La abogacía marroquí atraviesa hoy una de las etapas más delicadas de su historia, en medio del debate en torno al proyecto de ley que regula la profesión.
Este debate ha generado un clima de tensión sin precedentes dentro del colectivo profesional, después de que los Colegios de Abogados de las distintas regiones del Reino expresaran su rechazo a la versión actual del proyecto, al considerar que no responde a las aspiraciones de la profesión ni refuerza las garantías constitucionales relacionadas con la independencia de la defensa.
Este rechazo no puede reducirse a un simple desacuerdo profesional o a una reivindicación corporativa, ya que la abogacía no es únicamente una profesión que se ejerce en los tribunales, sino un pilar esencial para la administración de justicia y la protección de los derechos y las libertades.
Su independencia constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho. Por ello, cualquier reforma legislativa que afecte a la profesión debe basarse en el diálogo y el consenso, teniendo en cuenta su relevancia constitucional y su misión en la defensa de los derechos y de las garantías de un juicio justo.
En este contexto, la concentración nacional prevista en Rabat para el 29 de junio de 2026 representa una expresión cívica de la unidad del colectivo profesional y un mensaje claro de que la defensa de la independencia de la abogacía es, al mismo tiempo, la defensa del derecho de los ciudadanos a un juicio justo y de un sistema judicial equilibrado que respete el papel de todos sus actores.
Ante las dificultades que atraviesa el diálogo entre las distintas partes y la ampliación de las diferencias, surge la necesidad de un enfoque institucional capaz de restablecer la confianza y abrir nuevas vías de consenso.
En este sentido, numerosos profesionales y observadores consideran que el arbitraje real, teniendo en cuenta la posición constitucional de la institución monárquica como garante del buen funcionamiento de las instituciones, podría constituir un marco adecuado para acercar posturas y facilitar una solución consensuada que preserve el interés general y la posición de la abogacía dentro del sistema de justicia.
El desafío actual no se limita al futuro de la ley de la abogacía, sino que afecta al futuro de la justicia marroquí en su conjunto y a la capacidad de las instituciones para impulsar reformas legislativas basadas en el diálogo, la participación y el respeto mutuo.
Superar esta situación exige escuchar a todos los actores implicados y buscar soluciones consensuadas que permitan conciliar la modernización del sistema jurídico con la preservación de las garantías profesionales que la abogacía marroquí ha consolidado a lo largo de las últimas décadas.
Marruecos ha demostrado, en numerosas ocasiones, que las grandes reformas alcanzan mayor solidez y perdurabilidad cuando se fundamentan en el consenso, la prudencia y la defensa del interés supremo de la nación.
Desde esta perspectiva, la etapa actual requiere fortalecer la cultura del diálogo y la concertación, reforzar la confianza en las instituciones y preservar el papel de la abogacía como socio fundamental en la realización de la justicia y en la consolidación del Estado de Derecho.
Traducido del árabe por: Abdessamad Benyaich
