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Las autoridades públicas rechazan categóricamente el intento de Human Rights Watch de tergiversar la opinión pública y dar la impresión de que el poder judicial nacional no es independiente

Comunicado 

Hoy miércoles, las autoridades públicas marroquies expresaron su rotundo rechazo a la publicacion “difamatoria” emitida por (Human Rights Watch) el 21 de septiembre, titulado “Marruecos presenta un caso de espionaje contra un periodista de oposición”, en el que “la organización busca confundir a la opinión pública y crear una impresión en él de no independencia del sistema judicial nacional “.

En un comunicado las autoridades públicas afirmaron que el poder judicial es independiente de acuerdo con la Constitución, y que velar por el cumplimiento de las garantías de independencia otorgadas a los jueces es un asunto encomendado a una institución constitucional privada independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, que es el Consejo Supremo del Poder Judicial, que emitió un comunicado el 15 de septiembre de 2020 en defensa de la independencia e inviolabilidad del poder judicial, en respuesta a algunas organizaciones no gubernamentales internacionales que, en lugar de contribuir a fortalecer esta independencia, llaman a presionar para afectarla.

El comunicado destaca que el poder judicial marroquí considera el único responsable de la suerte del expediente de que se trata el asunto que se está tramitando por ser sospechoso de haber cometido actos delictivos en virtud del derecho penal marroquí, que son actos amparados por procedimientos legales y judiciales y procedimientos que se llevan a cabo en las condiciones de un juicio justo, destacando que este seguimiento judicial no tiene absolutamente nada que ver con su labor periodística, ya se trate de artículos o investigaciones que realice y cuyas normas se regulen y la sanción por violar sus controles la Ley de Prensa y Publicaciones de Marruecos, teniendo en cuenta que la capacidad de periodista no exime de seguimiento judicial cuando los actos atribuidos al imputado demuestren ser elementos jurídicos y materiales de un delito enmarcado en el derecho público.

En esta comunicado, las autoridades públicas expresan su absoluto rechazo a los intentos de la organización de desempeñar papeles que nada tienen que ver con las tareas de defensa de los derechos humanos, y así se repitió en su reciente publicación en la que pretendía cuestionar fallos judiciales previamente resueltos, y abusar del secreto de las investigaciones judiciales con la ntención de mancillar la labor de la justicia al incidir en el curso normal de un expediente judicial al inicio de la etapa de investigación, y presentar un cuadro que difiera de la realidad de los hechos y las circunstancias y de la interpretación indebida de los textos, procedimientos y reglas legales y judiciales, sin aportar prueba indicio legal o concreto que indique la inexactitud de la ocurrencia de los hechos delictivos objeto del expediente mencionado, que es un acto que solo el Poder Judicial puede realizar en todos los ordenamientos jurídicos.

El comunicado agrega que las autoridades públicas están registrando, una vez más, que las “conclusiones erróneas y juicios preconcibidos” contenidos en la publicación “solo pueden reflejar premisas metodológicas que carecen de objetividad y son selectivas sobre las que la organización ha estado abordando situaciones de derechos humanos en Marruecos”.

Al respecto, las autoridades públicas cuestionaron cómo se podría interpretar la denegación del derecho a la libertad de opinión y expresión por parte de la organización a una parte de los medios de comunicación nacionales, simplemente porque publica materiales que no necesariamente corresponden a las conclusiones y caprichos de la organización y las directrices de sus partidarios, además de su adopción de narrativas que abogan por una parte sin el resto de las partes como es el caso, al menos, en el expediente relacionado con la sospecha de violación y atentado al pudor, donde la organización violó el derecho del asunto en cuestión a la tutela judicial, e incluso negó deliberadamente su capacidad profesional, lo que también fue señalado por el propio Sindicato Nacional de Prensa Marroquí en una notificación que emitió el 24 de septiembre de 2020.

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