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La situación de Ghali en España, más que un problema político, es un tema de derechos humanos Juan C. Moraga D. DHSF.

Las cosas, por su nombre

La presencia del jefe polisario, con pasaporte falso y autorización del gobierno de España, no puede tolerarse o justificarse por “razones humanitarias”, puesto que los delitos por crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a todos los tratados,  no tienen fronteras ni fecha de prescripción, lo que obliga a las autoridades de países donde los acusados por estos delitos son sorprendidos, para actuar de acuerdo a la legislación internacional y los convenios sobre derechos humanos que este país ha suscrito.

En nuestra memoria permanece la detención de Pinochet en Inglaterra donde, al igual que Ghali en España, se encontraba hospitalizado, pero que, al ser requerido por un juez español que lo acusa ante tribunales ingleses  por cometer crímenes de lesa humanidad, las autoridades del reino unido no vacilaron en detenerlo en el mismo centro hospitalario y ponerlo a disposición de la justicia para que respondiera por sus crímenes. Claramente la respuesta de Madrid en el caso de Ghali no ha sido la misma y por razones que casi todo el mundo desconoce, dilata una situación que, en lugar de resolver un tema de fácil despacho, se enreda en declaraciones que nadie entiende y no da respuesta a las denuncias formales en que se acusa por crímenes de lesa humanidad a Brahim Ghali, presentadas con antecedentes, testigos y testimonios de las víctimas  por la Asociación Saharaui de los DDHH en tribunales españoles.

A lo anterior se suma la incomodidad de la ministra de asuntos exteriores de España, Arancha González Laya, que evita responder a las críticas de Marruecos, país vecino con el que España no solo hace negocios, y muy buenos negocios, sino también se trabaja en el plano de la seguridad, el combate al terrorismo y la delicada situación de los inmigrantes. Y es grave porque Brahin Ghali está acusado por ASADEDH y también por organismos internacionales de los DDHH  que lo responsabilizan de la mantención de cárceles secretas en Argelia, donde permanecen desaparecidos los disidentes políticos de su propia estructura, el robo de ayuda humanitaria que denuncia una importante institución europea, la violación de mujeres indefensas que dan la cara para apuntar a Ghali y otros delitos de los que son testigos, no los fascistas o ultraderechistas como les gusta descalificar, sino ex miembros del Polisario.

Se trata de personas progresistas o de izquierda que, en busca de castigo para los culpables y una solución política y realista para la crisis del Sahara, se han rebelado en contra de una cúpula corrupta que, en lugar de presentar una solución viable para la grave situación de los campamentos de refugiados en Tinduf, la han utilizado para enriquecerse y, al igual que los peores dictadores que nos muestra la historia, no permite la más mínima oposición o consultas incomodas al interior de su organización, castigando con la cárcel, tortura o muerte cualquier tipo de disenso que es, en definitiva, lo que genera las denuncias en contra de Brahim Ghali que hoy, como demandan sus víctimas y cada día más personas e instituciones a través del planeta, debiera terminar ante la justicia.

La situación de Ghali ya no es un problema político, sino un tema de los derechos humanos, donde se trata, nada más ni nada menos, que de poner ante la justicia a uno de sus más siniestros violadores. Nos preocupa que, al igual que Pinochet en Londres, donde al dictador se le inventa un grave estado de salud para escapar y por razones humanitarias se le autoriza volver a Chile, donde termina riéndose de la justicia. Con esa lección en la retina, pensamos que el gobierno y los tribunales de España debieran actuar y terminar, de acuerdo a la legislación internacional sobre derechos humanos y convenidos suscritos, sentando en el banquillo de los acusados a Brahin Ghali donde, con su legítimo derecho a defensa, sea juzgado y condenado por los graves crímenes de que se le acusa. De no hacerlo e impedir su procesamiento, no solo Ghali, sino también España, por su complicidad en estos delitos al dejar escapar a un imputado, claramente se ponen al margen de la legislación internacional y deben asumir las consecuencias de lo que esto significa.

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