Funcionarios se encargarán de procesar el “acceso a la información” en la administración marroquí

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Infomarruecos/Conacentomarroquí

 En espera de la entrada en vigor de la Ley de acceso a la información, a partir del 12 de marzo de 2019, las administraciones públicas y las instituciones están en proceso de designar a las personas encargadas de obtener información en los organismos interesados ​​en la aplicación de este derecho constitucional.

   A este respecto, el Ministro responsable de la reforma de la administración y la oficina pública convocó a las personas encargadas de recibir las solicitudes de información, estudiarlas y proporcionar la información requerida, así como la asistencia necesaria, si fuera necesario, al solicitante en la preparación de su solicitud.
    En un memorando dirigido al Ministro de Estado, a los Ministros, a los secretarios del Estado, a los delegados superiores y al Delegado General, el Ministro propuso designar a los encargados de estas funciones con los intereses de la Administración Central y no Central, las instituciones, las empresas públicas y los grupos territoriales en diversas regiones, ocupaciones y regiones del Reino.
    Los proveedores de información deben cumplir con los requisitos y las calificaciones científicas, y la persona asignada debe estar entre los rangos clasificados al menos en la escala 10 o equivalente. En caso de que esto no sea posible, la persona asignada deberá ser nombrada entre los miembros del personal en el nivel administrativo más alto.
    Las mismas fuentes destacaron la necesidad de establecer un programa de trabajo anual dentro de las administraciones públicas y las instituciones para activar la ley sobre el derecho a la información por medio de un inventario exhaustivo de los datos en su poder.
    La Ley, promulgada el 12 de marzo de 2018, tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, que establece el derecho de los ciudadanos a obtener información en poder de las administraciones públicas.
   La ley propuesta prevé excepciones tales como información sobre defensa nacional, seguridad interna y externa del Estado y la vida privada de las personas, así como la prevención de la violación de las libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución y la protección de fuentes de información y áreas estrictamente determinadas por la ley.