Se lanzaron el lunes en Rabat sesiones de formación especializadas para el fortalecimiento de capacidades en materia de lucha contra los delitos financieros, dirigidas a magistrados y organismos encargados de la aplicación de la ley.
Organizadas por la presidencia del Ministerio Público, en colaboración con el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), estas formaciones, que se desarrollarán de octubre a diciembre, están destinadas a fiscales y jueces de instrucción en las Salas de Delitos Financieros, así como a magistrados encargados de delitos financieros en el CSPJ y en la presidencia del Ministerio Público, y a oficiales de la policía judicial dependientes de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y del Alto Mando de la Gendarmería Real encargados de investigar este tipo de delitos.
El objetivo es consolidar los conocimientos de los participantes sobre los delitos financieros, en particular la malversación y el despilfarro de fondos públicos, fortalecer su capacidad para distinguir infracciones relacionadas con la gestión administrativa de los actos tipificados en el Código Penal, profundizar en competencias sobre aspectos financieros y contables, técnicas de control del gasto de fondos públicos y mecanismos institucionales y procesales adoptados para tal fin, así como desarrollar habilidades en investigación de delitos financieros mediante herramientas de análisis financiero y técnicas digitales.
Estas sesiones también permitirán examinar casos prácticos y modelos internacionales exitosos en la lucha contra la corrupción financiera, para que los participantes asimilen mejor las normas jurídicas nacionales e internacionales relativas a la lucha contra los delitos de corrupción financiera y fortalezcan sus capacidades en investigaciones financieras paralelas y mecanismos de cooperación judicial internacional en casos que involucren elementos extranjeros.
En este sentido, el Fiscal General del Rey ante la Corte de Casación y Presidente del Ministerio Público, Hicham Balaoui, subrayó que este programa de formación especializado surge tras un análisis minucioso de la acción de las Salas de Delitos Financieros, considerando la gestión de las investigaciones judiciales y los desafíos técnicos que enfrentan los actores encargados de examinar, investigar y juzgar estos casos.
Añadió que esta formación se enmarca en las Altas Orientaciones de SM el Rey Mohammed VI, que sitúan la cualificación del sector de la Justicia como prioridad, señalando que los efectos de los delitos contra los fondos públicos no se limitan a daños materiales sino que afectan otros aspectos que socavan el desarrollo económico, la estabilidad social y amenazan el orden público en su conjunto.
Según Balaoui, los delitos financieros requieren de los oficiales de policía judicial un profundo conocimiento de los sistemas financieros y contables, capacidad para analizar datos financieros complejos y dominio de técnicas de seguimiento digital de transacciones para identificar a los implicados.
Señaló que se han establecido programas de formación integrados de tres sesiones durante tres meses (octubre, noviembre y diciembre), además de la elaboración de un programa de formación para 2026.
Por su parte, el Secretario General del CSPJ, Mounir El Mountassir Billah, destacó que el Consejo, por su estatus constitucional, considera la moralización del sistema de justicia como una prioridad estratégica, inseparable de la lucha contra la corrupción, reflejada en la promulgación del Código de Deontología Judicial, la implementación del procedimiento de declaración de patrimonio, el fortalecimiento del control disciplinario y la publicación de decisiones disciplinarias para garantizar transparencia y confianza dentro y fuera del cuerpo judicial.
Destacó también la participación activa de los magistrados de las Salas de Delitos Financieros en estas formaciones para actualizarse sobre novedades legislativas y jurisprudenciales, así como su compromiso con la seguridad jurídica y económica, evidenciando una conciencia profunda sobre la responsabilidad nacional que les corresponde y la importancia del papel de la justicia en la protección de los fondos públicos, la transparencia y el fortalecimiento de la justicia económica.
El director de policía judicial de la DGSN, Mohamed Dkhissi, señaló que este encuentro refleja la voluntad colectiva de avanzar hacia una justicia eficaz basada en profesionalismo, transparencia y protección de los fondos públicos.
Destacó que la DGSN ha priorizado durante más de una década la lucha contra la corrupción y los delitos financieros, consciente del impacto peligroso de estos crímenes en la economía nacional y la confianza en las instituciones.
La formación continua sigue siendo la piedra angular del desarrollo profesional y del fortalecimiento de competencias, especialmente en un área delicada como la corrupción financiera, que exige comprensión profunda del sistema jurídico y dominio de los mecanismos técnicos de análisis financiero y digital.
El jefe del servicio central de policía judicial de la Gendarmería Real, Mouhsine Boukhabza, recordó que la Gendarmería ha iniciado una serie de formaciones bajo un programa completo que contribuirá eficazmente a fortalecer las capacidades de los agentes encargados de la aplicación de la ley, permitiéndoles adquirir las competencias requeridas en investigación de este tipo de delitos.
En un discurso leído en nombre del General de Cuerpo de Ejército y Comandante de la Gendarmería Real, Boukhabza subrayó que la consolidación de la formación y la coordinación entre los diferentes actores constituye un factor clave para mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de estos casos, facilitando el intercambio de información financiera conforme a la ley, considerando los nuevos desafíos derivados del uso de tecnologías y métodos fraudulentos para el lavado de dinero y su utilización en crímenes transnacionales.
Estas sesiones de formación están dirigidas por expertos internacionales y representantes de instituciones nacionales con amplia experiencia en el área, incluyendo el CSPJ, el Ministerio Público, la Corte de Cuentas, la Inspección General de la Administración Territorial, la Inspección General de Finanzas, la Instancia Nacional de Probidad, Prevención y Lucha contra la Corrupción y el Laboratorio Público de Ensayos y Estudios. MAP
