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Ghaligate y la nueva realidad: El MSP, la respuesta ideal

Autonomia

Aclaro, de antemano que importa muy poco cómo me llamo, ni de donde soy ni como he llegado hasta aquí, sino lo que voy a revelar, porque a excepción de una sola hermana, toda mi familia (15 miembros entre próximos y lejanos parientes) sigue, como la inmensa mayoría de su población, rehén del Polisario en los campamentos de Tinduf, pero esto no lo sabrán a través de España y sus laberintos de “derechos humanos” y de “solidaridad’ internacional… La situación de la población de estos campamentos es real y potencialmente inquietante. Atada a la vida, la gente se pregunta con qué derecho fue sometida a tantas humillaciones y a tantos atentados contra su dignidad saharaui. Cunde la desconfianza y la parquedad. Desaparecen trágicamente la solidaridad, la fraternidad y el amor al prójimo. La gente no busca más que sobrevivir para el día siguiente con la eterna pregunta de que si alguna ayuda humanitaria internacional u otra limosna haya llegado al campamento y, sobre todo, si les va a llegar.

 

Como lo subraya fehacientemente el letrado marroquí Abdelkebir Tabih en una tribuna en la MAP, “Al invocar consideraciones humanitarias para tratar de explicar su actitud, el Gobierno español reconoció implícitamente que era consciente de la usurpación de la identidad del individuo en cuestión y de que su pasaporte había sido falsificado, lo que se considera un crimen según lo estipulado en el apartado 3 del artículo 451 del código penal español”.

El mismo abogado que es asimismo un conocido militante de Derechos Humanos a nivel mundial, explica al respecto que “la usurpación de la identidad del individuo en cuestión y de que su pasaporte había sido falsificado, lo que se considera un crimen según lo estipulado en el apartado 3 del artículo 451 del código penal español”.

Conclusión: el código penal español prevé una pena de entre seis meses y tres años de prisión contra cualquier individuo que haya ayudado a una persona a eludir las investigaciones realizadas por la autoridad o sus agentes sobre crímenes contra la humanidad, crímenes contra las personas, conflictos armados y terrorismo.

¿Quién ha eludido estas investigaciones?

Por otra parte, como lo recordaban ayer en “La Razón” Mohamed Aujjar, Khalihenna Ould Errachid y Ahmed Herzenni “la comparecencia del llamado Ghali por videoconferencia ¿no va en contra de la propia posición del Tribunal Constitucional español, que insiste en “el interrogatorio personal y directo de las personas que comparecen, lo que implica la coincidencia temporal y espacial de quien hace la declaración, y de la persona ante quien éste declara”?

Ante estos graves desarrollos, del gobierno español y de la justicia española “que respetamos, pero cuyo comportamiento condenamos” no queda a Marruecos más que la lucidez de no esperar gran cosa de esta pesada comedia y pasar a la accion, situando el curso de los acontecimientos en su legítimo contexto y marco. Es decir, abrir con los directamente concernidos por la prefabricada cuestión del Sahara y representantes mayoritarios de la población del Sahara, como el CORCAS y el MSP consultas sobre el proyecto de autonomía.

Los que creen concernidos que tomen el tren en marcha…

 

 

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