más tiempo del que legalmente debería estar. Mucha ha sido la indignación entre cierto sector de la ciudadanía que no entiende cómo después de asesinar a más de 20 personas aun recibiera indemnización alguna.
Y de nuevo tenemos que encuadrar que « no se vive en la selva » y que hay leyes que acatar pese a la indignación, al dolor de las víctimas y sus familiares, pese a negar el perdón a los que ya han pagado su deuda con la sociedad  por cumplir su condena carcelaria.
Pero recordemos que aún quedan sin resolver 379 asesinatos. El abogado y ex profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha que sigue luchando por lograr justicia para estas víctimas es Miguel Ángel Rodríguez Arias: “ETA perpetró durante años una limpieza nacional del territorio y consiguió expulsar a entre 60.000 y 200.000 seres humanos” (por miedo a ser asesinados, por sufrir extorsión…)
El abogado español ha tenido que recurrir a la justicia argentina (donde recordemos se siguen también la instrucción de los crímenes del régimen franquista) “por reconocer los tribunales españoles la existencia de indicios racionales de crímenes contra la humanidad de ETA, pero solo investigar los crímenes posteriores al 1 de octubre de 2004” lo que dejaría fuera 377 casos.
La querella está presentada contra 45 jefes de ETA y Batasuna por su presunta responsabilidad en la “ponencia Oldartzen” y la “socialización del sufrimiento” aprobada por HB en 1994 y por la que se ponía de nuevo en el centro de la diana a la clase política (cosa que no ocurría desde mediados de los ´80) La primera víctima fue Gregorio Ordoñez, portavoz del PP de San Sebastián, asesinado en 1995. Hasta el último concejal muerto a manos de ETA,  J. Priede el 20 de marzo de 2002, otros trece concejalesserían asesinados.
Rodríguez Arias recoge un sentir generalizado: “Creo que nos merecemos una sociedad y un país mejor sin toda esa sobrecogedora impunidad y, dese luego, las víctimas y sus familias, todas ellas sin distinción, merecen verdad, justicia y reparación y no que las volvamos a hacer víctimas otra vez –ahora víctimas de la impunidad- desde una u otra trinchera, sea por acción u omisión, lavándose las manos y abandonándolas. »
No olvidemos tampoco a “las otras víctimas”. En la ciudad de la investigadora de la Universidad del País Vasco, Zuriñe Rodríguez, Vitoria, se está construyendo un museo en memoria de las víctimas del terrorismo, auspiciado por el Ayuntamiento, el Gobierno central y el Gobierno vasco. Pero no habrá ningún espacio para las víctimas del terrorismo de extrema derecha o de Estado.  74 ataques terroristas de grupos parapoliciales y de extrema derecha en el País Vasco, de los cuales 24 fueron reivindicados por los GAL, 18 por el Batallón Vasco Español y 6 por Grupos Antiterroristas Españoles. De ellos solo 17 casos tienen sentencia firme, el resto no se ha esclarecido.
Recordemos que el Batallón Vasco Español fue una de las organizaciones terroristas parapoliciales que se dedicaban a “cazar” a militantes de izquierda.
Emilio Hellín Moro fue el culpable junto a otro ultraderechista del grupo Fuerza Nueva, Ignacio Abad Velázquez de secuestrar, torturar y  asesinar en 1980 a la estudiante bilbaína de 19 años Yolanda González, que se había trasladado a Madrid a cursar sus estudios de electrónica.  
Hoy en día, 38 años después de su asesinato, el Ministerio del Interior  ha excluido a Yolanda González del  listado de la Real Orden de Reconocimiento al Mérito Civil para Víctimas del Terrorismo, al igual que las restantes 80 personas asesinadas en el marco de la “guerra sucia”, en las que ninguna de ellas parece ser para el Estado merecedora del reconocimiento civil como víctimas del terrorismo (sí las de ETA, “como si hubiese víctimas de primera y segunda categoría”), expresaba a “Publico.es” el hermano de Yolanda González, quien a su vez espera del Ministerio del Interior “dé explicaciones exhaustivas que se hayan obtenido al concluir la investigación a la que se comprometió”, pues pudo comprobarse que el que fuera asesino de su hermana había firmado contratos con la Administración y tenía una relación privilegiada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a quienes da cursos de formación.  “No podemos ignorar que Hellín se cambió de nombre nada más obtener la libertad condicional, que antes se había fugado de la cárcel en dos ocasiones y que, a pesar de ello, obtuvo beneficios penitenciarios y no cumplió la condena que le correspondía”, ha denunciado.
Por otra parte también activos entre 1983 y 1987, los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) cuyo objetivo era eliminar mediante las mismas acciones armadas a su “enemigo”, ETA y su entorno, que en sus 4 años de historia cometieron más de 30 acciones terroristas y mataron e hirieron a cerca de 70 personas. Aparecieron en los primeros años de los gobiernos de Felipe González y en ellos participaron diversos cargos del Ministerio del Interior. Actuaban de la misma manera en que lo hacía ETA: tiros en la nuca, ametrallamiento o coches-bomba. Cometieron errores y en más de una ocasión confundieron a sus víctimas. Fueron condenados el ministro del Interior, José Barrionuevo, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo G. Damborenea, el jefe de la Brigada de Información de Bilbao, Miguel Planchuelo, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el policía Michel Domínguez, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el ex teniente de la Guardia Civil, Ángel Vaquero y ex gobernador Civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. Los primeros entre 2 y 10 años de prisión y los 3 últimos con penas de 75, 69 y 71 años por los asesinatos de los etarras Lasa y Zabala.
Tristes acontecimientos en los que el odio ha sido el protagonista de cada acto, donde el dolor clama justicia y la justicia se enmascara de venganza. Una historia reciente que ha llenado de sangre muchas calles del País Vasco y de otros escenarios de España y Francia. Todos han perdido en este proceso, encarcelados, exiliados, asesinados, secuestrados y extorsionados.  Muchas preguntas por contestar y muchos casos por resolver.  Implicados y otros que seguramente campen a sus anchas pues no puede relacionárselos con los casos. Terrorismo. Una palabra demasiado cruel para usarla con banalidad en otros contextos.
Toca al actual gobierno de España recordar que aunque ETA desaparezca definitivamente de España, es necesario aprender de esto. Analizar qué pasó, qué fallos y aciertos se cometieron, qué se pudo haber cambiado, qué habría que considerar para un futuro, qué se podía haber hecho y no se hizo, de quién o qué dependió… Y de nuevo, nos hacemos eco del reconocimiento a las víctimas, que como decía el abogado M. Ángel  Rodríguez Arias, “ … todas ellas sin distinción, merecen verdad, justicia y reparación y no que las volvamos a hacer víctimas otra vez –ahora víctimas de la impunidad-.”
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