Los participantes en un foro sobre “las penas alternativas y la violencia urbana” destacaron, el sábado en Fez, la importancia de estas soluciones, que aseguran un equilibrio entre la protección de la sociedad y la reinserción de los implicados.
Los intervinientes, entre ellos juristas, académicos y actores de la sociedad civil, subrayaron la necesidad de un enfoque participativo para acompañar esta nueva reforma, impulsada por el Reino en el marco de la ley 43.22, con miras a una justicia más equitativa y humana.
Durante la apertura del encuentro, el decano de la Facultad de Derecho de Fez, Mohamed Bouzlafa, señaló que el nuevo enfoque relacionado con las penas alternativas puede fortalecer la justicia social y los derechos humanos.
Se centró en las repercusiones de la violencia urbana sobre el desarrollo sostenible, la estabilidad y la seguridad, considerando que las penas alternativas constituyen una elección estratégica para alcanzar el desarrollo socioeconómico esperado.
Bouzlafa agregó que estas soluciones van más allá del enfoque disuasorio para promover la humanización de las penas como el mejor medio para combatir la violencia urbana.
Omar Youssfi, representante de la Delegación General de la Administración Penitenciaria y de la Reinserción, explicó el contexto general y las consideraciones que presidieron la adopción de la ley sobre penas alternativas, que se inscribe en el marco de una reforma cualitativa de la política penal de Marruecos, basada en un enfoque de justicia de reconciliación en lugar de la disuasión y la privación de libertad.
“La temática del foro constituye un desafío social y humano de gran importancia”, dijo, añadiendo que la ley 43.22 sobre penas alternativas es uno de los fundamentos estratégicos de esta política reformista del Reino. Esta ley establece un marco legal para la aplicación de las penas alternativas.
Precisó que estas penas se aplican fuera de los espacios carcelarios cerrados y en condiciones que preservan el modo de vida habitual de los condenados, señalando que el seguimiento continuo de su aplicación revela que los implicados cumplen en general con las medidas adoptadas.
La presidenta de la Coalición Civil para la Prevención de la Violencia Urbana, Amina Maqdoud, indicó, por su parte, que este encuentro abre el debate sobre un tema de gran relevancia, añadiendo que la coalición considera que este proyecto no es solo un debate legal e institucional, sino parte de un proceso de reforma integral que impacta la vida de los individuos, la seguridad de la sociedad y las perspectivas de integración de los jóvenes en el tejido socioeconómico.
La introducción de las penas alternativas implica instaurar una justicia más humana y eficaz, acorde con los principios del Estado de derecho, señaló, haciendo hincapié en la convicción de la coalición de que la prevención de la violencia urbana no depende únicamente de enfoques disuasorios, sino también de soluciones innovadoras, sostenibles y equitativas.
Según Maqdoud, las penas alternativas son una de las soluciones que favorecen la reinserción de los implicados y el fortalecimiento de los lazos familiares, al tiempo que reducen los casos de reincidencia.
Amal El Karouaoui, del Instituto Danés contra la Tortura (DIGNITY), subrayó la importancia del debate abierto sobre las penas privativas, ya que permite que los jóvenes participantes comprendan los objetivos de esta política reformista, añadiendo que los estudios han demostrado que los jóvenes prefieren este tipo de sanciones a las privativas de libertad.
Tras destacar los desafíos que plantea la sobrepoblación carcelaria a nivel mundial, en términos de alimentación y atención médica, indicó que el Consejo de Europa considera las penas alternativas como una de las soluciones más eficaces para reducir la reincidencia y favorecer la reinserción progresiva de los reclusos.
Este encuentro fue iniciado por la asociación Citoyen de la Rue, en colaboración con la Coalición Civil para la Prevención de la Violencia Urbana y con el apoyo del instituto DIGNITY. Se prevén tres sesiones que abordarán el marco legal de las penas privativas y sus dimensiones psíquicas, sociales y de derechos humanos. MAP
