Esglobal ¿Podrá Chile darse una nueva Constitución?  Daniel Wizenberg

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La oportunidad de votar sí o no a la reforma de la Carta Magna del país abre la posibilidad de superar el trauma chileno.

No es tanto ella el problema sino su padre, quien la hizo nacer en 1980. Es la Constitución chilena, que si bien ya fue enmendada en 19 ocasiones, matizando y mejorando el texto, tiene un fallo inicial, sigue siendo la “Constitución de Pinochet”.

La actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, abrió hace un año el proceso para una nueva carta magna y recientemente comenzó a darse la discusión formal en la sociedad civil. Nadie se muestra enfáticamente en contra del proyecto, pero al mismo tiempo los apoyos que recibe son tibios.

 

Paso a Paso

Activista en el congreso chileno pidiendo la reforma de la Constitución. Martín Bernetti/AFP/GettyImages

Activista en el congreso chileno pidiendo la reforma de la Constitución. Martín Bernetti/AFP/GettyImages

Cuando la Jefa de Estado anunció el inicio del proceso de reforma explicó que se daría en varias etapas.

Una primera fase ha pretendido educar. Duró algunos meses y tuvo que ver con una “serie de instancias de formación ciudadana en temas cívico-constitucionales”. Constó en la práctica de unos cuantos spots televisivos, carteles en la vía pública y panfletos repartidos en las esquinas. Para los analistas chilenos el objetivo fue en realidad instalar el tema en la agenda.

Una segunda etapa busca la participación y, con este fin, están celebrándosediálogos ciudadanos” del 23 de abril hasta el 23 de junio en el que todos los chilenos de 14 años, extranjeros residentes y que viven en el exterior pueden aportar propuestas y debatir ideas en encuentros locales. Este es un paso muy significativo porque abre el juego a un pueblo que, más allá de algunos sectores estudiantiles, está desacostumbrado a participar en política. De allí surgirán las “bases ciudadanas”, un documento que será entregado a la Presidenta y, con él como base, se formulará un proyecto de nueva constitución. Un “consejo ciudadano de observadores” (miembros de ONG locales e internacionales nombrados por Bachelet) serán quienes supervisarán los “diálogos ciudadanos” y le darán formato jurídico.

El tercer paso serviría para “descongelar”.  La Constitución actual no contempla un mecanismo de reemplazo realista, fue diseñada con intenciones pétreas. Por eso será necesario primero modificar la actual Constitución para hacer posible el proceso legislativo que implique una nueva carta magna. Esta reforma se enviará desde el Ejecutivo al Congreso en algún momento durante el segundo semestre del 2016. Los parlamentarios votarán a favor o en contra. De aprobarse, discutirán bajo qué  mecanismos se encarará la reforma. Las opciones serán: una comisión bicameral (representantes de ambas cámaras, es decir, de diputados y senadores), una convención mixta (organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios) o una asamblea constituyente (habrá elecciones en dónde se elegirán los representantes constituyentes como sucedió, por ejemplo, en Argentina antes de la reforma de 1994). Si no hay acuerdo sobre la forma, se contempla un “plebiscito ciudadano” en el que a través de comicios nacionales se definirá el cómo.

Por último llegará la hora de votar. Una vez que se haya decidido el órgano de reforma y éste haya concluido su trabajo se convocará a un referéndum en el que se ratificará o rechazará la propuesta de una “nueva constitución”.

 

Críticas de ambos lados

Desde la centroderecha y la derecha se acusa al oficialismo de utilizar la reforma de la Constitución como una excusa para cambiar de tema. Argumentos no les faltan, es evidente que el gobierno de Bachelet ha tenido  una estrategia de esa índole para conseguir cambiar el eje de la agenda mediática, cada vez que está en aprietos lanza una gran iniciativa de reforma (pasó con la educativa, la tributaria y actualmente con la laboral) y de esa manera además cumple con sus promesas electorales. Pero entonces es allí donde recibe críticas de la izquierda por no darle suficiente profundidad a esos cambios.

También se crítica porque el proyecto de reforma se inmiscuirá inevitablemente en la campaña política dado que este año habrá elecciones municipales. Yanina Welp, directora para Latinoamérica del Centro de Investigaciones para la Democracia Directa (Universidad de Zurich), opina  que “hay una resistencia a hablar de conflictos y a debatir, como si se quisiera aparentar que todos están de acuerdo en algo” y que la convergencia entre los “diálogos ciudadanos” y la campaña electoral no afecta negativamente a los sufragios locales sino al contrario: “los partidos siempre han sido actores hegemónicos y los cabildos los obligarán a discutir en el mismo nivel con la ciudadanía y organizaciones sociales” afirma Welp.

Chile, un caso excepcional

Es un proceso de reforma inédito en Suramérica, propio de un país muy particular. Chile se caracteriza por salirse en muchas ocasiones de los libretos regionales. Eligió democráticamente al socialismo (Salvador Allende) en plena Guerra Fría cuando nadie en América Latina lo hizo. Luego sufrió el mismo tipo de golpe de Estado militar que sus vecinos, derramando como ellos mucha sangre, pero mientras toda la región iba regresando a la democracia, Chile seguía siendo gobernado por Augusto Pinochet evitando saldar discusiones importantes como la que respecta a los desaparecidos. Uno de los pilares que explican esa continuidad, cuando en otros países hubo ruptura, fue la capacidad del dictador de institucionalizar los cambios.

Según el sociólogo Manuel Garretón “se logró imponer una institucionalidad completa en los planos políticos, económicos y sociales, previendo el modo en el que los militares dejarían el poder y generando enclaves autoritarios que perdurarían bajo el régimen democrático”. Por eso, la democracia posterior al plebiscito de 1988 y de las elecciones presidenciales de 1990 tiene como característica principal un sistema de amarres institucionales que aseguraron la intangibilidad del modelo pinochetista.

Se hizo una revolución económica neoliberal y se aseguró dejar un Estado y un régimen político que no pudiera ser transformado cuando los militares se fueran. Todo eso vuelve relativo el alcance democrático del plebiscito, dejando al país sin superar la etapa dictatorial porque para colmo, como aporta el politólogo Tomas Moulian, los principales dirigentes que formaron gobierno con la Concertación (partido que predominó en democracia y del que forma parte Bachelet) “llegaron a la conclusión de que este modelo con predominio del mercado y poca intervención estatal podía dar grandes frutos”. La Concertación enmendó y no cambio no sólo la Constitución de Pinochet sino su modelo en general. Una economía pujante pero primarizada, cada vez más rica pero también cada vez más concentrada son muestras de que Chile logró crecer mucho, pero no madurar en la misma proporción.

 

Entre el cuerpo y el alma

Más que cambiar artículos puntuales de la carta magna actual la reforma apunta a cambiar su espíritu. Según Fernando Atria, profesor de la Universidad de Chile, las normas que forman parte de cualquier Constitución son aquellas cuya abolición o reemplazo es problemática en cuanto “implican transformar la identidad de un pueblo”. En ese sentido, sostiene que el caso chileno implica “neutralizar la agencia política del pueblo”. En otros términos, las  instituciones políticas actuales del país sobrevaluan el rol de los partidos y hacen lo inverso con la voluntad de la ciudadanía, son propolíticos y antipolítica a la vez.

La principal diferencia entre la posible nueva carta magna y la actual es quién la redacta y dónde. De una escrita entre gallos y medianoches por un dictador, a una basada en  discusiones ciudadanas. Yanina Welp subraya que “dos días después de abrir la convocatoria, más de 2.000 postulaciones sorprendían al mismo Gobierno, como señal del interés despertado por el proceso”.

Chile podrá cambiar su Constitución en la medida en que el proceso de reforma tenga cinco características:

Participación. La población debe involucrarse masivamente y tener constancia en el proceso participativo de lo contrario escaseara legitimidad desde el principio.

Independencia. Si el proyecto sigue atado al Gobierno se dificultará la búsqueda de consensos y los problemas coyunturales afectarán el curso de la reforma. Debe haber una apropiación por parte de la sociedad civil, independizada tanto del oficialismo como de los sectores conservadores de la economía y la política. Juega a favor el hecho de que Bachelet no tenga posibilidad de reelección y que no esté planeado modificar ese artículo.

Fortaleza. Como el junco debe poder doblarse pero no romperse, todas las dificultades y críticas que pueda tener el proceso de reforma no deben hacer mella en la legitimidad de la propuesta.

Consenso político. No debe quebrarse el acuerdo general sobre la necesidad de un cambio y sobre su profundidad, algunos partidos políticos se han sumado pero sin demostrar demasiada voluntad, existe el riesgo de que si los sectores conservadores  triunfan en las próximas elecciones se caiga la reforma o bien se lleve a cabo pero con fines cosméticos. El desafío es grande: generar acuerdos fundamentales a partir de desacuerdos importantes.

Consenso ciudadano. Si se llega al referéndum de aprobación final será necesario que una mayoría importante vaya a votar, la tasa de participación reciente en la última elección apenas llegó al 50%. Sería, en algún punto, la reedición de aquel histórico plebiscito de 1988. Chile puede volver a elegir en cierta manera si Pinochet “Si” o “No”, una posibilidad para superar su gran trauma contemporáneo.