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Medio ambiente y agua: Una ley (36-15) protectora

 En reportajes de algunas cadenas de televisión y en algunas publicaciones vimos y leimos ayer, con satisfacción, que después de una policía de Medio ambiente, Marruecos ha decidido crear otra de agua.

En uno de estos reportajes vimos como agentes de la policía del agua se confiscaban un camión que robaba arena en la ladera de un rio. Es decir dominio público y entendemos que para proteger nuestros recursos hídricos de los efectos negativos de la contaminación y cualquier forma de explotación ilegal de las aguas subterráneas y superficiales, la Ley No. 36-15 sobre el agua dio al control del dominio hidráulico público una particular importancia, confiando esta misión a la policía del agua

De hecho, la creación de esta policía del agua se relaciona principalmente con la necesidad de garantizar el derecho de acceso al agua y el derecho a vivir en un ambiente saludable con justicia y equidad. También se trata de garantizar la buena gobernanza en la gestión de los recursos hídricos, garantizando el cumplimiento de los principios de participación, consulta, gestión integrada y descentralizada y la consolidación de la solidaridad espacial y la protección del medio ambiente. Y por ultimo aspira a la consagración de la explotación sostenible de los recursos hídricos.

En esta óptica se han contemplado todos los aspectos jurídicos que garanticen una sana aplicación de esta ley 36-15. De tal manera que los procedimientos para elaborar las actas contra los infractores se definen en la Ley de Aguas y Procedimientos Penales, principalmente en la obligación de establecer las actas del establecimiento de conformidad con la Ley de Procedimiento Penal, la necesidad de transmitir las actas por parte de la administración y / o los organismos de cuenca en un plazo de 10 días hábiles a la fiscalía competente, así como el registro de dichas infracciones y los hallazgos en un registro calificado y rubricado por los agentes de la  policía del agua, mantenida para este fin por la administración, las agencias de cuencas o el establecimiento público al que pertenecen estos agentes. El acceso a tales pozos, perforaciones y otras instalaciones debe estar de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal.

Por último sería conveniente señalar que la Ley 36-15 sobre el agua considera como contravenciones cualquier uso o explotación del dominio público hidráulico sin previa autorización o concesión prevista respectivamente en los artículos 28 y 33. Con respecto a los delitos, la Ley del Agua ha distinguió entre los delitos administrativos (revocación de la autorización, derogación de los contratos de concesión, suspensión del trabajo…) y los delitos judiciales que pueden ser bajo forma de multa o prisión.

 

 

 

 

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