Los derechos humanos en Chile Dr. Mario H. Concha Vergara Director de la Fundacion Olof Palme

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Dr. Mario H. Concha Vergara Director FundacionOlof palme

 

El día tres de septiembre (2018) se realizó en el antiguo Senado de la República en Santiago de Chile, un seminario llevado a cabo por la Fundación Por la Democracia, presidida por Sergio Bitar, ex preso político, ex Ministro de Estado de Allende y, luego del gobierno de del Presidente Lagos, sobre un tema bastante de boga entre los chilenos: Justicia y DD.HH. en el Chile de Hoy.

El panel estaba compuesto por la abogada de derechos humanos  Lorena Fries, por el Magistrado Milton Juica, por el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar, Patricio Zapata, académico de derecho internacional,y Liliana Galdámez, de la Univ. De Chile.
El Seminario se basó principalmente en la discusión de la acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados en contra de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia.Las bancadas de oposición presentaron acusación constitucional contra los jueces de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Domestch y Manuel Valderrama, por conceder la libertad condicional a siete detenidos por crímenes de lesa humanidad que se encontraban en el Presidio de Punta Peuco.
La presentación fue realizada por la diputada Carmen Hertz, experta en DD.HH. y víctima de la dictadura, quien fue elegida como vocera de la iniciativa. Hertz sostuvo que “hoy estamos haciendo uso de esta herramienta, a la cual estamos obligados porque se ha vulnerado el orden internacional y con esto se pone al Estado de Chile en una situación de vulnerabilidad”. La parlamentaria sostuvo que “no estamos invadiendo, como se ha pretendido (decir), ninguna autonomía judicial”.
Precisamente el foro del Seminario se centró en la supuesta vulneración de la autonomía judicial y los ponentes manifestaron diversas razones por la cuales consideraban que el Parlamento estaba vulnerando la autonomía del Poder Judicial. Cabe destacar que en Chile no hay Parlamento ni Parlamentarios sino que un Congreso Bicameral y los diputados y senadores son congresistas. Esto llamó la atención del público asistente pues no entendían como personajes, supuestamente, de grandes méritos en el derecho podían confundir estos términos.
Para el Magistrado Juica la acusación era una infracción al derecho; los demás ponentes con palabras más o palabras menos, con diversos argumentos estuvieron de acuerdo, olvidándose de la potestad del Congreso chileno, el cual es elegido por votación universal y secreta y los jueces y magistrados no, ellos son nombrados y no elegidos.
La abogada Hertz había planteado que “esta acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni corregirlo, no es ese el objetivo de la acusación constitucional, sino hacer objetiva la responsabilidad política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la protección de los derechos humanos”.
En Chile, el Presidente de la Nación, de acuerdo a las facultades que le otorga la Constitución Nacional, nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto.El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara del Congreso, tiene a su cargo la selección en concurso público de los candidatos a jueces y la conformación de ternas, de las cuales, el Presidente de la Nación de acuerdo a la Constitución los designa. Es decir, en Chile no hay ni consenso público ni elección popular y universal para los miembros del poder judicial.
Lo anterior, de acuerdo a muchos miembros de las fundaciones y ONG’s de DD.HH. no es correcto y deberían elegirse públicamente.
Los panelistas manifestaron de una manera u otra que para ellos las acusaciones no debían tener un móvil político ni ser una venganza, olvidándose de que los crímenes de los acusados son por lesa humanidad, es decir imprescriptibles ante la ley internacional.
La Comisión de Derechos Humanos en su 61 sesión de Naciones Unidas de 8 de Febrero de 2005 aprobó los Principios Generales para combatir la impunidad (Principio I). Entre ellos destaca el derecho inalienable a la verdad, en los casos de crímenes como los que aquí se investigan (Principio II); el derecho de la víctima a saber (Principio IV), como un derecho imprescriptible a conocer las circunstancias en las que se produjeron la violencia, la muerte o las desapariciones; el derecho a la justicia (Principio XIX) y en particular la justicia penal; el derecho a la jurisdicción universal (Principio XXI); a la imprescriptibilidad, cuando se refiera a crímenes que según el derecho internacional son imprescriptibles (Principio XXIII); el derecho a la restricción y otros medios relacionados con la amnistía (Principio XXIV). La amnistía se reconoce ésta como una medida que puede ser beneficiosa en casos de acuerdos de paz, etcétera, pero en la letra a) se establece claramente que los perpetradores de crímenes bajo el derecho internacional, no se pueden beneficiar de esas medidas mientras que el Estado no haya cumplido las obligaciones del Principio XIX, es decir, hasta que el Estado no haya dispuesto lo necesario, a través de investigaciones independientes e imparciales, sobre las violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho internacional humanitario y haya tomado las medidas precisas respecto a los perpetradores, particularmente en el área de la justicia criminal, con exigencia la responsabilidad, juzgándoles y condenándoles, en su caso.
De acuerdo a lo anterior en Chile existe, hasta cierto punto, una complicidad por omisión sobre los crímenes de lesa humanidad y, además, los ponentes olvidaron de que el Poder del Congreso (Poder Legislativo) está por sobre los demás poderes del Estado.