A propósito de las magníficas editoriales de “Recuerdos fotográficos” que con tanta sensibilidad y oficio conduce el periodista Roberto Delgado, me permito sumar una mirada distinta sobre uno de esos rostros que vuelven, una y otra vez, desde el archivo: el del comisario Mario Oscar “Malevo” Ferreyra. No escribo sólo como abogado, ni sólo como ciudadano, sino como quien, en su función de fiscal penal, tuvo la ingrata responsabilidad de requerir la prisión preventiva y la elevación a juicio oral de Ferreyra por los hechos de Laguna de Robles. Esa experiencia me obliga, por honestidad intelectual, a compartir con la sociedad tucumana una reflexión que vaya más allá de la imagen romántica del “justiciero”. Los “Recuerdos fotográficos” nos devuelven instantes que parecen detenidos en el tiempo. Una de esas fotos – Ferreyra regalándole su sombrero al interventor federal Julio César “Chiche” Aráoz, en octubre de 1991 – condensa toda una época: el comisario carismático, la camisa negra, el gesto de lealtad, la idea de un policía “duro” que se animaba a ir donde otros no iban. Las fotos suelen embellecer el recuerdo. La Justicia, en cambio, está obligada a mirar la película completa, incluso sus escenas más dolorosas. Ferreyra, nacido en 1945 en Los Pereyra, se incorporó muy joven a la Policía. Con el tiempo, fue construyendo una figura pública singular: para muchos tucumanos, un policía frontal, “valiente”, dispuesto a plantarse frente al delito. Su nombre empezó a aparecer ligado a enfrentamientos con bandas delictivas, a conflictos internos de la fuerza, a ese territorio gris donde la lucha contra el crimen se mezcla con métodos que nada tienen que ver con un Estado de Derecho. En esa trama se inscribe el episodio más grave de su trayectoria: los hechos de Laguna de Robles, el 10 de octubre de 1991, cuando fueron asesinados tres hombres presentados como peligrosos delincuentes. Lo que inicialmente se intentó mostrar como un enfrentamiento terminó siendo calificado por la Justicia como una ejecución. Ése fue el caso por el cual Ferreyra fue juzgado y condenado. A partir de allí, el país entero fue testigo de escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva: la fuga espectacular desde Tribunales con una granada en la mano, la camisa negra y el sombrero, la recaptura, los años de prisión y, más tarde, el trágico final en San Andrés, transmitido en vivo por televisión, cuando iba a ser detenido por causas de lesa humanidad. Más allá de los expedientes, es evidente que se trataba de un personaje “distinto”: con carisma, con arrastre popular, dueño de un discurso simple que calaba en una sociedad cansada de la impunidad. Eso explica que, incluso después de su condena, muchos lo siguieran viendo como un “justiciero”. Ahí es donde, a mi entender, debemos ser especialmente claros. Yo no hablo desde la simpatía o la antipatía personal, ni desde la comodidad del comentario a posteriori, sino desde la función que me tocó ejercer. La situación del “Malevo” Ferreyra no fue para mí un tema político. Fue una cuestión de Derecho. La Justicia investigó sus antecedentes, celebró un juicio, examinó las pruebas, escuchó testigos y lo encontró culpable de tres homicidios. Y, en base a ello, lo condenó. Podrá discutirse qué sentía o qué pretendía en su fuero íntimo. Eso, en última instancia, queda entre él y Dios. Lo que un tribunal debe valorar es si, objetivamente, se cometieron delitos. Verificado el delito – tres homicidios – , correspondía la condena. Es comprensible que mucha gente de bien, harta de mafias y delincuentes, haya sentido simpatía o gratitud hacia quien percibía como alguien que “se jugaba la vida” contra el crimen. También es cierto que Ferreyra no fue asociado a determinados circuitos de corrupción que marcaron otros capítulos oscuros de nuestra historia reciente. Ese contraste lo volvió, para algunos, una suerte de “héroe incómodo”: por fuera de la ley, pero supuestamente del lado del orden. El problema es que el Derecho no juzga simpatías. Un juez o un fiscal no están para premiar valentías ni castigar cobardías: están para aplicar la ley a los hechos probados. Es muy peligroso que la sociedad confunda el “querer hacer justicia” con hacer justicia de verdad. Quien mata por fuera de la ley, aunque crea estar defendiendo una buena causa, comete un delito. El fin no limpia los medios. Si aceptáramos lo contrario, abriríamos la puerta a todo tipo de violencias “bien intencionadas”: linchamientos en la esquina, grupos armados que, en nombre del orden, se arroguen el poder de decidir quién vive y quién muere. Ésa no es la Justicia que nuestra Constitución consagra, ni la que debemos legar a nuestros hijos. La foto que recuerda LA GACETA – el “Malevo” entregando su sombrero al interventor federal – pertenece a un tiempo en que esos gestos eran leídos como señales de eficacia y coraje policial. Pero la memoria honesta nos exige mirar también lo que vino después: la denuncia de la ejecución en Laguna de Robles, las declaraciones de quienes integraban su propio grupo, la reconstrucción de los hechos, el juicio, la condena, la fuga, la recaptura, las nuevas causas y, finalmente, aquel suicidio que estremeció al país entero. No se trata de negar que Ferreyra haya enfrentado a verdaderos delincuentes ni de ocultar que, en más de una ocasión, se jugó físicamente en operativos reales. Tampoco de ignorar que hubo sectores que lo apoyaron porque también chocaba con otras mafias que ensuciaron la historia de Tucumán. Todo eso forma parte de la complejidad de aquellos años. Lo que sí debemos evitar – por respeto a la provincia, a la sociedad y a la Justicia misma – es quedarnos con la postal del hombre solo, de camisa negra y sombrero, convertido en mito romántico. El “justiciero” que se coloca por encima de la ley no fortalece la Justicia: la reemplaza. Y cuando la Justicia es reemplazada, lo que impera es la ley de la selva. Administrar justicia no es recitar códigos de memoria, sino tener la idoneidad y la experiencia para tratar casos especiales con prudencia, sin dejarse arrastrar por el aplauso fácil ni por la presión mediática. En su momento, muchos hubieran querido que la Justicia “mirara para otro lado” con el “Malevo”, en reconocimiento a lo que había hecho contra ciertos delincuentes. De la misma forma, hoy hay quienes quisieran que, en otros casos, se condene sin juicio a quienes consideran enemigos. Ninguna de esas pulsiones puede guiar la decisión de un tribunal. La función de jueces y fiscales – función que tuve el honor y el peso de ejercer – es otra: separar el sentimiento del derecho, distinguir el mito de la prueba y recordar siempre que, en un Estado de Derecho, la violencia legítima sólo puede ejercerse dentro de la ley y bajo control institucional. Las fotos de archivo que rescata Roberto Delgado son necesarias: nos ayudan a recuperar momentos que, de otro modo, se perderían. Pero junto a esas imágenes, cargadas de carisma y nostalgia, también es necesario que quienes estuvimos en la trastienda de los hechos aportemos nuestra mirada, por más incómoda que resulte. Si algo le debemos a Tucumán es, precisamente, no alimentar leyendas que confundan justicia con venganza. Porque, al final del camino, aquella vieja definición sigue siendo la brújula de nuestra profesión y de nuestra vida pública: justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. También al “Malevo” Ferreyra. Y eso fue lo que, con todas las imperfecciones humanas, intentó hacer la Justicia cuando lo juzgó.
