Como es bien sabido, Marruecos -como otros países árabes- conoció desde el comienzo de lo que se llama « primavera árabe » una serie de protestas motivadas por razones económicas, políticas y sociales.

Desde unos supuestos fundamentales de la Cultura de Paz (y de la “Paz Imperfecta” como categoría analítica en particular), el análisis de la situación sociopolítica y económica actual en Marruecos, indica que ésta no es solo la resultante de la relación de fuerzas y conflictos existentes que yacen en la realidad marroquí, sino también de la gestión de estos últimos. La presencia en este caso de instituciones de mediación de conflictos es un hecho diferenciador que hay que tener en cuenta.

En efecto, el proceso continuo de “empoderamiento pacifista” que vive el país desde principios de los noventa que culminó con la formación del gobierno de Abderrahman Yusufi llamado “gobierno de alternancia consensual”, en el año 1998, los gestos simbólicos que habían precedido este acontecimiento con el afán de instaurar un clima de confianza entre los actores principales del escenario sociopolítico y económico, han facilitado el  paso de una cultura de violencia en la gestión de conflictos relacionados con el poder (los tristemente célebres años de plomo), a una cultura de diálogo y consenso para la construcción de la paz.

Fruto de esta inversión epistemológica, los años siguientes conocieron la instauración de varias instituciones y reformas que sustentan dicho cambio, entre ellas la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER), la reforma del código de familia, el Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM), la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano (INDH), la Asistencia Médica Obligatoria (AMO), la reforma del campo religioso, el proyecto de Autonomía Extendida en el Sáhara, la institución del Mediador, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, etc..

Estas iniciativas, además de  asentar las bases de la reconciliación en el país y de constituir la matriz del proceso de empoderamiento pacifista que vive el país, supusieron unos verdaderos “garde-fous” ante los riesgos de deriva hacia la violencia en la gestión de conflictos que estuvieron al origen de las revueltas sociales de la “primavera árabe”.

La anticipación del Rey de Marruecos, Mohammed VI,   con sumo acierto (desde la perspectiva de la paz y gestión pacifica de conflictos) de las posibles consecuencias negativas y violentas que podían derivar de la resistencia a escuchar el pulso de la calle, sus expectativas y la naturaleza de sus reivindicaciones, fue decisiva para salvar el país de turbulencias que pudieran acabar en situaciones muy violentas como las que se dieron en otros países árabes.

Esta parsimonia que distinguió a la monarquía marroquí hizo posible que, junto con los demás actores (partidos políticos, sindicatos, patronal y sociedad civil),  se gestionaran pacíficamente, y desde una perspectiva participativa, unos conflictos de considerable magnitud, agregando otro eslabón en el proceso de empoderamiento pacifista en Marruecos: la nueva Constitución del año 2011.

Otra peculiaridad propia a Marruecos es el papel diferenciador que ocupa las instituciones del Rey y del príncipe de los creyentes, dos instituciones en una, de suma importancia en la vida política, socioeconómica y cultural en Marruecos, que proceden por separado a veces mientras que en otras se funden en una simbiosis (imperfecta también) en función de la naturaleza de los conflictos a gestionar.

Esta ambivalencia actúa en la mediación y regulación de conflictos tanto de índole político (como jefe del Estado) como religioso, merced a su estatuto de príncipe de los creyentes. Este último caso, por muy pre-moderno que pueda parecer desde la óptica occidental -aunque ahora menos desde el ascenso de las corrientes islamistas radicales y el convencimiento de Occidente de la necesidad de encontrar soluciones intrínsecas para paliar este fenómeno- sigue gozando de un importante papel a la hora de mediar y gestionar un importante número de conflictos de tipo político-religioso.

Esta mediación no discurre solo a nivel interno (en Marruecos), donde dicha institución opera como reguladora (o superficie de adsorción en términos químicos), para gestionar conflictos relacionados con la disputa del poder político bajo estandartes y argumentos religiosos, sino también a nivel externo. Tal es el caso por ejemplo del papel mediador de esta institución en los conflictos que se vivieron en Mali, merced a los fuertes vínculos religioso-espirituales que tuvieron lugar  a lo largo de la historia entre el centro del poder político y religioso de antaño (Marruecos/Fes) y la periferia (Mali, Senegal y Mauritania). Y también es el caso con otros países africanos como Senegal y Tchad, donde esta institución actúa en la prevención de la radicalización religiosa a través de la formación de imanes para predicar un islam moderado y abierto a las otras culturas y religiones.  Algo símil se hace también con algunos países europeos donde vive un gran número de ciudadanos y/o emigrantes de origen marroquí y de profesión islámica, Francia en particular.

A nivel interno, la perspectiva marroquí para integrar a los islamistas radicales es un combinado de diferentes ingredientes como son la seguridad, la jurisprudencia, la cultura y la política. Esta perspectiva supone una verdadera amenaza para el islam radical internacional que teme la extensión de este modelo a otros países árabes. La llegada al gobierno del partido de Justicia y Desarrollo (PJD) en 2012, y su reconducción probable (siendo el partido más votado en las elecciones legislativas de octubre 2016) a la cabeza del gobierno refuerza aun más el reconocimiento de la legitimidad del Rey Mohammed VI como rey y príncipe de los creyentes

El éxito del modelo marroquí en la gestión político-religiosa de este tipo de conflictos de aparecer político y sustrato religioso hace que se reclame implementarlo en países del entorno (Libia y Túnez en particular) ya que una de las consecuencias de la primavera árabe en los citados países (en Marruecos también), fue el acceso al poder de corrientes de corte islamista después de las elecciones que tuvieron lugar en el auge de dicho acontecimiento histórico, sin olvidar la emergencia de facciones que preconizan un islam radicalizado.

Bien es cierto que se trata de un fenómeno compartido por muchos países árabes, éste se vio reforzado en aquellos países cuyos gobiernos pertenecen a la corriente social nacionalista que optaron, después de la independencia, por el uso de la “fuerza del Estado” en detrimento de la “razón del Estado”, desatendieron, por razones ideológicas, la demanda religiosa, y escatimaron  el papel de las instituciones de mediación religiosa, reconocidas desde antaño por su moderación (en comparación con la interpretación ortodoxa del wahabismo). Tal es el caso por lo menos de Libia, Túnez, Siria, Iraq y Yemen. Resultado: la violencia del Estado republicano frente a la violencia del yihadismo que declaró el califato.

Hoy por hoy, se puede decir que los desafíos a los que se enfrenta Marruecos son:

-Una dinamización de las reformas políticas estipuladas en la nueva Constitución para garantizar una mayor participación política.  Hoy, pese a los grandes esfuerzos desplegados en la última década en todos los ámbitos, el socioeconómico en particular, éstos no consiguen crear el impacto positivo esperado en los ciudadanos, a pesar de que la mayor parte de los jóvenes son optimistas en cuanto al porvenir del país según el estudio del Alto Comisariado para el Plano (HCP), de 2014, llamado “Perception du Maroc en 2030 par les jeunes”.

Bien que se trata de un fenómeno globalizado, relacionado más bien con la crisis del sistema político basado en la democracia representativa, la escasa tasa de participación de los marroquíes en las diferentes elecciones exige un trabajo de fondo para restaurar la confianza entre los ciudadanos y el Estado, una condición sine qua non para el éxito del nuevo proyecto de sociedad en Marruecos.

El Estado marroquí está llamado a interesarse más a la moralización de la vida política, a dinamizar el rol de los partidos políticos en afán de cumplir con su papel habitual de formación y mediación. Una reforma en profundidad a este nivel sería quizás el mayor reto del país en los años venideros. Se trata de reunir al máximo de ciudadanos en torno al proyecto en construccion, esclarecer las sinergias de las importantes reformas dadas hasta el momento, con el fin de garantizar el efecto estructurante esperado de ellas.

.

–La mejora del rendimiento de las importantes iniciativas económicas y conseguir que éstas tengan mayor y mejor impacto en la población.

-La resolución del conflicto en el Sahara Occidental

–El apoyo de las iniciativas anti-terroristas que han tenido un notable éxito desde los atentados de Casablanca del 2003.

Para ello, se precisa un mayor movilización de los actores locales e internacionales para concentrar su apoyo a la política de reforma emprendida en Marruecos, apoyar los programas de desarrollo y preparación económicos, promover la autonomía en el Sahara Occidental a pesar de que la opinión está dividida en este punto entre la necesidad de cambiar de política o privilegiar el desarrollo económico, y seguir apostando, desde luego, por una mayor integración de los salafistas moderados en la vida política así como al movimiento “Justicia y Caridad”.

Este último goza de una serie de características positivas desde el punto de vista de la investigación para la paz, de la paz imperfecta en particular, entre ellas el hecho de ser un movimiento pacífico que condena el uso de la violencia, no trabaja de manera clandestina, es un producto marroquí al 100%, sin vínculos con el extranjero, de inspiración mística (sufí) y por tanto nada radical, tiene una representación tanto vertical como horizontal en la sociedad, y participa, junto con otros movimientos islamistas moderados, en apaciguar la práctica religiosa en Marruecos, y en alejar el espectro del radicalismo de las masas jóvenes del país.

No obstante, parece que este movimiento sabe lo que no quiere pero no sabe lo que quiere: una vez habla de la ilegitimidad del poder actual, otras veces habla de la necesidad de reformarlo, luego toma la calle (movimiento 20 de febrero) para reclamar una monarquía parlamentaria, para entrar a posteriori en una larga hibernación. En otras palabras, es un movimiento popular que no sabe cómo hacer política, que para ello hace falta primero convertirse en partido político, y para lograrlo tiene que saber ceder y negociar.

Según el informe del Washington Institute for Near East Policy (WINEP) del año 2014, existen tres vías de evolución estratégica de este movimiento, y la elección de cada una de ellas repercutiría positiva o negativamente en la seguridad del país y su desarrollo:

 1-Une reconciliación con la monarquía y una integración en el campo político oficial.

2-Mantenerse en situación de emboscada a la espera de una circunstancia política que debilite al estado.

3-Fundar una alianza de los marginados que reuniría en torno a la “yamaa” a los demás grupos ideológicos disidentes.

 Según el WINEP, el primer guion es más susceptible de preservar la seguridad y la estabilidad de Marruecos, y por tanto de esta zona euro-africana muy sensible.