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Explotacion laboral, abusos sexuales y atropellos: Basta ya!

Hace dos semanas se hacía efectiva rápidamente una denuncia colectiva en el cuartel de la Guardia Civil de Almonte, Huelva, cuando eran “invitadas” a ocupar los asientos de los autobuses que les harían regresar a Marruecos, un domingo y a toda prisa “porque habrían finalizado sus contratos de trabajo”. Nada más lejos de la realidad. La causa: su manifestación colectiva de un “basta ya” a la explotación laboral sufrida en la campaña de la recogida de la fresa y a los en muchas ocasiones abusos sexuales y vejaciones durante sus largas jornadas de trabajo bajo los invernaderos.

Imrani Idrissi Hamid
Recordemos que la propia Guardia Civil frenó la salida de los autocares hasta que ya, al día siguiente, el lunes 4 de junio en los que los juzgados abrían sus puertas, ratificaran formalmente sus denuncias las mujeres afectadas.
Las mujeres marroquíes son contratadas en el país de origen a través del “Programa de Gestión Ética de la Inmigración Temporera”  en el que existe convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) y la ANEPEC (Agencia Nacional para el Empleo y de las Competencias de Marruecos). A través de este convenio se exige un perfil de trabajadora que asegure su regreso al terminar la temporada: casada, divorciada o viuda, con al menos un hijo menor de edad. Incluso este requisito se considera discriminatorio a nivel laboral pero sigue siendo tácitamente el usado por la ANAPEC en las contrataciones y las autoridades andaluzas hacen su “vista gorda”.
Pero los hechos son que las condiciones de trabajo que en su día firmaran en Marruecos no coinciden con las que se encuentran cuando llegan a España. En muchas ocasiones se agrupan en barracones prefabricados para su acomodación y que no cuentan con las mínimas condiciones de salubridad, aunque en ocasiones tengan que pagar 2 ó 3 euros diarios a cambio de hospedaje y luz, realizan en ocasiones jornadas de diez horas sin respetárseles el tiempo mínimo para comer ni ir al cuarto de baño si lo necesitan, sin conocer aún sus salarios y sin respetarse el derecho a días libres ni paga por horas extraordinarias, vejadas e insultadas mientras trabajan, incluso castigadas físicamente en ocasiones y otras abusadas sexualmente si quieren garantizar su continuidad en el trabajo.
En conocimiento de la Fiscalía, los hechos siguen siendo investigados. Ya había sido reclamada con años de anterioridad la presencia de un mayor control en lo que ocurría en las fincas freseras, muchas veces aisladas kilómetros de cualquier foco rural. Hay constancia de cinco denuncias interpuestas por jornaleras marroquíes por abuso de un responsable de su plantación, otras ante la Inspección de Trabajo por no cumplirse los detalles de contrato firmado en origen y la presentada por el SAT por la retención de casi 400 mujeres que iban a ser enviadas a Marruecos antes de finalizar sus contratos.
El Diputado de Podemos en las Cortes Generales Diego Cañamero, antecesor como portavoz del SAT, expresaba “Hay agricultores honestos y trabajadores que hacen las cosas bien, pero hay otros muchos que se aprovechan y compiten con sus productos en el mercado Europeo a base de explotación laboral.”  En este sentido pide “que aumente el número de inspectores para que acudan a diario a las fincas e incluso se eliminen o tengan que devolver las ayudas las empresas que incurran en estas prácticas.”
Ya han empezado a salir los primeros autobuses de regreso a Marruecos, que se hará escalonadamente aunque parece ser que las primeras mujeres en salir son “las más conflictivas” (las que incomodan más a los encargados de las fincas por su firmeza y denuncia ante esos abusos) y algunas aseguran “Nos chantajean sin cobrar si no nos vamos”.
De hecho, muchas cobran su sueldo subidas en los autobuses ya de regreso a casa. Según testigos directos de algunas de ellas, cuando lo abren descubren que lo cobrado no coincide con sus previsiones a las horas y días trabajados y entonces se quedan sin la posibilidad de reclamar este engaño.
Ante un intento de desvincularse los patronos de las acusaciones de las denunciantes, la sorpresa asoma cuando el pasado lunes 11 de junio dos mujeres marroquíes, en nombre “de otras 131 mujeres más” realizan una “contradenuncia” en las que acusan de falsedad los hechos denunciados contra sus patronos de la finca Doñana 1998 por sus compañeras de tajo: “Queremos denunciar a las otras trabajadoras que, a su vez, han denunciado a nuestros jefes… No hay ningún tipo de problema, estamos muy bien y contentas con todo, con el módulo, el sueldo y el trabajo, no existiendo abuso alguno… Es totalmente falso que hayan maltratado, acosado o abusado sexualmente de ninguna trabajadora… Todo ello nos está suponiendo un problema con nuestros familiares, que pueden negarnos para los próximos años poder volver a trabajar en esta empresa o cualquier otra” Afirman: “Las que han denunciado a nuestros jefes han sido obligadas a hacerlo a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de forma definitiva y no tener que volver a Marruecos y cobrar los tres meses del visado”.
Pero ya no se puede negar la evidencia. La situación ha llegado también a instancias europeas. “Las mujeres migrantes que trabajan en Huelva, independientemente de su origen nacional, corren el riesgo de dinámica opresiva de control, aislamiento, sujeción por género y fragilidad también debido a la falta de información y redes sociales. Los actores abusivos pueden ser empleadores, temporales agencias o manijeros”, así como “situaciones de fuerte dependencia del empleador que pueden dar lugar a explotación, amenazas y abuso sexual”. Este informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) habría sido presentado ante el Parlamento Europeo con anterioridad a la publicación del magazine alemán “Corrective.org”.
Ya en el 2001 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social habría dado traslado a la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar lo que un grupo de funcionarios detectara en la finca Doñana2000, de Almonte y cuya propietaria habría sido denunciada el año anterior por impago del salario de los temporeros.  “Vivían como animales”, era la frase que resumía las condiciones en las que los trabajadores de la finca se hacinaban sin las mínimas condiciones sanitarias, sin agua potable y sin ventilación.
Ya se recogía la alerta por parte de la CGT agraria (Confederación General de Trabajo)  en el 2004 “A muchas mujeres se les han retenido sus pasaportes, no se les ha entregado ninguna copia de sus contratos y, por lo general, se les está pagando por debajo del convenio. También se les somete a una presión psicológica constante a través de amenazas de despido e incluso ha habido casos de agresiones físicas. Nosotros intentamos hacer visible esta situación, bien haciéndolo público a través de ruedas de presa o denunciándolo directamente a la administración.”
Las denuncias del SOC (Sindicato Obrero del Campo), el SAT y algunas puntuales de la ONG Huelva Acoge, son contrarias a la de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que niegan la existencia de la cuestión y que alegan que estas denuncias no son más que el fruto de sectores radicalizados que operan en los campos andaluces.  Sus declaraciones actuales son “no podemos aceptar que se generalice con referencia a un sector, causándole un gran daño a empresarios y empleados”
El Sindicato Andaluz de Trabajadores, apoyado por colectivos feministas y de defensa de Derechos Humanos,  ha convocado para hoy domingo 17 una marcha bajo el lema “Fresas sí, pero con derechos” como acto de solidaridad a las mujeres marroquíes y reclamar medidas de protección necesarias para desarrollar su trabajo. Ya hubo una concentración por esta causa en Madrid y ayer sábado en Elche (Alicante). Cartagena, Barcelona, Valencia, Almería, Granada, Huelva, Melilla, Zamora, Santander, Bilbao, Coruña y Santa Cruz de Tenerife se han sumado hoy y el próximo martes lo hará Tarifa y el viernes Pola de Siero, Asturias.
Lamentamos que el miedo pueda hacer prevalecer la injusticia, que la necesidad y la penuria económica consigan acallar la denuncia y los derechos del ser humano en general y del trabajador en particular y que los que ostentan poder se enriquezcan aún más por la explotación y el esclavismo del más desfavorecido.  
Debe exigirse el cumplimiento del programa firmado entre Marruecos y el ayuntamiento de Cartaya y la responsabilidad de las autoridades competentes en este caso. Existe una clara falta de interés del ministerio de Trabajo marroquí en este tema, que en sus comunicaciones quiere echar tierra por medio desmintiendo lo que sucede. Es suya también la responsabilidad de dotación de los mecanismos de control y seguimiento en las que estas trabajadoras desarrollarán su trabajo. No se trata de enviarlas a su suerte solo porque cumplen las condiciones de estar sanas, ser menores de 45 años y con al menos un hijo menor de 14 y pertenecientes a la zona rural, para luego no supervisar las condiciones en las que salvarán la temporada de cosecha de la fresa que tanto beneficio revierte en Huelva.
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