“El caudillo es aquél que hace la ley, pareja para todos menos para él, quje está fuera de la ley.” Sarmiento.
La igualdad en las relaciones es una condición indispensable para la normalidad de las comunidades, y para sostener la dignidad y eficacia de los derechos de todos los hombres.
Aunque se proclama y se reafirma en todos los ámbitos y en toda circunstancia, en los hechos la igualdad está lejos de instalarse como una condición esencial en las relaciones humanas.
A pesar de los esfuerzos doctrinarios y legislativos, y de la toma de conciencia que se produjo en el transcurso de la historia, todavía hoy es visible la diferencia en el trato social entre un varón y una mujer.
No es lo mismo la vida para ellos, las mujeres atraviesan dificultades que son ajenas a los varones, a pesar de llenarnos la boca con la igualdad de género, y las condiciones parejas que deben sostenerse entre ellos.
El desequilibrio es evidente en todo ámbito, en el social, en el laboral y también en el cultural.
Otra condición de igualdad proclamada hasta el cansancio y sostenida con empeño, pero que rara vez se cumple, es la paridad entre gobernantes y gobernados.
Ya hemos dicho en otra oportunidad que se malentiende y se subvierte el sentido de gobernar.
El gobernante siempre es un mandatario, es decir quien recibe una orden o mandato de otro y debe cumplirla.
Pero es común que los funcionarios de toda índole piensen que es su deseo o su pretensión la que deben hacer cumplir, y no aquella que les fue dada por quienes lo eligieron.
Sobre esto, se establece una condición de privilegio.
Este privilegio es concedido en las Repúblicas modernas y de modo constitucional, al ejercicio de su función.
Es decir en las cuestiones que hacen al ejercicio de la función deben respetarse ciertas condiciones de quienes ejercen cargos públicos.
Pero en su vida común, porque también son hombres como cualquiera, no tienen los mismos privilegios
Están sujetos a la legislación común, al Código Civil, al Código Penal y a las leyes que rigen la conducta de los ciudadanos, que en su vida común es lo que son.
Pareciera como dice Sarmiento que están fuera de la ley, que tienen total inmunidad y que su conducta no puede ser juzgada.
Esta desigualdad corroe la Republica, incide sobre los valores y marca a las sociedades con posturas de violencia, corrupción e injusticia.
Por otra parte, las relaciones comunes, civiles y comerciales, que establece el Estado con particulares, también están sujetas a esta dicotomía perversa de desigualdad.
Las contrataciones bilaterales deben respetar el derecho de ambas partes, y las condiciones deben ser similares. No puede concederse privilegios en obras o trabajos públicos porque degeneran en corrupción, apropiación de bienes y dineros, y transacciones y acomodamientos de secuaces o partidarios en detrimento de lo que es equitativo y justo.
Lo que no termina de entenderse es que estas condiciones también mella la libertad del hombre, ya que los condicionan y termina buscando variantes, escapes o atajes para eludirlos.
Entonces la desigualdad llama a la corrupción y termina siendo un socavón para las instituciones y para la República.
¿Cómo se soluciona?
Con una independencia genuina de poderes, y con un control ciudadano.
El meollo de la República es la división de poderes; que no haya un poder absoluto y que se pueda controlar aquello que se hace, en la divergencia y en las diferencia de criterios partidarios y sociales.
El control ciudadano significa el estricto cumplimiento de lo prometido.
El gobernante fue electo por lo que plasmó en su plataforma, que es lo que convocó al pueblo a votarlo.
Entonces es su obligación cumplir el mandato que la gente le dio de acuerdo a su propuesta.
No puede alegremente ejercer sus funciones a su antojo, y desviar su plataforma.
El pueblo tiene el deber de controlar y denunciar y hacer cumplir con lo que se ha estipulado.
Tamaña ocupación que debe ejercerse con dignidad, honestidad y probidad.
En el fondo toda la cuestión estriba en la honorabilidad, la rectitud y la abnegación de todos.
El ser abnegado es aquel que pone por delante el bien común, la felicidad de todos y el buen vivir de los ciudadanos, antes que sus propios intereses y deseos.
Entonces las relaciones serán igualitarias y no habrá diferencias.
