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Informe 2021 de HRW: Las autoridades públicas « rechazan categóricamente » el capítulo dedicado a Marruecos (Actualizado y detallado)

Otra vez HRW!

Rabat – Map

Las autoridades públicas expresaron, hoy, su « rechazo categórico » del capítulo dedicado a Marruecos en el informe mundial 2021 de la organización Human Rights Watch (HRW).

Tras la publicación por HRW de su informe anual 2021, las autoridades públicas « rechazan categóricamente » el capítulo dedicado a Marruecos, dado que esta organización persiste en su enfoque inapropiado para la evaluación de la situación de los derechos humanos en Marruecos, despreciando, con premeditación, los prerrequisitos metodológicos y las normas vigentes en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, especialmente la imparcialidad y la objetividad.

Las autoridades públicas, aunque deploran la instrumentalización, una vez más, por  HRW del discurso de los derechos humanos para transmitir denuncias y mentiras que encarnan posiciones políticas sobre el Sahara marroquí, pero negadas por la realidad sobre el terreno y los acontecimientos en el ámbito internacional, en particular las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad, reafirman su firme compromiso con el proceso de la ONU y su apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas para alcanzar una solución política realista y pragmática, basada en el compromiso, con pleno respeto a la unidad y soberanía del Reino de Marruecos, indica un comunicado de prensa de la Delegación Interministerial de Derechos Humanos (DIDH).

Además, prosigue el comunicado, las autoridades públicas, que deploran que las conclusiones contenidas en el informe se basen en juicios de valor no basados ​​en hechos sino en ideas preconcebidas de la organización sobre Marruecos, están sorprendidas por la valoración arbitraria que HRW ha intentado trasmitir sobre el sistema de justicia penal y la libertad de reunión, a través de alegaciones infundadas y comprobadas sobre casos concretos anteriores, sabiendo que el período al que se refiere el informe es excepcional, habiendo obligado a todos los países del mundo, incluido Marruecos, a tomar las medidas cautelares y preventivas necesarias para hacer frente a la pandemia para proteger los derechos y libertades fundamentales, y no restringirlos, como reclama la organización.

En el mismo contexto, y contrariamente a las alegaciones de esta organización, los poderes públicos reafirman su compromiso de garantizar el ejercicio de la acción asociativa, las libertades de reunión y la creación de asociaciones en todo el territorio nacional sin restricción alguna, sin discriminación alguna y esto, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y la ley, agrega la misma fuente.

Las autoridades públicas también afirman su rotundo rechazo a las presuntas restricciones a la libertad de expresión planteadas por la organización, dado que las personas objeto de estas denuncias han sido procesadas por hechos enmarcados en la ley y que los casos de su mayoría aún se encuentran ante los tribunales, lo que hace que cualquier conclusión o interpretación que haga cualquiera de las partes al respecto es una injerencia en los asuntos de una autoridad independiente.

Las autoridades públicas consideran además que el enfoque conspirativo adoptado por HRW, que siempre han refutado, provocó que la organización presentara hechos irreales y una falsa imagen de la realidad y los logros de los derechos humanos  en todo el Reino, señalando que hubiera sido más bien juicioso que esta organización denunciara las flagrantes violaciones de los derechos humanos contra los secuestrados en los campamentos de Tinduf, quienes sufren diariamente humillaciones, privaciones de derechos fundamentales y violaciones libertades. Si bien reiteran su rechazo a este enfoque mediante el cual HRW sigue evaluando la situación de los derechos humanos en Marruecos, las autoridades públicas llaman la atención de esta organización sobre el hecho de que la politización de los derechos humanos es una opción inútil, que va en contra de la naturaleza de las misiones de las ONG que se supone contribuyen de manera constructiva a los esfuerzos de los Estados para promover y proteger los derechos humanos, concluyó el comunicado de prensa. MAP

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