Los parlamentarios marroquíes instan a sus homologos de la UE sobre las ‘violaciones sistemáticas’ de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf
“Esta situación nos preocupa como diputados marroquíes porque una buena parte de la población secuestrada en los campamentos de Tinduf son saharauis marroquíes”, dijo Lahcen Haddad, copresidente de la comisión parlamentaria conjunta marroquí-UE, en una carta abierta dirigida a los eurodiputados.
Preciso el diputado que Argelia considera a los saharauis marroquíes (así como a otros de la región del Sahel) en su suelo como « refugiados », mientras que Marruecos los considera como « poblaciones secuestradas » retenidas contra su voluntad en los campamentos de Tinduf.
Aunque los considera « refugiados », Argelia no les aplica la Convención de Ginebra de 1951 ni su Protocolo de 1967. Además de que están « almacenados », se controla su libre circulación y no se les permite viajar a terceros países, ni realizar ninguna actividad lucrativa, señaló Haddad.
A pesar de los llamados regulares del Consejo de Seguridad de la ONU y ACNUR para que Argelia proceda a un censo de los « refugiados » saharauis según lo estipulado por el derecho internacional, la identidad y el número de estos presuntos refugiados siguen siendo un misterio, señaló.
En su nota del 28 de septiembre de 2018, ACNUR confirmó que la cifra oficial de planificación de “refugiados saharauis en los campamentos de Tinduf en Argelia” es de “90.000”, cifra que se ha complementado desde 2006 con 35.000 raciones adicionales”, señaló Haddad. , y agregó que, sin embargo, ACNUR continuará basándose en estas cifras hasta que se lleve a cabo un ejercicio de registro completo.
Las 35.000 raciones adicionales se agregaron para abordar el impacto de las inundaciones y se guardaron para desastres naturales como inundaciones o sequías severas.
« Argelia y el polisario afirman que más refugiados viven en los campamentos y reciben asistencia humanitaria a la luz de estas estimaciones, muy probablemente, exageradas », explicó Haddad.
« Pero continuamente se niegan a contar y registrar a estos ‘refugiados’ a pesar de los constantes llamados de la ACNUR y del Consejo de Seguridad de la ONU », señaló, y agregó que la evidencia anecdótica muestra que parte de la ayuda humanitaria es vendida por responsables del polisario en el mercado negro en el sur de Argelia y la región del Sahel.
Recordó Haddad, en este sentido, que la Oficina Antifraude de la Unión Europea descubrió en 2015 que la ayuda humanitaria de la UE, que ascendía a 105 millones de euros a lo largo de los años, era desviada regularmente por el « polisario » para actividades como la compra de armas. El mismo tema fue objeto de una propuesta de resolución presentada por los parlamentarios europeos el 24 de julio de 2020.
Por otro lado, prosiguió, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó, con motivo del cuarto informe periódico de Argelia el 20 de julio de 2018, su profunda preocupación por la « devolución de autoridad de facto » de Argelia sobre los campamentos de Tinduf al Polisario.
Explicó que esto es de particular preocupación ya que esta autoridad jurisdiccional es incompatible con la obligación de Argelia de respetar y garantizar todos los derechos establecidos en el Pacto para todas las personas en su territorio.
También le preocupan los informes de que, como consecuencia de lo anterior, « las víctimas de violaciones de las disposiciones del Pacto en los campamentos de Tinduf no tienen acceso a un recurso efectivo ante los tribunales del Estado parte, es decir, Argelia ».
Haddad instó por tanto, a todos los eurodiputados a tomar las medidas necesarias para instar a Argelia a poner fin a esta situación ilegal y hacer que asuma su plena responsabilidad en la gestión de los campamentos y la libre circulación de la población y el libre acceso a la justicia argelina.
También pidió a la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que lleve a cabo una investigación completa sobre el uso ilegal de niños soldados por parte del « polisario »; una entidad que gestiona la ayuda humanitaria de la UE recibida por el gobierno argelino.
Recordó, al respecto, que el « polisario » se jacta de utilizar niños en el conflicto. Sus medios de propaganda publican periódicamente vídeos de niños con uniforme de faena siendo entrenados y adoctrinados en combate, mientras que la legislación de derechos humanos declara los 18 años como edad mínima legal para el reclutamiento y uso de niños en las hostilidades.
El reclutamiento y uso de niños menores de 15 años como soldados está prohibido por el derecho internacional humanitario -tratado y costumbre- y está definido como un crimen de guerra por la Corte Penal Internacional.
La comunidad internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, UNICEF, el Parlamento Europeo y ONG como Child Soldiers, World Vision y otras deberían responsabilizar a Argelia por la flagrante violación del mencionado protocolo que el gobierno argelino ratificó en 2016, argumentó Haddad. .
