Incidentes en el paso fronterizo de Nador-Melilia: la DIDH reitera su rechazo a las alegaciones de ciertas ONG tendentes a desacreditar los esfuerzos del Reino

La Delegación Interministerial para los Derechos Humanos (DIDH) ha reiterado su rechazo categórico de las alegaciones y posiciones adoptadas por ciertas organizaciones no gubernamentales con el fin de desacreditar los esfuerzos realizados por el Reino para consagrar la práctica de los Derechos Humanos, así como sus principales logros en la gestión de los asuntos de inmigración y asilo.

En un comunicado publicado el miércoles, la DIDH reafirmó su opción por la apertura, el diálogo y la cooperación con las ONG « que trabajan, con toda objetividad, para reforzar la protección de los Derechos Humanos y promoverlos », subrayando que había tomado nota de las alegaciones contenidas en las publicaciones de algunas ONG sobre lo que denominaron « el primer aniversario » de los incidentes ocurridos el 24 de junio de 2022 en el paso fronterizo de Nador-Melilia.

El asalto fue llevado a cabo por casi 2.000 candidatos a la inmigración irregular, cuyos dirigentes habían sido adiestrados en técnicas de infiltración y en el uso de la violencia según un modus operandi similar al de las milicias, recuerda la DIDH, precisando que los asaltantes habían empleado una violencia sin precedentes contra las fuerzas del orden, utilizando armas blancas, piedras y garrotes e insistiendo en cruzar violentamente a Melilia, haciendo caso omiso de todas las normas internacionales relativas al respeto de la seguridad nacional de los Estados y causando la muerte de 23 candidatos a la inmigración irregular, además de 140 heridos entre las fuerzas de seguridad y 70 entre los inmigrantes.

Tras consultar las citadas publicaciones y las denuncias en ellas recogidas, la Delegación Interministerial constata que determinadas organizaciones siguen realizando extrapolaciones, juicios y conclusiones abusivas que en modo alguno se basan en datos materiales, al igual que se amparan en fuentes de información unilaterales y avalan denuncias infundadas, sin tener en cuenta los datos aportados por fuentes oficiales o creíbles sobre estos hechos, incluidos los que están a disposición del público en las sedes electrónicas oficiales de los mecanismos de Derechos humanos de Naciones Unidas.

Esta actitud « confirma, una vez más, la postura hostil de estas ONG hacia Marruecos y su empecinamiento, lamentablemente, en adoptar un enfoque alejado de los principios de objetividad y honestidad y que roza la parcialidad y el engaño ».

Según el comunicado, las publicaciones mencionadas no hacen más que repetir rumores difundidos el año pasado sobre estos hechos por las mismas organizaciones, que ahora vuelven a las andadas, lanzando acusaciones infundadas que nada tienen que ver con la realidad de los hechos, mientras ignoran deliberadamente las instrucciones dadas por las autoridades judiciales competentes para llevar a cabo una investigación completa sobre el asunto, que sigue en curso.

La DIDH condena « un vano intento de desacreditar los esfuerzos realizados por el Reino de Marruecos para proteger los derechos de los inmigrantes y refugiados, así como los realizados en el marco de las operaciones de rescate en el mar y de la lucha contra los contrabandistas y las redes de tráfico de seres humanos ».

Estos esfuerzos se basan en el respeto por parte de Marruecos de sus compromisos internacionales en este ámbito, y en su papel pionero en la gestión de los asuntos de inmigración y asilo, prosigue la DIDH, refiriéndose a los esfuerzos realizados también para facilitar la integración de los inmigrantes, de acuerdo con un enfoque humanitario acogido favorablemente por varias partes.

En cuanto a las alegaciones de « uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad », la Delegación Interministerial afirma que las fuerzas responsables del mantenimiento del orden público velaron, en su gestión de estos acontecimientos, porque el uso de la fuerza fuera proporcionado a la necesidad de mantener el orden público, en cumplimiento de la legislación nacional y de las normas internacionales de Derechos Humanos, « a pesar de las amenazas y los graves peligros a los que se vieron expuestos ».