Pertrechos militares, crímenes contra la población civil y una mascara que cae en Gaza.
Esta conclusión llegó una comisión de la ONU tras examinar el uso de la fuerza por parte de Israel y sus operaciones militares y policiales en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde mayo de 2021 hasta agosto de 2023.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, presentó este 16 de octubre a la Asamblea General lo que llamó un « doloroso y oportuno » informe. Completado antes de que comenzara la última escalada del conflicto palestino-israelí, examina el uso de la fuerza por parte de Israel y las autoridades de facto en Gaza, así como las operaciones militares y policiales israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental y partes de Israel, en el período comprendido entre mayo de 2021 y agosto de 2023.
« Las atrocidades que hemos presenciado desde el 7 de octubre añaden una urgencia sin precedentesa nuestrasconclusiones y recomendaciones« , afirmó la presidenta de la Comisión, Navi Pillay.
Israel: « fuerza excesiva » que provoca crímenes de guerra
Ante todo, la Comisión ha considerado que « impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza constituye una violación del derecho internacional humanitario ». Además, al analizar los objetivos militares y los efectos incidentales de los ataques aéreos de Israel contra los territorios palestinos, concluyó que « dado que los daños y las bajas causados por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar, dichas acciones constituyen un crimen de guerra« .
Además, la Comisión afirmó que las fuerzas de seguridad israelíes no emplean ningún medio para evitar las bajas civiles entre la población palestina, lo que causa « efectos incidentales desproporcionados, como muertes y lesiones innecesarias« . Así sucedió, por ejemplo, durante el ataque israelí contra un edificio de apartamentos en Dawli, el 9 de mayo de 2023, que causó la muerte de Tariq Ezz alDin, comandante de las Brigadas Al-Quds, y también de sus dos hijos: un niño y una niña.
La « fuerza excesiva », « medios indiscriminados » y « la respuesta más letal, como la munición activa », también las utiliza la parte israelí a la hora de dispersar a los manifestantes palestinos en Israel y la Ribera Occidental [conocida también como Cisjordania], incluida Jerusalén Oriental, señala el informe. Estos métodos causan « graves daños a las personas, incluidas la muerte o lesiones permanentes ».
« Cuando se mata a manifestantes como consecuencia del uso de fuerza letal, aunque no supusieran una amenaza inminente para la vida o una amenaza susceptible de provocar lesiones graves, tales acciones violan los derechos a la vida y a la integridad física y mental. Pueden equivaler a homicidio arbitrario y, en el contexto de la ocupación, al crimen de guerra con homicidio intencional », reza el informe.
A pesar de que « Israel, como potencia ocupante, está obligada por el derecho internacional a proteger a la población bajo su ocupación », aplica cada vez más la represión de manifestaciones pacíficas, recalcó la Comisión al destacar que « la actual ocupación ilegal del territorio palestino » por parte de Israel « ha tenido un impacto aplastante en la vida de los niños palestinos, que sufren graves violaciones de sus derechos humanos, algunas de las cuales pueden constituir crímenes internacionales« . El año 2022 resultó ser el más mortífero para los niños palestinos en la Ribera Occidental en más de 15 años.
En este contexto, el informe de la ONU subraya que « las autoridades israelíes deben poner fin a la ocupación de forma inmediata, incondicional y total, y dejar de impedir que el pueblo palestino ejerza su derecho a la libre determinación ».
Grupos armados palestinos
La Comisión también concluyó que el uso de cohetes y morteros por parte de grupos armados palestinos, que son « intrínsecamente indiscriminados », constituye una violación de la prohibición de ataques indiscriminados y, por tanto, un crimen de guerra.
El informe señala que los grupos armados palestinos « han lanzado desde 2008 más de 20.000 proyectiles de forma indiscriminada hacia Israel, lo que ha provocado la muerte de más de 35 civiles en Israel », heridas a otras 3.230 personas y daños a 4.508 edificaciones en varios lugares desde 2021. « Estos ataques han causado ansiedad, trauma y estrés constantes a los residentes de las zonas afectadas de Israel, especialmente los que viven cerca de Gaza », denuncia el informe. « Los ataques contra la población civil y el lanzamiento indiscriminado de municiones son crímenes de guerra », concluyó.
